(De ANÁLISIS)

Una coyuntura informativa donde tensiones y enfrentamientos están presentes en cada nota, se pone en pausa cuando aparece alguna mención a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030. No se puede dejar pasar la oportunidad para volver sobre un tema que nos ocupa y preocupa desde hace tiempo. 

En ANÁLISIS lanzamos numerosos interrogantes cuando el Estado Nacional, a través de instrumentos cuestionados como son los decretos de necesidad y urgencia, abrió signos de interrogación y le asestó un golpe al manejo futuro de los recursos naturales.

Es que se apunta a dejar sin efecto la ley de glaciares, la ley de bosques, el control de las quemas y a la explotación indiscriminada de riquezas de nuestro subsuelo las que, es importante remarcar, pertenecen a las provincias.

Incluso dentro del documento puesto a consideración de los gobernadores, bautizado Pacto de Mayo, hay un punto donde impone a las provincias un compromiso de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Otra incógnita que aparece es qué podría pasar con las empresas hidroeléctricas, productoras de energía, pero que a la vez permiten una mejor administración del recurso hídrico, teniendo en cuenta la demanda de la población. Además, las represas son herramientas de control de inundaciones.

La sobreexplotación puede provocar situaciones de desastre. Tomemos como ejemplo lo que está pasando en la última semana en Brasil. El cambio climático ya está, por lo que todo lo que se pueda hacer para morigerar las consecuencias de una acción antrópica negativa, es bienvenido.

Una postura provincial positiva

Desde la administración provincial se revelaron detalles de un encuentro que el propio gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, mantuvo con representantes de las Naciones Unidas.

La información oficial afirma que el mandatario reafirmó su compromiso con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando la importancia de adaptar estos objetivos a las necesidades locales.

El envío que llegó a las redacciones pone un textual interesante: "es esencial territorializar la Agenda 2030 para enfocarnos en las prioridades específicas de los entrerrianos y entrerrianas".

Un enfoque a tener en cuenta de aquí en más y que resulta saludable si se tienen en cuenta las normativas vigentes en Entre Ríos.  Cuando en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, disparó fuertes debates sobre cómo lograr la sostenibilidad económica y social.

Se trata de encontrar los equilibrios que la humanidad pueda tener futuro.

Por esto es importante que una administración provincial que asumió hace apenas meses, sostenga la adhesión de Entre Ríos a los alcances de la Resolución N º 70 / 1 de las Naciones Unidas.

Se trata de 17 objetivos que encierran 169 metas “de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental”.

La provincia adhirió a través de la ley 10935, que fue promulgada en noviembre de 2021 y está vigente.

De manera insistente se reclama por políticas de Estado. Lo hemos hecho, lo hacemos. Son esenciales esquemas de trabajo que no pueden ser interrumpidos por cambios en la administración, para permitir consolidar acciones que buscan resultados que beneficial al conjunto de los ciudadanos.

Ha sido el gobernador Rogelio Frigerio quien en las últimas horas puntualizó que alinear las políticas provinciales con estos objetivos globales no solo contribuirá a un desarrollo sostenible más inclusivo y equitativo, sino que también asegurará que los beneficios del progreso lleguen a todos los sectores de la sociedad entrerriana.

Es que salud, educación y desarrollo económico están atravesadas por los objetivos para el desarrollo sostenible, un concepto que no puede estar fuera de ninguna decisión de gobierno.

No solo esto, sino que la administración entrerriana difundió que está la idea de fortalecer la mesa de primera infancia para desarrollar políticas que impulsen el desarrollo infantil temprano, en especial en los sectores más vulnerables.

"Es aquí donde debemos centrar nuestra atención", es otro textual que rescata la información oficial y que expone también otro aspecto ineludible de estos tiempos: la atención sobre la salud mental, al que considera dentro de los grandes desafíos.

Trae aquí el impacto de la pandemia como disparador y va trazando ideas para el trabajo: salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente.

Digresión: es altamente elogiable el compromiso del primer mandatario entrerriano, por lo que tal vez se podría poner en foco lo que aconteció con el programa denominado Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), ya que en la provincia cientos de profesionales que conformaron equipos y lograron importantes resultados, han sido desplazados por decisiones del Estado Nacional.

Es que esos postulados de trabajo mencionados desde lo más alto del gobierno entrerriano, están contenidos en el plan que se deja de aplicar.

Sendero de oportunidades

Hacer propia la agenda para el desarrollo 2030 (ODS 2030) abre para la provincia un sendero de oportunidades. Un esquema que ya cuenta con legislación que podría ser ampliada y profundizada.

No se puede pensar en impulsar presupuestos, por acotados que sean, que no tengan en cuenta la necesidad de un trabajo con junto para ponerle fin a la pobreza y luchar contra el flagelo del hambre. No hay bienestar humano sin salud y todos, absolutamente todos los ciudadanos entrerrianos están de acuerdo con alcanzar una educación de calidad.

Las Naciones Unidas ponen el acento en asegurar a futuro agua limpia para sostener la vida humana y que se tomen todos los recaudos para contar con energía asequible y no contaminante.

En este último punto aparece la necesidad de entender en su real dimensión todo lo que se haga para tratar de obtener beneficios del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Puesto dentro de una política de Estado, todos los sectores podrían llegar más rápido a alcanzar beneficios, ya que no se puede circunscribir todo a una política economicista.

Habrá que estar atentos porque la denominada Ley Bases promueve la privatización de una empresa como ENARSA, directamente involucrada en la administración del complejo binacional. En los últimos días aparecen voces de alarma sobre todo lo que está ocurriendo allí como consecuencia de las políticas desplegadas por la administración Nacional. Salto Grande siente la asfixia sobre sus cuentas.

Las claras posturas del Estado Entrerriano, que seguramente contarán con el apoyo de todo el arco político, deben resonar con fortaleza en los oídos del Estado Nacional que para nada tiene en cuenta a las provincias a la hora de administrar en los próximos años complejos hidroeléctricos enclavados a lo largo y lo ancho del país.

Los ODS 2030

Volviendo sobre los ODS 2030 resaltan la aplicación de políticas de igualdad de género, la búsqueda de creación de trabajo y crecimiento económico. Innovar en la industria y la reducción de desigualdades son otros de los puntos.

Intervenir con políticas de hábitat para que haya ciudades y comunidades sostenibles, con producción y consumo responsables. La institucionalidad y acciones concretas para evitar que se siga deteriorando el clima.

Volvemos sobre lo que escribimos más arriba: acciones del hombre sin tener en cuenta el impacto sobre los ecosistemas han traído a nuestras regiones hasta enfermedades que nos resultaban desconocidas hasta no hace mucho.

Todo debe tenerse en cuenta. La expresión pública que conocimos en las últimas horas, es positiva y debe ser parte de posturas casi irreductibles a la hora de hacer planteos de raíz federal.