La inundación del 2003 fue la tragedia hídrica más grande de la historia de la ciudad de Santa Fe. Si bien el número oficial de víctimas fue de 23 personas, numerosas organizaciones hablan de más de 150 fallecidos como consecuencia directa e indirecta del desastre. Más de 100.000 santafesinos se vieron inundados, ya que un tercio de la ciudad quedó bajo agua.

El Salado irrumpió por la defensa oeste de la ciudad, que tenía un tramo inconcluso. Este factor fue determinante para que la Corte Suprema de la Provincia considerara a la gestión estatal como responsable, y que deberá indemnizar a los vecinos inundados en el 2003. Los primeros fallos de los diversos juicios por daños y perjuicios, que se realizaron de forma particular por los damnificados, comenzaron a publicarse a fines de febrero, y la gestión provincial anunció que no apelará la sentencia y que cumplirá con el pago.

Cabe recordar que en mayo 2019 por primera vez una de las demandas civiles de los inundados llegó a sentencia, cuando el Tribunal Colegiado N° 4 de Santa Fe condenó al Estado a pagar por los daños ocurridos en su vivienda a un vecino de calle San Juan 1624. El por entonces fiscal del Estado, Pablo Saccone, apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La respuesta del máximo tribunal a ésta y otras causas similares llegó hace casi dos meses, y la Fiscalía del Estado, actualmente a cargo de Domingo Rondina, tenía la posibilidad de apelar nuevamente, esta vez recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, eligieron acatar el fallo.

“Cuando recibimos la notificación, como corresponde, se puso en conocimiento del gobernador y del ministro de Gobierno, y ellos tomaron la decisión de aceptar esa sentencia. Porque apelar implicaba un desgaste muy grande de trabajo y de dinero, pero además implicaba que teníamos que hacerle perder a los inundados ocho años más en esta discusión. La tristeza no se la puede curar nadie, pero el gobernador Pullaro lo que hizo fue dejar de pelear en contra de la gente, y pedir perdón como provincia, aceptar su responsabilidad como provincia", dijo a diario Uno de Santa Fe el fiscal de Estado, Domingo Rondina.

Por otro lado, cabe mencionar que en febrero de 2019 se condenó a tres años de prisión (de ejecución condicional) a dos ex funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y el ex director de Hidráulica la provincia, Ricardo Fratti, por el delito de estrago culposo agravado. La pena fue confirmada en marzo del 2020.

Ente de la Reconstrucción

La sentencia de la Corte Suprema de la Provincia que condena a la gestión estatal a indemnizar a los inundados establece que la medida alcanzará a aquellos que no hayan recibido el pago del Ente de la Reconstrucción, un área creada por el gobierno de Jorge Obeid en el 2003 para “rehabilitar las condiciones de vida y estructurales” afectadas por el desborde del río Salado.

La estructura debía funcionar por el término de dos años, y dar cumplimiento durante ese lapso al “régimen de reparación excepcional destinado a atender los menoscabos sufridos en la vida y los bienes” como consecuencia de la inundación. Una vez cumplido el plazo, se prorrogó por seis meses más, y luego por un mes más.

Juan Carlos Forconi, secretario de Estado de Promoción Comunitaria por aquel entonces, aseguró que se llegaron a trabajar más de mil expedientes por mes.

Si bien hasta el momento no hay un estimativo de la cantidad de personas que deberá indemnizar la provincia tras las recientes resoluciones de la Corte Suprema, desde la fiscalía de Estado prevén que "es poco el porcentaje de personas damnificadas que no cobraron por el Ente".

En cuanto a los montos que deberá pagar el estado a los inundados, varían y se calcularán según las pérdidas que haya sufrido cada caso en particular.

Decisión

“A Pullaro no le parecía correcto tener que ir a la Corte Suprema de la Nación a decir que la gestión de Reutemann había actuado bien en la inundación”, señaló Rondina.

El fiscal del Estado destacó la decisión del gobernador, en conjunto con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia y los abogados del estado.

“Lo que me dijo el gobernador fue: 'Pobre gente, no la sigamos maltratando, ya está. Que se le pague al que se le tiene que pagar y basta'. Y me parece a mí que fue una muy sabia decisión”, concluyó.