Cecilia Goyeneche era la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, impulsó investigaciones contra el poder local y encabezó el equipo que consiguió la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Hace dos años fue destituida y ahora la Corte Suprema revisará su remoción. Ella dice que el máximo tribunal “tiene sus tiempos”, pero confía en ser repuesta al final del camino. Cree que su suerte no fue una excepción: “Si un fiscal anticorrupción hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”.

El primer triunfo es, para Goyeneche, que la Corte no haya rechazado su caso. En concreto, lo que hizo fue pedirle el expediente al Superior Tribunal de Justicia. “Esto significa que la Corte va a tratar el caso, lo importante en esto es que no lo desestimó y que, además, empezó a llevar a cabo actos relevantes para ese tratamiento, como pedir el expediente, y seguramente después lo envíe al Procurador”, dijo Goyeneche.

“Esa es la buena noticia, pero todavía falta muchísimo -reconoció la exfiscal-. Soy bien consciente de que la Corte tiene sus tiempos, más allá de que tengo mucha expectativa respecto a lo que van a resolver porque conozco la jurisprudencia y cómo han actuado en casos de destituciones arbitrarias de magistrados.”

La decisión de la Corte se conoció el jueves pasado, una semana después de que el máximo tribunal judicial entrerriano ratificara la condena contra Urribarri a ocho años de prisión, dictada en 2022, por hechos de corrupción durante su gobierno.

“Cuando comenzamos en este camino, el de investigar los hechos de corrupción, no estábamos convencidos de los resultados que podíamos obtener. Si no se produce un cambio cultural donde haya cosas que no se toleren y donde cada uno desde su lugar empiece a decir que no cuando tiene que decir que no, es muy difícil... la corrupción es muy estructural”, dijo la fiscal destituida. Y agregó: “Si no podemos respetar las normas básicas de convivencia y si estamos dispuestos a ver cómo hay gente que se está muriendo de hambre mientras otros se enriquecen con la plata de todos, no es posible, no hay futuro”.

Goyeneche relata que pasaron más de dos años y medio de su destitución y cuenta que “fue complicado” sobrellevarlo: “Perdí mi trabajo, lo que representa un factor particularmente ordenador para mi vida ya que le he dedicado mucho tiempo. Me gusta lo que hago, tengo muchos años trabajando como fiscal. Por eso en lo personal ha sido difícil. Pero este proceso también tuvo sus partes positivas. He conocido mucha gente que con mucha generosidad se ha puesto al lado mío. Muchos colegas en todo el país han generado un movimiento virtuoso de colaboración y de demostración de respeto y de cariño. He aprendido muchas cosas profesionales y personales”.

Goyeneche, docente universitaria, atendió la llamada de La Nación durante un recreo de sus clases en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Da Derecho Penal I y Derecho Penal II, como adjunta. “Además, hará cosa de dos meses me matriculé como abogada en Entre Ríos. Ahora estoy evaluando hacerlo también acá, en Santa Fe, porque obviamente es necesario producir económicamente y para eso tengo que trabajar”. Goyeneche cobró parte su sueldo hasta junio del año pasado, porque no le habían rechazado aún el recurso extraordinario federal.

De carrera judicial, cuenta que ejerció como fiscal anticorrupción durante poco más de tres años. “Se trata de un cargo difícil, por eso creo que se debería pensar en la estructura de las fiscalías anticorrupción que existe en algunas constituciones, porque si solo se designa un fiscal anticorrupción, esa persona se convierte en un objeto de bombardeo, de hostilidades, y si hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”, afirmó.

La contradenuncia de Urribarri

Dos de los fiscales que trabajaban con Goyeneche fueron denunciados la semana pasada en los juzgados federales de Comodoro Py por Urribarri y su abogado Fernando Burlando.

Fue después de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara el recurso de queja de los defensores del exgobernador y dejara firme la condena a ocho años de prisión que pesa sobre él.

(Foto archivo: ANÁLISIS)

La Corte pidió al STJ el expediente principal del jury por el que se destituyó a Goyeneche

Acerca de la estrategia jurídica del exgobernador y su nuevo equipo de abogados, Goyeneche opinó: “Esa denuncia no es seria, se trata de un cúmulo de aventuras”.

