En una carta dirigida al ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, 61 organizaciones no gubernamentales solicitaron “la suspensión de la caza por 5 años” de especies nativas –especialmente en cotos–, “hasta que haya estudios confiables y participativos sobre las aves y la contaminación por plomo que produce la caza”. En este orden, recuerdan los fallos de la Justicia que han declarado nula e inconstitucional las resoluciones que habilitan la cacería en las dos últimas temporadas. También consideran “el contundente rechazo de la enorme mayoría de la sociedad entrerriana” a este tipo de prácticas. En la misiva –según publicó el portal Era Verde- solicitan una formal audiencia para expresar la “postura acerca de la irresponsable política cinegética” que se llevó adelante en las pasadas gestiones.

La carta elevada a las autoridades gubernamentales para suspender la caza menor fue dada a conocer este 3 de mayo. La firman el Foro Ecologista de Paraná, el Cebtri de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Ecoguay, Ayuda Animal, Conciencia Animal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, entre otros. Adhieren también reconocidas instituciones animalistas y ambientalistas de toda la Argentina y del Uruguay, entre ellas Fundación Azara, Fundación Cullunche, Pumakawa, Fundación Hábitat y Desarrollo, Coendú de Uruguay, Pájaros Caídos y Asociación por la Justicia Ambiental.

El pedido público de las entidades se da a conocer ante lo que sería la inminente habilitación de la temporada de caza en Entre Ríos. Indicios que dan a entender que la resolución oficial es casi un hecho está dado por las audiencias públicas a las que se han convocado para dar a conocer estudios poblacionales de patos que han sido encargados por las organizaciones pro cacería y que han sido cuestionado por las organizaciones por lo sesgado y que el proceso de trabajo no ha sido participativo.

Participación

En la nota presentada al ministro Bernaudo se apunta a que los estudios biológicos citados como sustento de las normativas que han habilitado la caza son incompletos, y que esto es lo que ha llevado a la Justicia a declarar nulas e inconstitucionales las resoluciones de la Dirección de Recursos Naturales, la Nº 1.099/22 y la Nº 088/23 encontrándose “violatorias de tratados internacionales” como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica. Se argumentó que, además, “la cacería atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos”.

En el texto también se hace saber “el contundente rechazo de la enorme mayoría de la sociedad entrerriana hacia la caza de animales autóctonos, una de las cuestiones a la que la Justicia hizo mención en el fallo de 2023 es la total carencia de instancias participativas de diálogo, debate y consenso propiciadas por el Estado y previas a la toma de una decisión, cuestión que también fue referida por ambos magistrados en las sentencias mencionadas”, consignó el portal Era Verde.

Justamente en los puntos específicos del requerimiento se plantea la necesidad de abrir “instancias de diálogo, debate y toma de decisiones a todas aquellas instituciones interesadas en la temática”; e “invitar a participar a las instituciones ambientalistas y animalistas de los muestreos de poblaciones de anátidos y tinámidos, y poner a su disposición las metodologías utilizadas para realizar los mismos”.

Respecto a este último aspecto, las organizaciones apuntan que “yanto los estudios poblacionales como los referentes a la contaminación por plomo deberán ser llevados a cabo por universidades y/o equipos técnicos con experiencia en la materia, en conjunto con el Estado provincial, y no por organismos con evidentes intereses en que la caza se habilite como la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC) y otras entidades cinegéticas”.

Por último, la carta solicita una audiencia a fin de darle a conocer la “postura acerca de la irresponsable política cinegética (de caza) llevada a cabo durante los últimos años por las dependencias que tienen a su cargo el manejo de la fauna en la Provincia, las cuales no han considerado en lo más mínimo la protección y conservación del patrimonio natural entrerriano ni la participación ciudadana”.

La nota envida al ministro Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo