N.B. de ANÁLISIS

El abogado Gaspar Reca, defensor del director de Ajustes y Liquidaciones de la provincia, Miguel Ulrich, alegó este viernes en el marco de la causa por presuntas “coimas” que tiene como principales acusados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

Reca refutó la imputación del Ministerio Público Fiscal por supuesto favorecimiento de parte del funcionario a la empresa de Cardona Herreros, a través de la contratación cuestionada. “El MPF le atribuye actos tendientes al favorecimiento de la empresa Recalt, es una de las ideas centrales. Pero la contratación no significó contraprestación alguna para mi defendido”, dijo.

El defensor hizo un alegato extenso. Sintetizó el trabajo de Ulrich como funcionario público. Entre los puntos más salientes de esa carrera, contó que su defendido ingresó a la administración pública en 1993. En 2003 el área donde se desempeñaba pasó a ser una Dirección “autónoma”. Hasta entonces, se usaba un sistema denominado “Informix 4GL” para las liquidaciones. El área contaba con “cinco colaboradores”. “Una sola de esas cinco personas conocía el sistema que era anacrónico”, acotó. En 2006 el sistema fue reemplazado por otros servidores y en 2007 “nuestro defendido fue consultado acerca de las necesidades del área para rediseñarlo”. “Más del 60 por ciento del dinero que ingresa a la provincia por recursos tributarios es para gasto de personal”, graficó Reca, y agregó que cuando debió responder por las necesidades del área, Ulrich sólo pudo trazar “metas y objetivos”.

La contratación fue en 2008, a través de la Licitación Pública 01/08. Según alegó el defensor, el sistema demoró en implementarse y tuvo varios escollos a solucionar, debido a cuestiones propias de la administración pública. “Con el sistema viejo se remitía información de cada departamento de la provincia a Paraná a través de ‘bolsas’ que llegaban al Ministerio. Esas novedades se iban cargando en el sistema y eso podía llegar a tardar hasta dos o tres meses, lo cual provocaba muchos errores. Entonces se pensó un nuevo sistema con módulos ajustables para las licencias”, dijo Reca. Sostuvo que había inconvenientes con recursos humanos y tecnológicos como falta de internet en los lugares donde comenzaron a hacer las cargas manuales.

El nuevo sistema, además, contempló las liquidaciones docentes que hasta entonces se hacían por separado, a través del sistema Pregase. “De unas 300 mil liquidaciones mensuales que hacía la provincia, 200 mil eran docentes. Esto se terminó y recién pudo comenzar a implementarse en 2016”, acotó.

En 2009 hubo una extensión por parte de la provincia de la contratación con la empresa de Cardona Herreros que vendió el nuevo software de liquidaciones. Desde el Ministerio Público Fiscal se objetó la elongación de ese primer contrato porque no previó el desarrollo de nuevas tareas.

Sin embargo, para el defensor de Ulrich el pliego de licitación, la contratación y la extensión del contrato no fue tan sencillo en un contexto donde la administración fue cambiando sobre la marcha. “En junio de 2008 hubo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud que cargaban todas las liquidaciones desde los hospitales cabeceras en cada departamento. En diciembre de 2008 la Secretaría de Salud cambió de opinión y consideró que las liquidaciones comenzarían a cargarse desde cada hospital y centro de salud de referencia”, alegó el abogado. Ese cambio supuso el envío de información para el software por parte de la cartera sanitaria aunque eso no ocurrió.  “En abril de 2009 Ulrich informó que la Secretaría de Salud no brindaba los datos y eso no era, justamente, responsabilidad de la empresa contratista”, acotó.

El defensor fue detallando cómo se agregaron nuevos escalafones al sistema de liquidación. “Fue un trabajo enorme. No hubo extensión de contrato y se agregaron tareas nuevas. Eso no es sostenible. El Ministerio Público Fiscal tiene apreciaciones erradas, no hubo fechas antedatadas, ni negociaciones para sustraer plata del Estado. Es descabellado que por una nota de 2009 el Ministerio Fiscal diga que favoreció a la empresa. Ulrich es un funcionario de carrera, no recibió órdenes del exgobernador Sergio Urribarri. Entró en el 93 y pasó muchos gobiernos, incluso hoy está en funciones. Por eso instamos el sobreseimiento”, completó.     

Causa

La causa es por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.

Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.

Según la investigación fiscal, Cardona Herreros, además de ser el titular de la empresa adjudicataria de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de la empresa a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.

Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. En efecto, sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el martes. Según el cronograma, continuará el jueves y finalizará el viernes con el alegato defensivo al exgobernador Urribarri. Los fiscales que llevan adelante la acusación son Gonzalo Badano y Patricia Yedro y el juez de Garantías es Julián Vergara.