Y sumó: “Creo que es un intento desesperado de Urribarri por evitar la firmeza de la sentencia. Desde la perspectiva de la persona penada lo entiendo, porque el miedo al encierro seguramente lo empuja a tomar cualquier camino, pero desde la perspectiva de los profesionales que lo asesoran me parece que hay muchísimas cosas para decir: ahí sí hay cuestiones absolutamente reprochables e inaceptables. Llegan bajo la idea de entorpecer, de hacer lo contrario a honrar la profesión de abogado”.

Goyeneche cree que si las investigaciones de corrupción avanzaron en Entre Ríos fue porque gracias a equipos de trabajo con gente convencida: “fiscales y empleados judiciales dispuestos a dejar sus fines de semana de lado y sentarse a mirar papeles y juntar pruebas y llevar adelante la acusación”. Y dice que todo ese esfuerzo ahora está rindiendo frutos porque las causas avanzan.

“Persecución política”

“No tengo dudas de que hubo una persecución política”, dice Goyeneche sobre su caso. “En la denuncia que hizo Urribarri en Comodoro Py lo dice expresamente: dice que mi destitución debió generar la anulación de la acusación que yo estaba llevando adelante en ese momento, que era la del juicio por el que terminó condenado. Por eso me sacaron. Y una de las juezas que vota en mis suspensiones era la exabogada de Sergio Urribarri”.

Pero en el relato de Goyeneche respecto sobre cómo se impulsó su destitución, una pieza no encaja del todo. Se trata de los abogados que promovieron que fuera apartada de su cargo.

Cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos determinó que Goyeneche había incumplido con el principio de objetividad que se le exigía como integrante de la Fiscalía y decidió separarla de su cargo, el elemento principal que se esgrimió en su contra fue la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa de los contratos de la Legislatura, que tuvo como objeto investigar el desvío de fondos para financiar la política. El pedido de apartamiento de Goyeneche ante el Jury de Enjuiciamiento lo hacen dos abogados que promovieron diferentes denuncias penales contra el exgobernador Urribarri: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Consultada por ese dato, Goyeneche dijo: “Los abogados trabajan por un precio. Los que me denunciaron a mí habían hecho algunas de las denuncias contra Urribarri, pero curiosamente Urribarri ahora no los denuncia a ellos en esto que anunciaron sus abogados [dicen que existió una maniobra para perseguir judicialmente al exgobernador]. Urribarri denuncia al periodista que investigó, pero no a los que supuestamente lo habían denunciado. Urribarri denuncia a Daniel Enz y no a Pagliotto o a Mulet ¿Por qué los saltea? Si supuestamente ellos eran los denunciantes de Urribarri y él denunció una mesa judicial para armarle causa, ¿qué ocurrió en el camino?”, cuestionó.

Y se respondió: “Lo que ocurrió es que se produjo un cambio de alianzas en el plazo de tiempo comprendido entre las denuncias a Urribarri y la denuncia a mí. Mientras tanto, entre una cosa y otra ocurrió la apertura y la investigación de la causa Contratos, que es una investigación que afecta no solamente a Urribarri o al grupo que le responde a Urribarri, sino también a otros actores. Por ejemplo, el estudio de Pagliotto defiende a uno de los grandes recaudadores, Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados en la causa que investiga los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, el dueño de la cueva donde juntaban todos los cheques y organizaban todo el robo. Viven en la casa lindera, uno al lado del otro, tienen un grupo de pertenencia”.

Goyeneche agregó: “Mulet vive al lado de Bilbao, son amigos íntimos, es el que se quedó con la llave del departamento cuando limpiaron la cueva el día de los allanamientos. Tenía el estudio jurídico al lado de la cueva donde cobraban los cheques. Hay una secuencia en todo esto, porque en realidad lo que hacían era presentar en la fiscalía las investigaciones de Enz, algunas de las investigaciones periodísticas, no todas. Y después terminaron siendo los que trabajaron para el otro bando cuando era necesario desacreditar a la fiscal”.

Fuente: La Nación