Jorge Riani

Mientras cobran fuerza las versiones que indican que habría una purga mayor en el Consejo General de Educación (CGE), la crisis política que involucra a directores y coordinadores de diversas extracciones internas abre una grieta que permite dar a conocer algunos cuestionamientos a la gestión. Tras el recambio de los vocales Carlos Suárez, Roberto Matteoda y Alejandro Richardet por Víctor Migueles, Víctor Fassi y Ana Pimentel, hoy la mira con la que apuntan los pedidos de renuncia está puesta en una larga lista de funcionarios que encabeza el coordinador General de Planeamiento, Andrés Casaretto. Desde la cuerda floja, algunos se animaron a hablar de una “persecución a compañeros peronistas”.

Si las advertencias y amenazas que se escuchan de manera informal en Consejo de Educación se materializan, una media docena de funcionarios deberán vaciar los cajones que hoy ocupan con sus pertenencias y ver qué les depara el destino político. Porque el recambio de los tres vocales, lejos de poner punto final a las disputas y enfrentamientos, lo único que logró fue desplazar el ojo de la tormenta a los niveles de coordinadores y directores.

Lo que hoy se vive en el enlatado edificio de calle Córdoba, por momentos se parece a una guerra fría en la que no se sabe cuándo las advertencias dejarán de ser hostiles promesas para convertirse en certeros despidos.

El alejamiento de los vocales Carlos Suárez, Roberto Matteoda y Alejandro Richardet no alcanzó para aquietar las aguas, porque en la segunda línea no son pocos los funcionarios que se identifican con algunos de los desplazados. Y es en este marco que hay que entender los amagues de despido de los que han venido siendo objeto el coordinador general de Planeamiento, Andrés Honorio Casaretto; la directora de Despacho, Estela Paredes; la asesora legal de la Presidencia, Graciela García; la coordinadora de Feria de Ciencias, Gladys Balbi, y la presidenta de Jurado de Concursos, Inés Alfonso.

El enfrentamiento sumó una cuota de sensibilidad política, cuando algunos de los funcionarios que transitan la cuerda floja hicieron trascender que “se está persiguiendo a compañeros justicialistas”, lo que no sólo es una música de tonos escandalosos para un gobierno que ha cuestionado hasta el hartazgo a su antecesor por eso mismo, sino que se tornaría más insoportable a los oídos oficialistas si la situación se escapa de las manos y logra instalarse como una verdad asumida.

Un observador diría que la situación se ha tornado en detrimento de aquellos que se referencian en la senadora provincial Teresita Ferrari de Grand y la senadora nacional Graciela Bar, mientras que hace buen tiempo para los que se encuentran amparados en la bendición política de la diputada Blanca Osuna.

Pero todo eso no es más que una crisis política en la que participan personas que responden a tal o cual referente, pese a que en las disputas comienzan a mezclarse aspectos que hacen a la gestión pública, y en todo ese mar de fondo salen a la superficie serios reproches por el manejo de los recursos públicos.

La primera consecuencia que tuvo el desplazamiento de los tres vocales fue el manto de silencio sobre las dos auditorías –una realizada por la Secretaría de Economía y la otra por el Tribunal de Cuentas– que dejaron al desnudo un rosario de situaciones irregulares de las que no es ajena esta gestión, ni la anterior de Sergio Montiel.

Vale recordarlo: en la primera semana de diciembre del año pasado, ANALISIS publicó una nota titulada “Agujero negro en el Consejo de Educación”, donde se hacía un pasaje por los tramos más tenebrosos de las auditorías que, en términos globales, detectaron pagos irregulares por 2 millones de pesos mensuales que venían dándose desde hacía varios años.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)