Juan Cruz Varela
Pasaron 13 meses de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso y nueve del fallo de la jueza Federal subrogante de Paraná, Myriam Galizzi, en el cual se declaraba la constitucionalidad de dicha ley. Sin embargo, el llamado a declaración indagatoria de los responsables del genocidio en la provincia de Entre Ríos se sigue demorando. Si bien los militares fueron notificados, presentaron distintos recursos de apelación por lo que resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, en Santa Fe, Rosario, Corrientes y Chaco, por ejemplo, siguen produciéndose avances importantes.
“El tiempo pasa…”, reza aquella canción de Pablo Milanés que sirve para graficar cómo la esperanza sigue siendo el camino que recorren los familiares de las víctimas de la última dictadura militar. Es que a poco de cumplir 29 años del inicio de la etapa más negra de la historia argentina, a un año y medio de la declaración de nulidad de las leyes que consagraron la impunidad para los genocidas y a nueve meses de la ratificación en la Justicia Federal de Paraná de la constitucionalidad de la Ley Número 25.779 que anuló la obediencia debida y el punto final y declaró la nulidad del Decreto Número 1.002 por el cual se indultó a los represores, todo sigue casi como era entonces.
Desde mayo del año pasado hasta hoy, el fiscal Federal de Paraná, Mario Silva, cumplió con el trámite de notificación a las partes, lo que motivó que varios genocidas tuvieran que presentar nuevamente a sus abogados ante los jueces. Más rápido, el juez Federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la derogación de las leyes de impunidad que habían presentado los abogados de los represores que tuvieron actuación en el Área Concordia durante la última dictadura militar, y que comandara el general Naldo Dasso, y ordenó continuar con el trámite judicial en los casos de las desapariciones de Jorge Emilio Papetti, Julio Solaga, Sixto Zalazar y Mario Valerio Sánchez. De la misma manera, la Cámara Federal de Paraná rechazó, en forma unánime, el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.779 que declaró “insanablemente nulas” a las leyes de obediencia debida y punto final, presentado por los abogados de los militares, y ratificó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, habilitando al juez Quadrini, a continuar con las investigaciones, aunque los defensores hicieron expresa reserva de presentar un recurso de casación, donde la cuestión se encuentra trabada por estos días, a la espera de una resolución que llegará indefectiblemente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En aquel momento, los abogados defensores de los militares habían basado su apelación al fallo del juez de primera instancia a partir de dos argumentos con los que pretendían que “se suspenda el tramite de la presente causa y específicamente respecto a toda medida restrictiva de la libertad”: por un lado, planteaban la inconstitucionalidad de la ley 25.779; y por el otro, el principio de “cosa juzgada” respecto de los hechos que se investigan. Si bien el máximo tribunal argentino no tiene un tiempo para pronunciarse, se estima que ahora que está completo con la asunción de Carmen Argibay, están dadas las condiciones para analizar cada uno de los planteos que han llegado y expedirse sobre todos al mismo tiempo, aunque en realidad no se trata de otra cosa que meras especulaciones.
De todas maneras, no deja de llamar la atención que en el resto de las provincias que estuvieron bajo el control del II Cuerpo de Ejército se hayan producido avances mucho más significativos que lo sucedido en Entre Ríos, y sobre todo en Paraná, donde sabido es que el fiscal Silva no ha demostrado un gran interés por impulsar estas causas, ya que en Concepción del Uruguay, la fiscal Milagros Squivo, al menos, solicitó la instrucción formal de la causa.
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