El Concejo Deliberante de Paraná, por mayoría, decidió en la sesión de este jueves ratificar el veto total interpuesto por el intendente Sergio Varisco a la ordenanza sancionada por unanimidad el 15 de agosto último, por la cual se elevaba el tope para acceder al boleto trabajador a dos salarios mínimos y medio.

Para que la legislatura local insistiera en el proyecto aprobado, se requería el voto positivo de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes que componen la misma (10 votos).

Al someterse a votación el veto, sufragaron en favor de insistir en la ordenanza 8 ediles: Juan Enrique Ríos, Stefanía Cora, Sebastián Bértoli, Cristina Sosa y Sergio David Cáceres (FpV); Silvina Fadel, Luis Díaz (UNA - Frente Renovador) y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).

Acompañaron la decisión del intendente los legisladores Karina Llanes, Carlos González, Claudia Acevedo y María Marta Zuiani (Cambiemos).

Si bien Emanuel Gainza (Cambiemos) y Elsa Salazar (Paraná de Pie) participaron de la sesión, no se encontraban presentes en el recinto al momento de la votación.

De esta forma, la iniciativa se cayó y no podrá ser tratada en el transcurso de las sesiones ordinarias de este año.

Así, se mantiene en vigencia la ordenanza que fija que podrán gozar del boleto obrero quienes trabajen en relación de dependencia y cuyo haber, excluyendo las asignaciones familiares, no supere el importe de una vez y media el salario mínimo, vital y móvil, los monotributistas sociales y los trabajadores autónomos cuya facturación anual sea igual o inferior al valor de 19 veces y media el salario mínimo vital y móvil.

Opinión de los distintos bloques

Ríos, autor de la ordenanza, calificó de “frustrante que el intendente Varisco no haya contemplado su acompañamiento a un proyecto que buscaba paliar la grave situación que viven los trabajadores paranaenses, permitiendo que mayores usuarios pudieran acceder a este beneficio”.

Añadió además que “su actitud desconoce la realidad del transporte público en la ciudad, al afirmar en los fundamentos del veto que la iniciativa sancionada llevaría al desfinanciamiento en la prestación de este esencial servicio público”.

Ríos desmintió asimismo otro de los argumentos esgrimidos por el Departamento Ejecutivo al afirmar que “la Municipalidad debería financiar el costo del boleto obrero”.

Apuntó en tal sentido que el jefe comunal “apeló a una estrategia con el deliberado propósito de distorsionar la realidad, en razón -sostuvo- que el municipio no cubre el boleto obrero, ya que el mismo se subsidia con el importe de la tarifa plana por parte de los propios usuarios del sistema”.

Al recurrir a datos estadísticos ejemplificó que comparado el primer semestre de 2018 con 2019, “se observa una caída 250 mil boletos obrero, lo cual está revelando -señaló- que tan significativo número de trabajadores han dejado de usar el transporte público", situación que definió como “grave y alarmante”.

En otro pasaje de su exposición, manifestó su sorpresa de que el intendente Varisco “fuera tan solidario con los trabajadores de las empresas del transporte mediante el otorgamiento de un subsidio por $5 millones ante un compromiso laboral de corte netamente empresarial, dado que era una responsabilidad de las firmas concesionarias de su prestación cubrir el mencionado costo salarial”.

Seguidamente, puntualizó: “Haciendo una reflexión muy simple y dividiendo $5 millones por $18,85, que es el valor del boleto trabajador, estaríamos beneficiando a 260.000 paranaenses con el citado boleto”.

Finalmente se preguntó: “¿Para quién gobierna este Ejecutivo, a quién beneficia?”, para responderse que los hechos revelan palmariamente que “está gobernando en favor de los intereses empresariales y en detrimento de un sector muy castigado por las políticas económicas, como es el sector obrero”, concluyó.

Desde el oficialismo, González, al explicar el acompañamiento de su bloque al veto, precisó que “las cifras demuestran que es imposible sostener hoy una modificación de los topes salariales para acceder al boleto trabajador”.

“El transporte público de pasajeros a nivel nacional está cuasi colapsado por la eliminación de los subsidios y, por lo tanto, cualquier movimiento que se pueda dar en esa dirección, pondría en peligro el resto del sistema”, sostuvo.

El edil subrayó que en función de los fundamentos mencionados, el bloque de Cambiemos decidió sostener el veto interpuesto por el intendente.

La presidenta de la bancada oficialista, Karina Llanes, al referirse al tema en debate afirmó: “Si bien nosotros siempre hemos estado de acuerdo en reconocer los beneficios en favor de los trabajadores, cuando nos sentamos a analizar el tema con los especialistas en costos descubrimos que, de aplicarse la ordenanza que elevaba los topes salariales, haría colapsar el sistema del transporte público de pasajeros”.

Remarcó que en la actualidad “el 45% de los usuarios están subsidiados, una parte por el Estado y otra por la tarifa plana”.

La edila advirtió que la modificación de los topes salariales propiciada por la ordenanza en debate, implicaría que “el 95% de los usuarios del servicio de colectivos estarían subsidiados por solo el 5% que paga la tarifa plana, generando un desborde que impactaría directamente sobre esta última”.

“En consecuencia, todo ello hace totalmente imposible que el 5% de los usuarios subsidien al 95%”, aseveró y estimó que ello daba razonabilidad a los fundamentos del veto.

Llanes anticipó de todas maneras que su bloque estaba abierto para considerar “una alternativa intermedia” a la cuestión planteada, en un marco de razonabilidad y de realismo.

Rechazos al veto

Durante el plenario ingresaron notas elevadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE – Entre Ríos), Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná y de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, manifestando su rechazo al veto de la ordenanza.

El Sindicato de Empleados de Comercio solicitó además tomar como base de cálculo para dicha categoría de boleto tres salarios mínimos vital y móvil, teniendo en cuenta que aproximadamente 3.000 empleados de comercio utilizan el servicio cuatro veces al día.

Por su parte, la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná afirmó que la interposición del veto por parte del Departamento Ejecutivo Municipal “demuestra una vez más que priman y privilegian los intereses económicos de las empresas por sobre el interés de los ciudadanos”.

Moratoria Municipal

En la sesión se aprobó por unanimidad y sobre tablas un proyecto de ordenanza “in voce” presentado por Llanes, que contempla un Régimen de Regularización de Obligaciones derivadas de infracciones competencia del Juzgado de Faltas y omisión de pago de cánones, concesiones y derechos de cementerio.

El mismo contempla planes de pago que van desde seis o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas hasta veinticuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

El Régimen establece como regla general aplicable a todas estas obligaciones, la quita de los intereses por mora o punitorios o accesorios, con determinadas especificaciones contempladas en la norma.

Quedan excluidas de la moratoria y no podrán acogerse al beneficio de la misma, aquellas obligaciones que superen la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000).

Nuevo Código de Edificación

El proyecto sobre el Nuevo Código de Edificación de Paraná se tratará en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el 10 de octubre.