Encendida discusión se dio al comienzo de la sesión de Diputados al votar en particular el primer artículo de la Ley de Bases que establecía declarar le emergencia en nueve materias y que, con las modificaciones, quedó reducida a seis: se suprimieron la emergencia en salud, la fiscal y la previsional. La votación resultó con 134 votos afirmativos contra 121 negativos.

Lo mismo ocurrió cuando los diputados pasaron a votar los artículos 3 y 4 correspondiente a la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Allí, el Gobierno tuvo un revés en los incisos H (fondos fiduciarios), I (regulación del sector energético) y J (fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad) del 4to artículo.

Al artículo 1ro., los votos afirmativos fueron de La Libertad Avanza, tres monobloques aliados del oficialismo (Avanza Libertad, CREO y La Unión Mendocina) y dos de Buenos Aires Libre; el Pro; la UCR y Hacemos Coalición Federal -aunque no en su totalidad-; Innovación Federal y Producción y Trabajo.

En tanto, en contra lo hicieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los dos diputados de Por Santa Cruz. Desde Hacemos Coalición Federal lo rechazaron la Coalición Cívica; los dos legisladores santafesinos socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota y la bonaerense Margarita Stolbizer, publicó Parlamentario.

También votaron negativamente los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes y Juan Carlos Polini.

Como miembro informante el cordobés Gabriel Bornoroni fue el encargado de leer la redacción -con los cambios introducidos- del artículo 1ro que establece: “La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”.

Enfático, el opositor Juan Marino pidió saber cuáles eran las emergencias que se quitaron del proyecto original y denunció que se “leyó algo distinto de lo que tenemos en las bancas. Es distinta, es distinta”. En el mismo sentido, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, aseguró que la redacción “es distinta al texto que tenemos” y solicitó que se vuelva a leer. Así el cordobés aclaró que se sacó “fiscal, previsional y salud y el resto del artículo quedó igual, pero lo voy a leer de nuevo para los que no prestaron atención”, se quejó.

Volvió a salirle al cruce Marino quien denunció que “venimos trabajando sin tener el dictamen real a la hora de la discusión del proyecto de ley ómnibus” … Inmediatamente lo interrumpió el presidente del Cuerpo, Martín Menem: “Opine sobre el artículo diputado”, y Marino insistió: “el que tengo sobre la mesa incluye la emergencia fiscal, previsional y de salud, estuvimos trabajando con otro dictamen”, pero Menem lo chicaneó: “Está hablando de un defecto que lo ve solo usted”, y lo amenazó con cortarle el micrófono si no hablaba explícitamente de dicho artículo.

Así, Marino adelantó el rechazo y planteó que “no incluye la emergencia social” y se quejó que “en ningún momento del espacio debate nos pudieron explicar por qué no se lo incluyó. La incluían en el proyecto original, pero en algún momento en algunas de esas reuniones secretas alguien, que no sabemos quién fue, decidieron sacarla”, y les preguntó a los diputados que apoyan el proyecto de ley: “¿No consideran que hay una emergencia social en el país?”, y apuntó: “Pero pretenden que el Congreso vote la emergencia en tarifas para que el presidente tenga superpoderes con los cuales pueda subir las tarifas como quiera”.

“Esta Cámara de Diputados tiene que rechazar el artículo 1 porque no da respuesta a los problemas de la Argentina porque le da potestades al presidente que todas sus medidas son contra la patria y el pueblo”, remató Marino y cerró: “El país está en emergencia social y alimentaria y este proyecto no encuentra soluciones”.

Su par Ramiro Gutiérrez adelantó que el voto del espacio político es negativo y fundamentó que “el centro de la cuestión es la habilitación al presidente de facultades que le corresponden al Congreso. No estamos solamente para insuflar vida a una mega ley artículo por artículo, sino para distinguir luces de las sombras. Esta ley pareciera que estuviésemos votando la habilitación para 6 emergencias y que han sacado tres, pero no es así porque la ley viene acompañada de un peligro DNU con 266 artículos donde estas tres emergencias siguen vivas”.

Al pasar a votar el artículo 2, contemplado dentro del capítulo 1 que, la macrista Silvia Lospennato recordó que se acordó el debate por capítulo y que “este capítulo ya se votó y solo resta votar el artículo que no tuvo modificaciones”. Contrariamente, el diputado Matías Molle (UP) denunció que este proyecto trae “escondido una reforma constitucional en su articulado”, mientras que Gutiérrez señaló: “No coincido con las bases axiológicas, con la ideología que transita este proyecto. Creo en el Estado Nación Social de derecho, no creo en la libertad absoluta de mercado”.

Al respecto, Martínez indicó que el artículo 2 es “el más importante” porque “es el manifiesto político e ideológico del partido de Gobierno, pero no tiene la legitimidad para que el Cuerpo vote eso. También vale para el artículo 4. Es una plataforma política electoral. Hay dudas en muchos bloques sobre la cuestión penal”.

Así las cosas, luego de que Bornoroni rechazara las modificaciones propuestas, la votación resultó con 140 afirmativos contra 115 negativos.

