Luis María Serroels
Por junio de 1972 la comunidad internacional se conmocionó por la noticia sobre el hallazgo de elementos subrepticiamente instalados en un comité de campaña a la que no era ajena la propia Casa Blanca. Fue un estallido de corrupción que dio en llamarse el escándalo de Watergate, desnudado a fondo por una investigación periodística llevada a cabo por los periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein.
El trabajo no sólo reveló la existencia de una verdadera máquina de espiar y de ejecutar actos de sabotaje político, sino que tuvo como resultado que el mismo presidente Richard Nixon debiera desalojar el Salón Oval y 40 oficiales del gobierno tuvieran que dimitir. Un elemento básico para orientar la pesquisa fue la presencia de conexiones telefónicas clandestinas que concurrían a una central de procesamiento de datos.
Más de 30 años después y cuando se anunció que el personaje que destapó el caso mediante llamados anónimos y al que se bautizó garganta profunda por las deformaciones que hacía de su voz para evitar ser identificado, se halla cercano a la muerte, en nuestra ciudad el bloque de concejales del Nuevo Espacio Entrerriano ha denunciado que desde el Departamento Ejecutivo Municipal no sólo se habría instalado un sistema de espionaje, sino que además se estarían ventilando llamadas telefónicas únicamente conocidas por los distintos interlocutores y, más grave aún, dándose públicamente las identidades mediante información trasladada a ciertos medios.
Aún salvando las distancias que separan este episodio de aquel ocurrido en Estados Unidos, no resulta menos lamentable en términos de lo que significa violar la privacidad e intimidad de las personas. Y por tratarse de relaciones políticas, añade un componente persecutorio del que pueden ser víctimas empleados, concejales y gremialistas. De hecho no será necesario que aparezcan émulos de Woodward y Bernstein para dilucidar el caso. Se confía en que el intendente Julio Solanas tendrá explicaciones sólidas y aclaraciones oportunas para que esto no se convierta en un Watergate comunal.
En este suprarrealismo doméstico -donde las conductas soslayan y evaden ciertas pautas de racionalidad-, aparecieron señales muy claras de la falta de ese realismo y de oportunidad en que se incurre cuando algunos hombres dejan de pisar sobre el suelo y asumen características de aliscafo.
Los más altos magistrados de la Justicia entrerriana, tras una de sus habituales reuniones, resolvieron hacer pública una declaración emitida por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), en la cual se insta a los poderes políticos de las provincias "a evitar la existencia de remuneraciones diferentes entre el Poder Judicial de la Provincia y el de la Nación".
Aunque posteriores manifestaciones de uno de los integrantes intentaron morigerar la cuestión negándole tajantemente su carácter de planteo, es útil aferrarnos al diccionario de nuestra lengua para recordar que "instar" es sinónimo de insistir, machacar, apremiar, urgir, apurar, apretar...
No es la intención... pero la es, en términos de lograr un incremento salarial que se agregaría al percibido el año pasado y con lo cual el reajuste pretendido terminaría alcanzando niveles de verdadera prebenda respecto del resto de los agentes del Estado provincial. Y como carga presupuestaria, un pequeño agujero negro si se consideran los efectos de la vigente ley de enganche.
Si el argumentado principio de "igual remuneración por igual tarea" fuera suficiente para justificar la pretensión, hijos de un mismo patrón y amparados en una misma carta magna, todos los empleados estatales entrerrianos de los restantes dos poderes, sin excluir jerarquías escalafonarias, estarían en condiciones de pedir nivelación. Y para ello les bastaría con averiguar las diferencias que existen entre funcionariado de carrera, planta policial, áreas de salud y legisladores respecto de lo que ocurre en jurisdicción federal, teniendo en común igual tarea.
Las razones de hacienda que aprisionan las posibilidades de agrandar recursos, valen para todos los empleados de los tres poderes. Si la intención no era la de acorralar al Poder Ejecutivo y acosar sus recursos, ¿no resulta harto inoportuna esta declaración? Si es cierto, como se deslizó, que existen provincias con marcadas diferencias en los haberes judiciales, ello es consecuencia directa de sus niveles de deuda pública y sus escuálidos presupuestos que extienden sus secuelas sobre el total de los agentes estatales, las inversiones en obras y el crecimiento de la economía. También existen fuertes asimetrías en los haberes docentes que ponen tristemente a Entre Ríos entre las más retrasadas del país. Son los mismos maestros que educan, entre otros, a los hijos de nuestros jueces a cambio de salarios vergonzantes.
El asunto no es tanto compararse con los pares nacionales sino procurar confrontarse con los demás empleados provinciales que, no obstante que la Constitución de Entre Ríos lo impone en su artículo 42º inciso d) para que se reglamente "a todos los trabajadores del Estado un salario mínimo en base al costo de vida", ese precepto no goza del mismo cumplimiento que el 156º del que se valen los jueces para sus demandas de incremento salarial, halla o no crisis, existan o no recursos disponibles. En esto -como reza un proverbio árabe- "hay quienes se quejan por no tener zapatos pero hay otros que no tienen piernas". Compartir las penurias con el resto de la sociedad, de ningún modo va en menoscabo de la augusta tarea de administrar justicia, más bien, la enaltece.
Y en esta síntesis del suprarrealismo doméstico, valga una voz de alerta. No sería de extrañar que en poco tiempo el Senado nacional alumbre una decisión que termine legitimando la despenalización del aborto, es decir, del homicidio.
La campaña persecutoria desatada desde la misma presidencia de la Nación contra el vicario castrense Antonio Baseotto, por el sonado caso de la advertencia que el prelado lanzó en una carta personal remitida al ministro de Salud, Ginés González García, es un anuncio de lo que puede sobrevenir.
Ya nadie en el mundo puede negar que la vida comienza al momento de la concepción, avalado por principios médico-biológicos inobjetables. La mujer que lleva en su vientre un bebé, no porta una mochila que puede abandonar en cualquier sitio.
Lleva un futuro ser que merece conocer el mundo y la idea de que su eliminación se justifica bajo la creencia de ser dueña de hacer cuanto quiera con su cuerpo, es ciertamente aberrante.
Hacer que se elimine la vida que se le ha confiado para formar una persona que goza de todos sus derechos desde el inicio de la gestación, no es lo mismo que despojarse de una verruga, un lunar, una arruga, un cinturón adiposo o buscar una nariz perfecta. Mucho menos someter los pechos o los labios a un abundante relleno de siliconas.
¿Podrán ejercerse todos los derechos consagrados en los artículos 14º y 14º bis de nuestra Ley Suprema, si no se respeta el derecho a la vida? Al ser cuya vida se interrumpe, ¿se le han leído sus derechos, se le ha dicho de qué se le acusa y por qué se lo ha de ejecutar? ¿Alguien le garantiza su derecho a defensa? ¿Es admisible que quienes lo acusan de nada, sean sus jueces y verdugos? ¿Son menos asesinos acaso que la madre que mató a su niño días pasados en Paraná y lo enterró bajo un árbol? "Es insana mental", dirán algunos. ¿Y que tienen de sanos los que predican y practican el aborto?
El doctor Néstor Kirchner no debería ocuparse tanto del obispo castrense, sino preocuparse por la vocación abortista nada menos que del ministro de la salud (?) Los pactos internacionales que adoptamos en el artículo 75º inciso 22) garantizan al derecho a la vida y prohíben la pena de muerte. El auge del suprarrealismo sólo es demostrativo de la triste irracionalidad que anida en nuestra clase dirigente.
