El proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado en general con 142 votos afirmativos. Hubo 106 votos negativos y 5 abstenciones. La sesión en la que se trata la denominada Ley Bases comenzó pasado el mediodía del lunes y tuvo pasajes de debate muy intenso entre los legisladores de los distintos bloques. Durante la jornada, pasaron por el Congreso la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para asegurar los votos. El oficialismo logró la aprobación en general y hay dudas por artículos clave.

Tanto la Ley Bases como el paquete fiscal tuvieron dictamen de comisión la semana pasada y llegaron al recinto con respaldo parlamentario suficiente para conseguir la media sanción.

Fue la segunda vez que el oficialismo intentó aprobar en la cámara baja la también nombrada Ley Ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. 

Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Ese mismo texto experimentó, además, cambios en relación al primer borrador que hizo circular la Casa Rosada entre los gobernadores para conseguir su visto bueno y, por derrame, un posterior poroteo de votos favorable en el recinto, según reseñó Infobae.

Además, adjuntó un paquete fiscal, con iniciativas variopintas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos. Fue esa, posiblemente, la llave para destrabar el tratamiento.

La ley ómnibus introduce modificaciones a la legislación de una serie de aspectos, entre ellos cambios al régimen laboral -que aún así serán menores a los que preveía el proyecto en una primera instancia-, un listado acotado de empresas públicas sujetas a privatización, una nueva figura para el sistema previsional. Y, en el paquete fiscal, una buena cantidad de novedades en impuestos, junto con una amplia moratoria y un nuevo blanqueo de capitales.

Moratoria previsional
 

La ley contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes se encuadren en esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual es equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez. En mayo los beneficiarios de la PUAM cobrarán 222.113 pesos divididos en 152.113 y 70.000 del bono que anunció el gobierno.

Reforma laboral

Hasta último momento se discutió en comisiones la modificación laboral que propuso el oficialismo. El cambio quedó finalmente reducido a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo, a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8 por ciento de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales. La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.

Privatizaciones

De la extensa lista de empresas con participación estatal que La Libertad Avanza buscaba dejar a tiro de privatización, finalmente solo un puñado de compañías quedaría en esas condiciones en caso de que avance la Ley de Bases.

Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales son las que podrían ser privatizadas, mientras que otras dos como Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían ser parcialmente vendidas al sector privado.

La ausencia más llamativa es la del Banco Nación, uno de los caballitos de batalla del impulso privatizador de la Casa Rosada. En ese sentido, el ministro del Interior Guillermo Francos, aseguró que el gobierno no abandonó la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros, y adelantó que la intención que tienen es apuntar al modelo del Banco de Brasil que, afirmó, impulsó Lula en su primer mandato como presidente.

Régimen de inversiones

La norma establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares. Además, impone una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25 por ciento; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100 por ciento del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

Si bien cosechó apoyos en sectores empresarios, una de las cámaras que planteó objeciones fue la Unión Industrial Argentina. La entidad había advertido a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) coloca a los proveedores locales en desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas. Por este motivo la UIA realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos.

Paquete fiscal

El proyecto adjunto establece numerosos cambios en el paisaje impositivo, con el regreso de la cuarta categoría de Ganancias, una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una amplia moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.

En septiembre se había eliminado la cuarta categoría de Ganancias, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes. La ley sancionada por el Congreso elevaba el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) Además, estipula que los contribuyentes tributarán de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas irán del 27% al 35%, según el nivel de ingresos. Eso se revertirá si el Paquete Fiscal termina siendo aprobado por las dos cámaras.

Con el texto tal como quedó acordado en comisión, así quedan las 17 categorías contempladas. La más baja, con un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos -que representa un a remuneración neta o “en mano” de hasta 1.494.000- queda eximida del tributo, lo que se suele llamar “el mínimo no imponible para empleados solteros”.

El proyecto el gobierno supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento del Monotributo. El ingreso tope anual sería de 68 millones y elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.

Si se aprueba el proyecto, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta 6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos.

En cuanto a Bienes Personales, entre los principales cambios que el gobierno busca hacer se encuentra la eliminación del tratamiento de alícuotas diferenciales según la localización de los bienes (en el país y en el exterior).

Los nuevos valores para el período fiscal 2023 serían:

Mínimo no imponible: $100.000.000 (en la actualidad es de $27,3 millones)
Mínimo para casa-habitación: $350.000.000