El entorno que nos rodea y sus condiciones casi siempre determinan la calidad de vida de las comunidades que los habitan. Esa convivencia entre el ser humano y la naturaleza llegó a un punto de conflicto por el avance desmedido de la producción agroindustrial y minera –por mencionar algunos ejemplos– que causan daños irreversibles en el medio ambiente. Entre los métodos elegidos para aumentar la rentabilidad en el sector agrícola se expandió el uso de los agroquímicos o agrotóxicos, abriendo el debate sobre las consecuencias nocivas de un modelo productivo que ingresó en un callejón sin salida. Por esa lógica que atraviesa a los grandes grupos concentrados, pero también a los pequeños productores, el diario Uno de Paraná quiso instalar en la agenda el uso y abuso de sustancias químicas rociadas sobre campos separados apenas por una calle de lotes donde viven cientos familias. O de las fumigaciones que ocurren a diario en cercanías de escuelas en zonas rurales, que conviven con la amenaza de ser pulverizadas con veneno en pleno horario de clases.

Es una problemática que cada tanto interpela a la clase política y con menos frecuencia a los responsables del Poder Judicial, porque comunidades enteras son víctimas de las faltas de controles en cuanto a las distancias exigidas para evitar que las fumigaciones afecten a la salud y el medio ambiente.

La comunidad educativa de la Escuela N° 93 “De los Cielitos”, ubicada en San Benito Sur, todavía mantiene vivo el recuerdo del episodio ocurrido en agosto del año pasado. La institución se encuentra ubicada en una zona rural, distante a varios kilómetros del centro urbano de la ciudad cabecera y que recibe a alumnos del área de influencia. En forma contigua al edificio escolar funciona una granja de huevos y prácticamente todo a su alrededor son lotes de campo donde se desarrollan emprendimientos productivos. Durante un recreo se produjo un episodio que todavía sigue generando angustia porque un grupo de alumnos quedó expuesto a la deriva de los agroquímicos. “Siempre andan los mosquitos echando productos. Hasta que ese día algunos niños empezaron sentir picazón y enrojecimiento en los ojos. Se los agrupó en un aula para evitar el contacto con el químico”. El testimonio se enmarca en una denuncia realizada a raíz de este hecho en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia. Según surge de esa fuente, ese día los docentes se dirigieron a las personas que estaban fumigando para expresarles su preocupación, aunque los productores aclararon que sólo estaban aplicando un fertilizante.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, en el juzgado de Faltas de San Benito nunca se había presentado la receta agronómica, ni la alerta de cuándo y con qué se iba a fumigar. Tiempo después, Agricultura tomó conocimiento del caso para asesorar a la comunidad sobre cómo actuar en relación a la aplicación de los protocolos y las pautas que deben seguir los productores. En ese momento se planteó la necesidad de crear una comisión conjunta entre productores, la comunidad educativa y los vecinos para coordinar el manejo respecto de fechas y horarios de las aplicaciones, a los fines de prevenir efectos nocivos sobre la salud.

Según pudo saber el diario Uno de Paraná no fue la única vez que la comunidad educativa estuvo expuesta a las fumigaciones y al menos surgió la inquietud de aceitar el funcionamiento de los protocolos cuando se aplican plaguicidas, que contempla la presentación de la receta agronómica y el aviso que debe realizar 48 horas antes de fumigar el propietario o arrendatario del campo de la fumigación. La denuncia generó un conflicto entre la escuela y los responsables de las aplicaciones, así como también una controversia entre aquellos padres que defendían el derecho al trabajo de productores y los que plantean la peligrosidad del uso de químicos para la salud humana.

“Hay temor por denunciar”

El loteo de viviendas Tierra Alta, en Colonia Ensayo, expresa un fenómeno inmobiliario por la falta de terrenos ociosos en Paraná para dar respuesta a la demanda habitacional. La expansión urbanística hacia zonas rurales reveló un problema que no habían previsto cientos de familias que avanzaron con nuevo proyecto de vida: ese complejo está contiguo a un campo productivo donde en forma constante se están realizando fumigaciones. “Estamos luchando contra un lote donde se siembra que quedó dentro de la zona urbana de Colonia Ensayo. Este agricultor, cómo la mayoría que no cumple con los requerimientos de la ley, hace que seamos fumigados directamente, ya que la distancia que nos separa del cultivo es solo una calle”, denunció Ximena, una de las vecinas damnificadas.

La mujer explicó que entre los vecinos había desconocimiento respecto de cómo denunciar este tipo de hechos, más allá que se presentó una exposición en la comisaría que no fue admitida por el personal de turno. Relató a al diario Uno de Paraná que tomó contacto con un Técnico en Semillas y estudiante avanzado en Ingeniería, quien le explicó la forma en que debía realizarse la denuncia ante aplicaciones indebidas. “Me comuniqué con el Director General de Agricultura, Carlos Toledo, quien nos explicó que la Secretaría de Agricultura de la provincia es el único efector de la Ley, es decir el único ente competente para recibir las denuncias, hacer las inspecciones, determinar si hubo o no infracción y aplicar las sanciones que correspondan”, dijo la entrevistada.

Luego de haber gestionado la denuncia ante la instancia administrativa, se inició una mediación que establecía que el productor debía “correrse 50 metros dentro de su lote porque nos separa una calle, así se logra una distancia suficiente”, explicó la mujer. También se acordó que el productor debía colocar un banderín que medía la dirección del viento, favoreciendo un sistema de alertas tempranas en el caso de decidir una fumigación. Pese al compromiso hecho por el productor, sumado a la contratación de un ingeniero, se volvió a pulverizar con químicos. “Nos dimos cuenta por el olor, porque la gente empezó a ver la máquina, le pregunto si estaban fumigando y resulta que el ingeniero ni siquiera estaba al tanto de la fumigación”, dijo indignada la vecina.

