El operativo especial anunciado a través de un mensaje grabado por el presidente Alberto Fernández representará el octavo desembarco de fuerzas federales en Rosario desde 2014, año en que la guerra narco que había estallado el año anterior, tras el crimen de Claudio “Pájaro” Canteros, entonces líder de Los Monos, comenzó a llevarse puesto al poder político provincial con el atentado armado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, en octubre de 2013.

Lo más novedoso, seguramente, sea el despliegue del Ejército. Como la ley de Seguridad Interior impide a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes o inmiscuirse en la persecución del delito, se descuenta que los militares aportarán logística. Lo hacen habitualmente en zonas de catástrofes o ante grandes contingencias, como inundaciones o aludes. Incluso estuvieron en Rosario dando asistencia durante las primeras semanas de la pandemia de Covid-19.

No se conoce aún la “letra chica” del anuncio de que harán “tareas de urbanización”. Sobre todo, porque excepto dos por las que el intendente Pablo Javkin pidió atención al Gobierno, en el barrio La Tablada y en Villa Banana, no hay obras nuevas previstas. De todos modos, al margen de que se espera que el despliegue involucre a batallones de Ingenieros, seguramente habrá personal militar uniformado y pertrechado. Esa sola presencia podría ser, eventualmente, disuasoria. Un rol de contención social, esencialmente, publicó LaNación.

Los números que las autoridades ponen sobre la mesa son siempre vidriosos e invitan a la confusión. El Presidente habló de 1400 agentes federales. En rigor, mañana llegarán 100 policías federales –para el recambio de agentes que ya están en el territorio– y 300 gendarmes que se acoplarán a los 1100 que ya están en el Destacamento Móvil 7, creado en 2021 ante el crecimiento exponencial de la violencia y los crímenes en la mayor ciudad santafesina, pero implementado por etapas a partir de 2022.

Esos efectivos son los que se despliegan en los patrullajes o refuerzos de zona para complementar el trabajo de la policía provincial. Si se contabilizan los que están asignados al Destacamento Móvil 2, que tienen asiento en Rosario, pero despliegue en toda la región mesopotámica, hay actualmente en la ciudad unos 4100 efectivos federales, según el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El primer gran desembarco de fuerzas federales para paliar el desmadre de la criminalidad, producto de la guerra entre bandas y la virtual aquiescencia de la policía local, se produjo en abril de 2014, cuando Sergio Berni, entonces viceministro de Seguridad de la Nación, arribó a Rosario al frente de 3400 efectivos.

La intención primordial del “Operativo Rosario” fue el de instalar una presencia masiva de uniformados fuertemente pertrechados y armados, con despliegues rápidos y operativos de saturación en zonas en las que, hasta ese momento, las bandas del crimen organizado se movían a sus anchas sin oposición de la policía. Especialmente, en la zona sur de Rosario, donde Los Monos se habían hecho fuertes.

Esa operación especial comandada por Berni tuvo una marca distintiva: la destrucción de búnkeres de drogas. Fueron decenas, a pesar de que el correlato de esa acción en términos de secuestro de estupefacientes fue magra: apenas 6,9 kilos de cocaína incautados entre abril y diciembre de 2014.

En ese plazo, además, se produjo el primer gran golpe a las bandas de narcotraficantes, ya que, hasta ese momento, la Justicia federal casi no había avanzado un centímetro en la problemática. En diciembre de 2014 comenzó la causa Los Patrones, la primera contra Los Monos por comercio y distribución de estupefacientes, por la cual finalmente fueron condenados.

Pero a partir del año siguiente, la presencia de efectivos federales en las calles rosarinas se fue deshilachando. En silencio, los contingentes de gendarmes, prefectos y federales que no estaban destinados al Destacamento Móvil 2 tomaron sus bolsos y se fueron. En el año electoral, muchos de esos efectivos terminaron en distintos municipios del conurbano, también jaqueado por la inseguridad, un tema vital en las campañas de los intendentes.

Tras la victoria de la alianza Cambiemos, y con la violencia en Rosario nuevamente desbocada, la ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, acordó un nuevo megaoperativo federal con Santa Fe. Mandó 3000 gendarmes a la ciudad, jaqueada por hechos de inseguridad común que dieron origen a la primera de las multitudinarias marchas en las que, bajo el lema “Rosario Sangra”, los ciudadanos exigían protección a la Nación y a la provincia. El plan original de Bullrich era, directamente, la intervención a la Policía de Santa Fe, considerada como parte del problema de la violencia narco irrefrenable en la ciudad.

El nuevo enroque de Gobierno trajo, por supuesto, un nuevo operativo de refuerzo de seguridad federal para la castigada Rosario. En marzo de 2021, tras una seguidilla de cinco asesinatos en 12 horas, y con el sicariato completamente desatado en la ciudad, la entonces ministra nacional Sabina Frederic dispuso el envío de 300 policías federales y prefectos que patrullarían la zona céntrica rosarina.

Pero no bastó. Con el aumento exponencial de la cifra de homicidios en Rosario –que cerró en 2022 con 288 asesinatos, un récord–, también crecieron los reclamos del gobernador peronista Omar Perotti y del intendente Javkin para que la Nación se involucre más en la lucha contra el crimen organizado en el sur santafesino.

En septiembre de 2021 se aprobó la creación del nuevo Destacamento Móvil de la Gendarmería. Hubo, incluso, un nuevo desembarco de 575 efectivos, esta vez, encabezado por Aníbal Fernández, sucesor de Frederic como ministro de Seguridad de la Nación. Pero la ocupación efectiva de ese destacamento móvil (que funciona en contenedores especialmente acondicionados), tardó más de lo esperado. Recién en mayo de 2022 comenzó a acoger a sus primeros 300 efectivos.

A ese destacamento, que hoy cuenta con 1100 numerarios, se sumarán los 300 uniformados que mañana presentará Fernández en Rosario, por orden del Presidente.