Delegación de Facultades: revés para el Gobierno en tres incisos

Sobre este punto, el artículo 3 no generó debate y resultó aprobado con 134 votos afirmativos a 119 negativos. El mismo declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024 y propone que ese plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el máximo de un año.

Además, plantea delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional en materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí regladas y por el plazo antes establecido. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos.

A favor del artículo 3 de delegación de facultades votaron positivamente La Libertad Avanza y sus aliados de Buenos Aires Libre (2), Avanza Libertad (1), CREO (1) y La Unión Mendocina (1). También el Pro, Producción y Trabajo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal y la UCR, Innovación Federal y los tres tucumanos de Independencia.

En contra lo hicieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz y los radicales Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano y Facundo Manes. Además, desde Hacemos Coalición Federal rechazaron el artículo la Coalición Cívica; los cordobeses Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon; y la bonaerense Margarita Stolbizer.

Fue el artículo 4 el que se llevó más de una hora de tratamiento y fuertes críticas. Incluso, a pedido del jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, se procedió al abordaje y a una votación por incisos porque “se trata de contenidos relevantes, porque cada inciso dispone de una autonomía normativa relevante, hace a una mejor expresión de la voluntad de los legisladores y porque hay antecedentes”.

El mismo establecía 10 bases de delegación, que quedaron en 7, las cuales serán: promover la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios.

También, establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria; y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado.

Además, promover la reactivación productiva; reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento; fortalecer el servicio civil de la Administración Pública nacional y desburocratizar y simplificar la normativa que la rige; y ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas.

Votación inciso H

La votación de los incisos del A al G resultó afirmativa con 132 votos a favor contra 122 negativos. Sin embargo, el tema se empantanó con los incisos H, I y J que resultaron rechazados y terminaron cayéndose. El inciso H fue rechazado con 112 votos a favor y 142 en contra; mientras que los incisos I y J con 123 votos a favor y 130 en contra.

¿Qué establecían dichos incisos? En cuanto al H buscaba transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.

El inciso I establecía regular y reordenar el sector energético en función de la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura, a fin de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, debiendo el Estado asegurar las condiciones de suministro para todos los usuarios; adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes N° 24.065 y 24.076; y reasignar los subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de energía eléctrica y gas natural considerando los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta; la reconstitución del sector eléctrico conforme el libre comercio internacional, la libre comercialización, competencia y ampliación en sus diferentes segmentos; el despacho económico sobre una base de remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en cuenta el costo marginal horario del sistema y el costo que represente para la comunidad la energía no suministrada; y una revisión de sus estructuras administrativas;) la reorganización del funcionamiento de los entes reguladores de gas natural y energía eléctrica para asegurar una gestión integral, eficiente y eficaz; y el cumplimiento de los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) relacionado con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

El último inciso buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen 6 organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y la trata de personas.

Al respecto, el diputado de izquierda Christian Castillo solicitó la “inconstitucionalidad y anulación” de todo el capítulo y los artículos 3 y 4.

El radical Juliano Pablo señaló que desde el 2002 se intenta la delegación de facultades y preguntó: “¿Esta es realmente una solución?” y planteó que “es imposible delegar facultades sin la constitución de la Comisión Bicameral, es imprescindible porque hace a la calidad del Parlamento”. Su par Carla Carrizo manifestó: “Gobernabilidad con control, cuando delegamos sin controlar hay que en contra. Cuando delegamos con control hay que garantizar que un presidente de minoría tenga capacidad de decisión”.

Carrizo celebró la votación por incisos e invitó a sus pares a votar en contra del H porque “le da una capacidad arbitraria al Ejecutivo los 29 Fondos Fiduciarios. Por supuesto que hay fondos que están mal en el país, son agujeros negros porque nadie los controla, pero hay algunos que son muy buenos”.

Desde la CC- ARI, Paula Oliveto Lago anticipó el voto en contra de su espacio: “Mi partido, el de Elisa Carrió, se funda a partir de la negación de facultades a Domingo Cavallo”. “Vinimos a honrar nuestra historia”, aseveró.

“Pregunten lo que significaría darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo a partir de este proyecto de ley. Le falta el objeto y el alcance”, agregó. “Parece mejor agredir 5 minutos en Twitter que sentarse a debatir”, cuestionó, sin nombrarlo, al presidente Javier Milei.

Por último, recordó la delegación de atribuciones legislativas al anterior gobierno: “Por esto, Alberto Fernández nos tuvo encerrados un montón de tiempo por darle facultades”. “No se puede ser medio corrupto o medio republicano, a la democracia se la defiende siempre”, cerró.

Por el contrario, el diputado Nicolás Massot (HCF) propuso un agregado al inciso H que diga al final del párrafo “exclúyase de lo dispuesto en este inciso al Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial creado por el decreto N 286/ 95 y sus modificaciones y al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional”. De la vereda de enfrente lo cruzó el radical Martín Tetaz: “Si cada uno va a hacer lo que quiere con su Fondo Fiduciario entonces discutamos todos porque si cada uno negocia en su provincia un lugar que excluyo esto y saco esto, o se va uno o se van todos. Esto es una barbaridad”.