Un verdadero drama que termina enfrentando a los vecinos con la Policía cuando deben hacer la denuncia y no se la reciben, mientras se agrava el problema de la contaminación ambiental con un claro impacto en la salud de las personas. “En Tierra Alta la mayoría son agricultores, es zona rural así que los que manejan las cosas ahí son agricultores. La mayoría de la gente que vive ahí tiene temor también de denunciar porque en la comisaría generalmente le dan la razón al ingeniero, le dan la razón al agricultor, ellos se niegan a tomar la denuncia y la gente va a pasar un mal momento”, dijo en comunicación con el diario Uno de Paraná.

Al continuar con su relato, Ximena recordó que habían comprado el loteo buscando un lugar rodeado de naturaleza, que cuenta con la aprobación de la provincia, favoreciendo el desarrollo. Pero se encontraron con un predio contiguo a establecimientos dedicados a la actividad productiva. “Estamos con los vecinos intentando tramitar un amparo para que se prohíba directamente la aplicación en ese campo por la ubicación en que quedó”, anticipó.

“Tuvimos pérdidas grandes”

Judith Reld y la ingeniera agrónoma Mónica Vallecillo son responsables del establecimiento Las Moringas, ubicada sobre la ruta 11 kilómetro 85, en el departamento Victoria. Su historia es sinónimo de trabajo compartido de la mano de proyectos vinculados a la producción agroecológico. Su emprendimiento está enfocado en la producción de la moringa, aunque además cultivan otras especies como hibiscus sabdariffa, así como también distintos árboles frutales.

Judith decidió dar su testimonio para visibilizar su caso, y el de muchos productores que se ven afectados por las derivas de las fumigaciones. “Cuatro veces nos afectaron el cultivo”, se lamenta Mónica, su compañera e ingeniera agrónoma del establecimiento.

Desde Rincón del Doll repasa en forma cronológica los hechos: “Comenzamos las actividades productivas en 2017. Hemos sufrido la deriva de agroquímicos por productores que hacen barbechos químicos y aplican insecticidas”, dijo para contextulizar. Dijo que durante esa pulverización la deriva llegó a afectar a un operario con síntomas visibles: irritación de ojos, inflamación de la boca y problemas para respirar. La reacción de Mónica fue pedirle explicaciones al operario que manejaba la pulverizadora, aunque su respuesta la sorprendió: “Simplemente cumplo órdenes, no tengo nada que ver”. No tuvo en cuenta el viento, la distancia, ni nada”.

No hubo denuncia en aquella primera fumigación, aunque sí se notificó a las autoridades de la segunda pulverización en 2018. “Ese año teníamos el cultivo de moringa instalado en el establecimiento. El vecino tenía un cultivo de soja, por lo cual hizo un barbecho o una aplicación para controlar malezas con glifosato. Hicimos la denuncia en la Secretaría de Agricultura de la provincia, por lo que vino el inspector, no tenían receta y el productor primero dijo que había aplicado Max, 2 kilos y medio”, advirtió Mónica.

Planteó que en 2023 volvieron a ser víctimas de la fumigación, afectando no solamente el cultivo de moringa sino de otras especies para suplementarios dietarios y una serie de árboles frutales. “Fueron 3 o 4 años de cuidado y este año con una nueva deriva sufrimos pérdidas de plantas: perdimos 500 plantas de moringa”, dijo.

La legislación vigente para regular las fumigaciones

La legislación vigente en Entre Ríos sobre el uso de agroquímicos está contemplada en la normativa referida a plaguicidas Nº 6.599, en el marco de un decreto reglamentario y sus resoluciones. Actualmente la disposición que determina las distancias respecto de las fumigaciones para zonas pobladas, dentro de un contexto rural, es la resolución 47 de la Secretaría de Agricultura de Entre Ríos.

En su artículo 1° prohíbe la aplicación de plaguicidas agrícolas con pulverizadoras terrestres en aquellos lotes ubicados dentro del casco urbano. Acto seguido, el artículo 2° limita el uso de agroquímicos en lugares donde existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros. También prevé que “los tratamientos que se efectúen en estos lugares deberán notificarse al Municipio, a los pobladores y la aplicación se realizará con la presencia del técnico del productor o de la empresa aplicadora”.

Del mismo modo se consignó que los propietarios o arrendatarios de lotes “deberán comunicar fehacientemente con 48 horas de anticipación a la pulverización de estos lotes, adjuntando copia de la receta agronómica a la repartición municipal competente”.

Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar a un recurso extraordinario impulsado por Agmer y el Foro Ecologista de Paraná para mantener las distancias de las aspersiones de hasta 3.000 metros (aéreas) y 1.000 metros (terrestres) de las escuelas rurales.

“Se ha perdido mucho esta vez”

“Es moneda corriente en varios campos de la zona; hay personas que han vista afectada su salud y otras con parte de su cultivo. Hablamos de cultivos anuales como de cultivos perennes. Es como que nadie se quiere hacer cargo. Se ha perdido mucho esta vez”, señalaron las responsables del establecimiento Las Moringas. Con sus colegas, elevaron una nota al Colegio de Ingenieros Agrónomos para pedir la intervención del ente.