El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 3912 por el cual revocó el contrato con Gas Nea, la empresa que hace uso de los gasoductos de la provincia, por incumplimiento de sus obligaciones. La medida se llevará a cabo garantizando el normal suministro del servicio, a través de la estatal Compañía Entrerriana de Gas, según se informó.

El gobierno de Entre Ríos comunicó que la decisión se tomó a raíz de “los visibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y en razón del quebrantamiento de la ecuación económica del contrato”, tal como expresa el artículo 1° del decreto.

En su artículo 3°, la norma establece la notificación al Ente Nacional Regulador del Gas Natural (Enargas) y solicita “la habilitación provisoria de la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para la prestación del servicio público de distribución de gas natural en territorio de la provincia”.

Asimismo, en su artículo 4° se solicita al Enargas la realización de las medidas pertinentes para habilitar y asignar a la empresa estatal los contratos de transporte en los puntos de entrega Entre Ríos y los volúmenes de gas natural necesarios para la prestación del servicio público en la "subzona Entre Ríos”.

“Una vez que reciba el decreto, Enargas resolverá la cuestión en un plazo determinado para garantizar la prestación del servicio. No es automático, no es que la provincia revoca la concesión de uso y automáticamente toma posesión del gasoducto. Esto va a ocurrir si el Enargas dispone las medidas conducentes a ello”, precisó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Por lo tanto, “no hay ninguna posibilidad de que se vea afectada la distribución de gas en la provincia”, dijo y aclaró: “Es el Enargas el que debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio”.

Por otra parte, explicó que “quien concede la licencia para distribuir el gas es Enargas”, y que por lo tanto es ese organismo el que dispondrá “quien prestará el servicio, con la debida garantía”.

“No obstante, en el decreto se establece de manera provisoria el paso de los activos y recursos a la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para llevar adelante el servicio hasta que el Ente Nacional determine la concesión de la licencia”.

Incumplimientos

El contrato entre el Gobierno de Entre Ríos y la Distribuidora de Gas Natural de la Novena Región del País, Gas Nea S.A., se llevó a cabo el 5 de marzo de 1998. Luego fue modificado por contratos nuevos en 1999, 2000, 2003, 2004, y en 2010 se realizó un acuerdo complementario.

Desde el gobierno explicaron que a diferencia de las demás provincias pertenecientes a la novena región (Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones), Entre Ríos presentaba la particularidad de haber construido el gasoducto troncal de transporte entrerriano y los gasoductos de aproximación a las localidades incluidas en el Plan Gasífero Provincial. Por esa razón se incluyó en la licitación la adjudicación de la licencia de distribución. La provincia mantenía la propiedad de los gasoductos otorgando a la distribuidora el uso de las instalaciones por todo el periodo de la licencia.

Una auditoría encomendada por la provincia determinó que la distribuidora, Gas Nea, no realiza un mantenimiento adecuado de las obras de infraestructura gasífera que realizó la provincia con fondos propios; que llevó a cabo una deficiente política comercial en comparación con otras distribuidoras del país y que carece de un plan de negocio, por lo que sólo ha logrado la conexión de la mitad de los usuarios potenciales.

Otro de los incumplimientos que dieron pie a la medida son que la empresa no ha expandido el servicio a las demás provincias de la Región Novena; que se ha presentado en dos oportunidades en concurso preventivo; se han impugnado los estados contables de los ejercicios 2020 y 2021 por sus inconsistencias y la firma se mostró reticente a brindar la información aclaratoria solicitada por la Provincia como accionista.

Finalmente, mencionaron que Enargas promovió acciones tendientes a la revocación de la licencia de distribución por parte de Gas Nea S.A. debido a que no cumplió las inversiones obligatorias comprometidas.

En función de todo ello, la Fiscalía de Estado recomendó –en los fundamentos del decreto– que se revoque el contrato de concesión del uso y goce de las instalaciones de distribución de la provincia y se tome de posesión de las instalaciones, con la correspondiente comunicación a Enargas, a fin de que disponga provisoriamente la habilitación de otra entidad. Para ello propuso a “la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para preservar la continuidad de la prestación del servicio público de gas natural en el ámbito de la provincia”.