Claudio Gastaldi
(desde Concordia)
El grupo de padres docentes y alumnos que se movilizaron a la departamental de escuelas de Concordia anunciando su disposición a no iniciar las clases el próximo 1° de marzo porque “la escuela J. J. Valle está a punto de derrumbarse”, puso al descubierto un discurso que no condice con la realidad y el poco interés de sectores del gobierno en la educación de calidad. Apenas asumido, en diciembre de 2003, el gobierno anunció con bombos y platillos que se iban a refaccionar 788 escuelas en la provincia y 69 en Concordia, antes del inicio del ciclo lectivo. Lo iban a hacer sin licitación, “necesitaban ser expeditivos”, consignaron. Está por comenzar el nuevo ciclo, es decir, pasó ya más de un año y las escuelas reparadas, bien gracias. El ministro Sergio Urribarri tiene pleno conocimiento pues hace más de dos meses recibió un informe firmado por Moisés Hazán, jefe zonal de Arquitectura en Concordia, al que accedió en exclusiva ANALISIS que demuestra el reconocimiento de la situación por parte del mismo gobierno. Más de un tercio de las escuelas ni siquiera cuentan con proyectos de reparación; por lo menos un 10 por ciento tiene comprometida su estructura y están en “serio riesgo”; personajes que “abandonaron las obras” luego de cobrar y en solo 15 de las 69 escuelas se “hizo algo”.
Lo que ocurre en la escuela J. J. Valle y otras escuelas como la 72; lo que dice el gremio y el informe de la Departamental Concordia de Arquitectura sobre la situación de la mayoría de los establecimientos, dan sustento a las denuncias anónimas que involucran, desde hace tiempo, al ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri, en el pago de favores a punteros, titulares de supuestas empresitas constructoras encargadas de realizar los trabajos. Solo en Concordia, el monto que se maneja ahora de acuerdo al mencionado informe, es de 2,5 millones de pesos y se trata de menos del 10 por ciento del total. ¿Cuánto dinero se destinó antes y dónde está? Pues, a juzgar por el informe, los arreglos faltan. No solo Urribarri deberá dar explicaciones, también Enrique Renaud, director de Arquitectura de la provincia; Juan José Moreno, actual secretario de Obras Públicas y, obviamente Hazán, responsable en Concordia del seguimiento de las obras contratadas.
Tan grave como esto, es que en el último tiempo de gestión de Jorge Busti fue inaugurada la escuela 72 “trabajador comunitario”, es decir, tiene apenas seis años de construida. A pesar de esto, el informe recibido por Urribarri señala que “tiene problemas estructurales con profundas rajaduras; hundimiento de pisos…”. No es necesaria tanta suspicacia para concluir que la obra pública es una vieja e insoportable caja recaudadora en la que funcionarios y empresas (o empresitas de punteros) hacen diferencias a costa de la sociedad.
En una entrevista realizada a la secretaria general de la seccional Concordia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Stella Maris Rivero, señaló que, “del lote de escuelas (sin licitar) está la Escuela 74 J. J. Valle; la escuela Número 46 de “Los Charrúas” y la Escuela Número 44 Mariano Moreno”.
Respecto de la Mariano Moreno, Rivero expresó: “La escuela 44, empezó en 2004 sus clases en junio, mientras que las demás empezaron en abril por la lucha docente. ¿Por qué empezó en junio? Porque las condiciones no estaban dadas, no había lugar para ubicar a los alumnos porque comenzaba la Intermedia, había una nueva promoción, y no estaban las aulas, no estuvieron y siguen sin estar las aulas nuevas”.
Hazán, en su informe a Urribarri le dice “el proyecto fue encarado por un profesional, luego lo abandonó”. Y sigue “Al momento no se dispone de proyecto de ejecución, que son reparaciones de cielorrasos y aberturas, membranas de techo…” en otras palabras, los trabajos que debía hacer el supuesto “profesional” fugado, digamos que, “pájaro que comió voló”. El pequeño detalle, es que Hazán pide para las refacciones de esa escuela 15.000 pesos. ¿Cuánto se pagó antes, a quién y para qué ?
El informe muestra además la absoluta desconexión con la realidad de los responsables del área. Por caso, del mismo Hazán quien, respecto de otra escuela, la 74 remarca “que sería de mucha utilidad contar con muro perimetral”, un contrasentido pues mientras la escuela se está cayendo a pedazos peligrando el comienzo del ciclo lectivo, Hazán esté preocupado porque “la escuela es blanco de agresiones” porque está en un barrio marginal. Está claro que la primera agresión la sufren de los responsables de ofrecer escuelas en condiciones mínimas de habitabilidad.
Recordando, Rivero dijo: “el año pasado, el 8 de marzo, era el día clave, que el gobierno había prometido que las escuelas iban a estar en condiciones para que las clases comiencen”. AGMER hizo una medida de fuerza ese día, advirtiendo que las escuelas no estaban terminadas ni mucho menos. “El ciclo lectivo del año 2004 terminó y las escuelas no estuvieron en condiciones”.
En el listado de exigencias para la reparación de edificios un año después, aparecen los mismos ítems que antes: más aulas, condiciones de seguridad, instalaciones eléctricas en condiciones y garantías que la capacidad máxima de un aula no se vea rebasada. “Que no haya 40 alumnos encimados en un aula para 25”, explicó Rivero.
Para el remate, Rivero eligió una advertencia: “Luego de la tragedia de Cromañón, y ante la magnitud de los reclamos de seguridad exigidos por la sociedad, Rivero pidió a los padres de los alumnos: “dense un paseíto por las escuelas antes del 1º de marzo y fíjense si las escaleras, si las salidas de emergencia, si ante una eventualidad pueden salir de los baños. Van a descubrir con mucho asombro que no hay absolutamente nada, de matafuegos ni hablar”.
Obviamente que, esta situación no fue ni es privativa de Concordia. En un documento firmado por AGMER Uruguay en marzo del año pasado se señalaba que “en el departamento Uruguay, de las 54 escuelas comprometidas para refaccionar al 8 de marzo, ni siquiera ha iniciado una sola”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
