La ex trabajadora de Salud, Aimé Flores, se refirió a la baja del plan nacional ENIA (Embarazo No Intencional Adolescente) y a la posibilidad de darle continuidad desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Flores comentó que los trabajadores están “sin trabajar desde el 31 de marzo en que vencieron los contratos y luego del fin de semana extra largo de Semana Santa, la junta interna del gremio que venía tenia conversaciones con funcionarios del Ministerio de Salud nos comunicaron que les habían informado que se cerraba el plan en las provincias”.

“Hasta hace unos días no teníamos una voz institucional oficial pero hace poco el vocero presidencial (Manuel) Adorni confirmó que es un rediseño ero en realidad es una retirada del plan de todas las provincias; hoy no sabemos si va a continuar a nivel del Ministerio de Salud como rectoría pero la verdad es que la pata territorial concreta del plan en las provincias –que son 619 contratos de los cuales 70 son en Entre Ríos- se eliminó”, explicitó.

Flores destacó que “somos todas profesionales de la salud: médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, que nos desempeñamos en centros de salud, escuelas, lugares comunitarios y el trabajo tiene que ver con garantizar el acceso de los adolescentes a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, y a la información a través de la salud sexual integral”.

En cuanto a la importancia del plan ENIA, planteó que “el programa mostró una alta eficacia en cuanto a estadísticas, en la provincia de entre Ríos hay un impacto notorio desde que se implementa el programa en 2018; en Entre Ríos teníamos una tasa fija de embarazos de entre 20.000 y 22.000 embarazos por año –una tasa de 16%-, que no se modificaba desde la década del ’80, y desde que se implementó el plan la tasa general bajó en seis puntos porcentuales, a unos 14.000 embarazos. Creemos que el plan impactó y logró bajar los embarazos en un 50% en la adolescencia temprana que son menores de 15 años, que es la población más vulnerada y el embarazo es la muestra de una vulneración general de derechos de esas niñas”.   

Asimismo, sostuvo que “el plan no sólo acercaba derechos a las personas que son objetivo del plan sino también a la sociedad general, porque está estudiado y comprobado que en América Latina uno de los componentes de la reproducción de la desigualdad y la pobreza es el embarazo a temprana edad, porque impide el desarrollo de las personas en términos individuales y de la sociedad en términos generales, porque las adolescentes dejan de ir a la escuela, se dedican a las tareas de cuidado, no pueden conseguir trabajos más calificados porque no terminaron la escuela. Es decir que el impacto del plan no sólo es individual, en la vida de cada persona, sino que también es social”.

La profesional indicó que ante la decisión nacional del cierre, “se le pide al gobierno provincial que nos pueda recibir para poder hablar de este tema, porque si bien dependíamos de Nación es un plan que se desarrolla en la provincia, que impacta en la provincia de esta provincia y creemos que hay algo para hacer en el Ministerio de Salud de la provincia para ver cómo se puede readecuar este plan para que Entre Ríos pueda seguir llevándolo adelante porque ha demostrado muy buenos resultados y que tiene una muy alta eficacia”.

“No es como dice Adorni o como dicen desde Nación que somos empleados políticos, somos todas técnicas formadas y profesionales, que rendimos un concurso para poder entrar, nos entrevistaron y se eligió a cada uno de una terna concursal. Es una política pública que tiene una perspectiva de derechos humanos y lo están confundiendo con una perspectiva política partidaria”, lamentó.

Agregó que “uno de los objetivos que teníamos en el plan era reducir y prevenir la violencia y el abuso sexual y que los profesionales en contexto con niños y niñas en escuelas, centros de salud y centros comunitarios tengan herramientas para acompañar a los niños y niñas que puedan presentar algún indicio de violencia sexual, y ésta es una de las problemáticas más graves y crueles que deja de atender el plan. Creo que desde Nación creen que eso no es problema del Estado, si han dicho que los niños se pueden vender y que si no quieren ir a la escuela se dediquen a trabajar, porqué les va a importar si sufren alguna situación de violencia sexual”.

En este contexto, aseveró que esta decisión “es ideológica y no tiene ningún sustento científico” y remarcó que “en esta situación económica compleja entendemos que es necesario mirar los números porque estamos en una situación de crisis pero en este caso prevenir un embarazo es mucho más barato que atenderlo para el sistema de salud, porque implica controles, ácido fólico, hierro, ecografías y más en menores que tienen alto riesgo obstétrico y que generalmente son embarazos que terminan prematuramente”.     

Ante esto, concluyó que “esperamos que nuestro gobierno provincial pueda ver esto desde este lugar y pueda hacer algún movimiento para que el plan pueda continuar en la provincia”.