Ministros de Economía, entre ellos Balay, y otros funcionarios de esa cartera de 18 provincias, durante el encuentro previo a la reunión de laCFI.
Disconformes con la “exigua” compensación dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri para cumplir con la cautelar de la Corte que les protege la coparticipación, 18 ministros de Economía -o subsecretarios- provinciales mantuvieron una cumbre este miércoles en Buenos Aires en la que decidieron pedirle formalmente a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que se expida sobre el monto que deberían recibir los gobernadores para cubrir las pérdidas generadas por las medidas post PASO presidenciales.
La embestida en bloque -una foto de peso político, a sólo horas de la unción de Alberto Fernández como presidente electo, y con la mirada en intentar resolver el reclamo antes de la salida de Macri- apunta a blindar un planteo conjunto derivado del malestar que les generó una propuesta de compensación de la Casa Rosada del orden de los $ 2.629 millones, muy lejos del costo fiscal del orden de los $ 45 mil millones que estiman a priori los gobernadores.
El enojo se acrecentó por otro aspecto de fuerte relevancia: los mandatarios se toparon con la novedad -aseguran- de que Nación elevó un formato de compensación sólo por el impacto de la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica, y en base a un costo fiscal barajado por el ministro Dante Sica, de cerca de $ 10.500 millones, que luego prorrateó entre las 15 provincias que activaron una batalla en la Corte.
En cambio -denuncian- no avanzó en un esquema de compensación por el impacto de la suba del piso para tributar Ganancias, bajo el argumento de que no tiene impacto financiero porque involucra sólo una postergación de vencimientos.
La cita se desarrolló en la sede de la CFI y recibió a enviados de las carteras de Economía de Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Chubut, La Rioja, Chaco, Jujuy, Córdoba, Río Negro y Neuquén, según lo confirmaron fuentes provinciales a Ámbito Financiero.
Ese lote arroja un detalle no menor:
* Los primeros 13 distritos integran el lote de 15 que cosecharon a principios de octubre la cautelar del máximo tribunal que ordenó que Nación se haga cargo del costo fiscal de subir el piso de Ganancias y de eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica, que erosionaron la torta coparticipable.
* Pero los últimos cinco no fueron a la Corte, aunque coinciden con el primer grupo en la pretensión de recibir una compensación también frente a los dos decretos presidenciales que también los afectan (y que Balcarce 50 prometió). Así, se sentaron en la mesa de la CFI también funcionarios de los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Domingo Peppo (Chaco), del radical Gerardo Morales (Jujuy) y de dos mandatarios de fuerzas provinciales: Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Omar Gutiérrez (MPN).
La CFI es el órgano de interpretación de las relaciones fiscales entre Nación y las provincias. Tras el primer cónclave de ministros, arrancó la reunión formal del organismo, donde fue oficializada la pretensión.
Ahora la CFI -que comandan el chaqueño Cristian Ocampo y el entrerriano Hugo Ballay, y que incluye una silla para el Estado nacional- deberá expedirse, de la mano de una “resolución general interpretativa”, sobre si lo que presentó el Estado como monto de compensación es correcto, y sobre cuál sería la cifra que arroje mayor justicia sobre el planteo de las provincias.
La estocada con base en los ministros de Economía se da en paralelo a la decisión de las provincias de volver a la Corte para oficializar formalmente su disconformidad con el monto de compensación. Una embestida que incluye además una presentación ante el gobierno nacional.
La mirada de las provincias está puesta en arrancarle una mayor compensación a Macri antes de que entregue el mando al flamante presidente electo Alberto Fernández.
Tras cosechar la cautelar a principios de octubre, y frente a las demoras en los pagos ordenados (luego de un pedido de aclaratoria desplegado por la Casa Rosada), presentaron una andanada de intimaciones, que derivó en la decisión del gobierno nacional de iniciar la semana pasada los pagos a las provincias para cumplir con el fallo.
Esa estrategia oficial incluyó el pago de una primera cuota en las últimas horas de $674 millones a esa quincena de distritos (en carácter de “retroactivo”), mientras que además define un goteo diario de coparticipación hasta fines de enero que eleva ese monto a unos $2.629 millones, según fuentes provinciales a partir de la orden de pago que la Secretaría de Hacienda elevó al Banco de la Nación Argentina.
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