Frigerio ministro y Benedetti intendente en 2016 firmando el convenio para la devolución de los fondos.
En mayo de 2016, el entonces intendente de Larroque, Darío Benedetti (JxER), y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que se desempeñaba como ministro del Interior, suscribieron un acuerdo por el cual el gobierno local devolvía a la Nación 13 millones de pesos producto de un presunto sobreprecio en una obra de pavimento. El presidente municipal, que hoy es concejal en la localidad, presentó una denuncia contra su antecesor, Raúl Riganti (PJ), que ayer fue condenado en juicio abreviado luego de admitir su culpabilidad, según el fallo al que accedió este medio.
La devolución de los fondos fue un hecho considerado inédito que ganó espacio en los medios nacionales.
El gobierno nacional había girado el dinero a la Municipalidad de Larroque para terminar de pagar una obra de 14 cuadras de asfalto iniciada en la gestión de Riganti (2011 – 2015). La plata era para transferir a la empresa OIC SA, a cargo de los trabajos.
Apenas asumió, en diciembre de 2015, Benedetti ordenó una auditoría. Convocó a dos consultoras, una de carácter técnico y otra jurídica. Ambas concluyeron que la obra en cuestión no costaba más de 5 millones de pesos. La empresa ya había cobrado 8 millones y había 13 millones por ese concepto depositados en una cuenta del municipio en el Banco Nación.
Luego de comprobar el sobreprecio, el flamante intendente decidió devolver el dinero, denunciar a su antecesor y a un grupo de ex funcionarios y reclamar judicialmente para que la empresa a su vez devolviera los 3 millones que había cobrado de más.
Casi ocho años más tarde, este lunes la justicia de Gualeguaychú homologó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado contra Riganti, su ex secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, que después también gobernó la ciudad de Larroque, y otros dos ex funcionarios.
Los cuatro confesaron la autoría de los delitos de fraude a la administración pública en grado de tentativa y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual accedieron a penas de prisión de cumplimiento condicional y a inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública.