El diputado provincial Marcelo López (JxC-Concordia) se refirió a la labor legislativa que dio sanción a la emergencia alimentaria y al análisis de la ley de acceso a la información pública.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), López destacó la sanción por unanimidad de la emergencia alimentaria y recordó que la norma “faculta al Poder Ejecutivo provincial a disponer de partidas presupuestarias a los efectos de atender la emergencia declarada”.

En ese sentido, marcó que “el gobernador Frigerio está ejecutando un Presupuesto remitido por el anterior gobernador y sancionado por la composición de las Cámaras de la anterior gestión, en consecuencia no hubo oportunidad de prever partida presupuestaria para atender esta emergencia”.

En otro orden de cosas, se refirió a la causa Securitas que investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios de Enersa: “Tengo entendido que está en revisión por parte del Poder Ejecutivo todo ese mecanismo de contratación, pero sobre el tema no está en tratamiento en la Cámara de Diputados ninguna iniciativa hasta el momento”. De todos modos, consideró que “la investigación tiene que estar en manos del Tribunal de Cuentas y eventualmente de la Justicia, no de la Cámara de Diputados, más allá de que pueda haber algún proyecto de resolución o de declaración para expresar preocupación o interés a los efectos de que se investigue la contratación”.

Justamente en relación al funcionamiento del Tribunal de Cuentas, López apuntó que “básicamente lo que realiza es un control formal de las contrataciones y no avanza sobre una investigación concreta de las circunstancias, más allá de las formales que motivan la contratación, y eso creo que es una falla que tiene el Tribunal de Cuentas porque hoy los órganos que tienen que controlar son tantos que no le permite avanzar más allá”.

No obstante, remarcó que “hay una iniciativa del Poder Ejecutivo a la cual se le dio sanción que es la modificación de la ley orgánica de la Policía de la provincia de Entre Ríos donde se crea una división de investigación de delitos complejos como son los delitos de corrupción. Específicamente crea una división para investigar actos de corrupción en el Estado entrerriano, y en ese organismo se pueden hacer las tareas investigativas en caso de detectar algunas falencias para promover alguna denuncia judicial a los efectos de que eventualmente se sancione la conducta reprochada”.

“Se otorgan tareas investigativas, así como existen divisiones de la policía y de organismos de seguridad nacionales que ante la denuncia realizan las primeras tareas investigativas cuando reciben una denuncia y luego ponen en conocimiento al fiscal para que sea el fiscal quien conduzca la investigación”, explicitó.

En relación con el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la información pública, consignó que “también es una iniciativa de Poder Ejecutivo provincial que pretende transparentar los actos de gobierno; el fácil y rápido acceso a la información que manejan los distintos organismos del Estado permiten un mejor control, un control difuso, de la población sobre los actos de gobierno”. “Tiene que ver con que cualquier ciudadano, persona física o jurídica, que esté interesado en conocer cualquier información que maneje el Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura o el Poder Judicial, como así también en las empresas públicas y entes descentralizados, pueda conocer la información de manera eficiente y rápida y esto es una gran contribución a la transparencia de los actos de gobierno y de los fondos públicos que son de todos los entrerrianos”, acotó.

Planteó asimismo que “el proyecto de ley tiene un capitulo que se llama Transparencia Activa que obliga a todos los organismos del Estado a ir publicando en las plataformas digitales, independientemente de tener o no un requerimiento de la información, para que cualquier ciudadano sin necesidad de realizar un pedido pueda ingresar vía Internet y controlar toda la información publicada. Más allá de este capítulo, si el ciudadano entiende que hay alguna otra información que no está publicada y que pretende tener acceso puede hacerlo y el método es bastante sencillo: el ciudadano concurre al organismo que cree que debería tener la información, directamente realiza el pedido y el funcionario a cargo tiene 15 días para responder”.

Por último, destacó la posibilidad de efectuar el pedido de acceso a la información púbica de manera digital y sostuvo que “de sancionarse el proyecto como ha venido a la Cámara el acceso será bastante ágil y posibilitará que los ciudadanos que están más lejos de las distintas  instituciones públicas puedan acceder a la información que necesitan, de la misma manera que un ciudadano de la ciudad de Paraná”.