El juez federal Sebastián Casanello elevó este viernes a juicio oral a los 26 ex funcionarios y empresarios que están acusados en la causa Odebrecht-Aysa, en donde se investigan las coimas que se pagaron para la construcción de dos plantas potabilizadoras de esa empresa que estuvieron a cargo de compañías encabezadas por la firma brasileña.

Así, Casanello envió a juicio al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su mano derecha Roberto Baratta, al ex secretario de Obras Públicas José López, a los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas), mientras que deberán responder por el pago de sus sobornos empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.

En el caso se investiga la contratación para las obras de la Planta Depuradora Paraná de las Palmas, adjudicadas al consorcio de las empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos-Supercemento-José Cartellone; y la Planta Depuradora Berazategui, adjudicada al consorcio Esuco-Camargo Correa.

Aunque esta parte de la causa vaya a juicio oral, el juez Casanello seguirá con la investigación: sigue vigente el pedido de indagatoria para Marcelo Odebrecht, como presidente de la firma Constructora Norberto Odebrecht SA, y de Antonio Miguel Marques, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la firma Construcciones y Comercio Camargo Correa SA. Casanello reclamó la extradición de Marques y que Brasil responda si un grupo de personas investigadas se acogieron a la delación premiada en Brasil, según el auto de elevación a juicio al que accedió Infobae.

La decisión de Casanello es consecuencia del análisis de la evalución hecha por el fiscal Federico Delgado, las querellas de la Unidad de Investigaciones Financieras y la Oficina Anticorrupción y las defensas, a la hora de evaluar el cierre de esta investigación. La causa se inició en 2014 y constó dos dos partes: la primera en donde se dictaron procesamientos por defraudación contra la administración pública y la segunda donde se avanzó en la figura de las coimas.

“Se ha tenido por probado, tal como lo han sostenido los acusadores, de la existencia de un acuerdo previo entre los imputados, empresarios y funcionarios públicos de AySA, cuyo fin último era el beneficio a determinadas empresas que resultaron adjudicatarias de las obras, cuyas licitaciones fueran direccionadas hacia las mismas”, sostuvo Casanello en la resolución que firmó este viernes.

Según señaló, “los funcionarios públicos intervinieron en las contrataciones de las obras Paraná de las Palmas y Berazategui, persiguiendo un interés propio en detrimento de la administración pública y el interés estatal. El negocio ilícito en este caso se propició con la anuencia y al amparo del Ministerio de Planificación, bajo cuya órbita se constituyó la empresa AySA. Fueron los más altos funcionarios de esa cartera de Estado quienes se interesaron en las negociaciones”.

Casanello aseveró que “las múltiples irregularidades que atravesaron los procesos licitatorios y la ejecución de los contratos hacían presumir que el actuar interesado de los funcionarios de AYSA tenía su motivación en el pago de sobornos por parte de aquellos que obtenían los beneficios ilícitos”.

En la resolución, el juez aseguró que, según los acusadores, “Carlos Ben, Oscar Biancuzzo, Carlos Di Somma, Carlos Donnoli, Antonio Caucino, Aldo Roggio, Tito Biagini, Eduardo Blomberg, Conrado Martin, Pedro Casiraghi, Lucas Cesa, Diego Pugliesso, Roberto Rodríguez, Gustavo Dalla Tea, Miguel Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Carlos Wagner, Sergio Chividini, Jaime Juraszek Júnior, participaron en el direccionamiento de las licitaciones de estas dos obras públicas del ‘Plan Director’ de AySA”.

Y que, de acuerdo a la acusación, “Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, en su calidad de funcionarios públicos, recibieron dinero para hacer, no hacer o retardar cuestiones relativas a sus funciones como consecuencia de un pacto ilegal”.

(Infobae)