El abogado de la familia de Gabriel Gusmán, José Iparraguirre, admitió que “se esperaba” que el Ministerio Público Fiscal determinara el archivo provisorio de la causa por la muerte del joven a manos de dos policías en el barrio Capibá y anunció que pedirán la revisión de tal determinación. Por otra parte, se refirió al conflicto suscitado en la Unidad Penal N°1 de Paraná. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Iparraguirre sostuvo que “analizando la actitud de la acusación pública en el transcurso de estos más de dos años desde la muerte de Gabriel, era bastante obvio que ésta iba a ser la resolución”.

Recordó que “en distintos momentos, con el análisis de la prueba, habíamos pedido que se le tome declaración de imputado a Íbalo y Molina, los funcionarios policiales que terminaron con la vida de Gabriel Gusmán” y admitió que “no sorprendió la resolución, era lo esperado”.

De todos modos, adelantó que “ahora resta presentar un recurso de revisión ante el fiscal coordinador para ver si cambia esta posición y luego se verá cuáles son las alternativas legales que más nos convengan”.

Sin embargo, consideró que “el Ministerio Público Fiscal es un organismo vertical y acá hubo una decisión que en realidad viene de todo el Ministerio Público, más allá de esta posibilidad que tenemos de pedir la revisión y de que los fiscales de primera instancia, (Francisco) Ramírez Montrull y (Gonzalo) Badano elevan estas actuaciones para que el Procurador General de su posición, hay una decisión que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal en conjunto”.

No obstante, reiteró que desde la querella “tenemos que agotar las vías procesales que nos da el Código y después analizar cuáles serían los pasos a seguir”.

En este marco, reiteró la importancia de llevar la causa a un juicio porque “en el marco del sistema acusatorio que es el régimen procesal actual, la etapa del juicio oral y público es central, porque a diferencia del anterior sistema ahora se establece como central la cuestión de la oralidad y de la publicidad de las actuaciones”.

“Nos parecía que esta era la etapa central para poder discutir los dos planteos que hace la Fiscalía para sostener el archivo provisorio de la causa: que los funcionarios actuaron en cumplimiento de su deber o cargo y en subsidio que actuaron en legítima defensa, por eso nos parece que este debate se debió dar en juicio donde sería posible analizar si no existió un exceso de la legitima defensa, y el análisis de los testimonios que se puedan dar en una audiencia debate es mucho más importante que la resolución o la vista de un Ministerio”, explicó.

Al respecto, reiteró sus cuestionamientos al hecho de que “en todos los casos de gatillo fácil, apremios ilegales o vejámenes, sea la policía –como auxiliar de la Justicia- quien aporte las pruebas a los fiscales, porque el Ministerio Público queda atado a esas pruebas que brinda la policía y por lo tanto muy presionado como para ir en contra de algunos funcionarios policiales”.

Agregó que “los fiscales nada dicen en esta resolución de las gravísimas irregularidades que hubo a lo largo del proceso y que hemos detallado desde la querella en distintas presentaciones. Desde el arma que se encuentra en poder de Guzmán que fue retirada del lugar del hecho y luego vuelta a poner, que no haya parafina en las manos de los funcionarios policiales cuando estaba corroborado que dispararon, y otra serie de irregularidades, además de las situaciones posteriores de presiones hacia los testigos y los familiares”.

“Esto sienta un precedente muy grave y es volver a aplicar la Doctrina Chocobar en Entre Ríos. Acá el debate central está en esto: en qué momento los funcionarios policiales pueden utilizar su arma y el reglamento de la Policía de la provincia es muy claro en esto: que solo se puede utilizar en caso de que esté en peligro su vida, su integridad física o la de terceros, y no frente a una persona que se está entregando, de espaldas y con las manos levantadas”, definió. 

También criticó que “hay situaciones que son casi ridículas porque según la Fiscalía este disparo fue azaroso cuando la última pericia de Gendarmería corrobora lo que ya se venía sosteniendo: que Gabriel Gusmán estaba parado, dando la espalda a los funcionarios policiales, y además la autopsia  y las pericias de Criminalística determinan claramente que el disparo ingresó de atrás hacia adelante y levemente de abajo hacia arriba”.

“Sin embargo, la Fiscalía expresa que los funcionarios policiales –y habla de toda la policía de la provincia de Entre Ríos- no tiene formación en prácticas de tiro o que es muy mala y que por ello, de forma azarosa, por mala suerte, el disparo le pegó en la nuca y la verdad que esto no es así. Se efectuó un disparo a una distancia mayor a un metro, y claramente el funcionario tomó posición de tiro y lo ultimó. Y todo esto era necesario poder debatirlo en un juicio oral”, sentenció.

Problemas en la Unidad Penal

En otro orden de temas, Iparraguirre se refirió a los reclamos que en los últimos días sostienen los internos de Unidad Penal N°1 de Paraná y señaló: “Desde los organismos de derechos humanos veníamos  advirtiendo y manifestando la preocupación por la situación de las cárceles entrerrianas, básicamente por dos reclamos centrales: que se establecieran visitas que los internos no tuvieron en los meses de pandemia y porque los jueces de Ejecución no daban los beneficios que la ley 24.660 le otorga a los internos como las salidas familiares, laborales, libertad condicional o asistida”.

Recordó que “esto llevó a que todos los pabellones de la Unidad Penal 1 entren en huelga de hambre desde hace varios días generando que sus familiares se apersonaran en las puertas de Tribunales, del Juzgado de Ejecución o de la cárcel, quemaran gomas e hicieran manifestaciones de protesta” y destacó que “con buen criterio la jueza de Ejecución (Cecilia Bértora) convocó a distintas organizaciones de la sociedad civil y del Poder Ejecutivo a una reunión que se hizo con los internos en la iglesia de la cárcel”. Detalló que “no sólo estuvieron los empleados del Juzgado, delegados penitenciarios, defensores públicos oficiales, el personal penitenciario, los médicos que asisten a los internos, representantes del Colegio de Abogados, de la Asociación de Pensamiento Penal y del movimiento de derechos humanos”.

En ese contexto, consideró que “fue muy claro el reclamo de los internos y con toda razón, porque algunos reclamaban que les faltaban una semana o 20 días para salir con condena cumplida y estaba en trámite la libertad asistida que es la posibilidad de salir en libertad seis meses antes, y los trámites estaban demorados”.  

“La jueza sostiene que esto sucede porque tiene poco personal, y la realidad es que está en proyecto la creación de nuevo Juzgado de Ejecución de Penas en Concordia porque dos Juzgados en la provincia no alcanzan, pero de todos modos hay que atender estas situaciones. Los internos le entregaron a la jueza los petitorios de cada caso concreto y quedó el compromiso de efectuar la semana próxima una reunión con el Comité de Emergencia Sanitaria para poder discutir el protocolo de visita para ver si se puede ampliar y volver a normalizar la visita en las Unidades Penitenciarias”, explicitó.