La Fiscalía de Estado de Entre Ríos enfrenta una situación compleja por la deuda judicializada en obra pública que supera los $2.000 millones. Así lo reconoció el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, en una entrevista con el programa Puro Cuento (Radio Plaza).

Según el funcionario, la Fiscalía tiene asignado un presupuesto estimativo para afrontar las condenas judiciales, pero que el problema más candente hoy es el de los certificados impagos o de demora en el pago de obras públicas que se están ejecutando. "Eso va variando día por día, pero debemos estar ya superando los $2.000 millones", afirmó.

El fiscal aclaró que esa cifra se refiere a la deuda judicializada, ya que la total de deuda a contratistas de la obra pública es de $22 mil millones, según informó el gobierno días atrás.

Rodríguez Signes afirmó que la decisión del Ejecutivo Nacional de suspender las transferencias a las provincias, que no están contempladas en la ley de coparticipación, afectará a fondos destinados a Vialidad y a vivienda, entre otros rubros. "Todo el Ejecutivo Nacional anunció la suspensión de las transferencias a las provincias, por fuera de la ley de coparticipación y el corte de la obra pública. Entonces, todavía no sabemos qué alcance va a tener, pero es muy probable que afecte fondos que están asignados a las provincias para Vialidad y vivienda, y eso es probable que sea grave", dijo.

Asimismo, señaló que hay obras que ya están certificadas y no se han pagado, o que se han pagado fuera de término, lo que genera un perjuicio a las empresas constructoras por la alta inflación. "Las empresas están atrás de la actualización de esos montos, y entonces reclaman los intereses que ellos estiman que le corresponden por pagos fuera de término", explicó.

El fiscal de Estado también se refirió a la reunión que mantuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, para tratar de contener la situación. Al respecto, dijo que la idea es que no se continúen judicializando obras impagas.

"Se van a neutralizar las obras por un periodo de alrededor de 60 días, y en ese periodo se revisarán qué obras se continúan y cómo. Hay una ruptura de la ecuación económica-financiera. ¿Qué significa esto? Que usted contrató una obra a $10 millones, y hoy los costos se fueron a las nubes. Es decir, se quebró la ecuación económica-financiera y las empresas no están en condiciones de continuar con esas obras", explicó.

"Me parece una decisión prudente de decir 'paremos esta situación y veamos qué sucede'. La verdad es que no se les puede exigir a las empresas que cumplan los contratos en estas condiciones. Hay que ver caso por caso. Y hay que ver obras que están casi terminadas, que vale la pena terminarlas, y otras que ni siquiera han comenzado. Entonces va a ser un trabajo caso por caso, que va a meritar la intervención del Ministerio de Planeamiento, de los municipios, de la Fiscalía de Estado, de los técnicos, la Contaduría, y las oficinas que toman parte de este tipo de decisión", finalizó.