N.B. de ANÁLISIS

Edgardo Valdemarín debió esperar casi dos décadas para que su denuncia llegue a juicio oral. Ocurrió este jueves, ante el juez Alejandro Cánepa. El exjefe de Tesorería de San Benito decidió denunciar a quien en 2003 asumió como intendente municipal y su secretario de Gobierno, Ángel Vázquez y José Luis Cogno respectivamente.

En su presentación, Valdemarín refirió al decreto por el cual se lo desplazó, señaló irregularidades en la fecha de notificación y cuando quiso enmendarlo se lo sacaron de las manos.

“Estuve al frente de tesorería municipal desde el 96 hasta diciembre de 2003. Me designó la Junta de Fomento en reemplazo del tesorero anterior”, dijo y recordó que fue el exsecretario de Gobierno y otro funcionario municipal a decirle verbalmente que al día siguiente asumiría al frente del área una persona de apellido Ramallo. La notificación verbal fue en diciembre de 2003 y la notificación formal fue el 15 de diciembre de 2004.

“Cuando quise poner a los originales la fecha real de notificación no me lo permitieron porque me dijeron que tenían un decreto reservado del año 2003. Pregunté por qué no me dejaban poner la fecha original y me dijeron que no porque tenían la fecha reservada de diciembre de 2003. Me lo dijo José Luis Cogno y el Dr De Vecchio”, contó y precisó que el abogado le sacó el decreto de las manos cuando él quiso enmendar la fecha de notificación.

Valdemarín sintetizó lo que vino después: “Estuve unos días haciendo conciliación bancaria. Saqué licencia y volví en marzo, estuve unos días trabajando y enfermé. Volví en julio y me mandaron de sereno a una guardería municipal, después de sereno a una plaza pública, luego a un salón en el barrio San Pedro. Nunca había trabajado en mi vida de sereno. En una ocasión me mandaron a buscar papeles en un altillo donde había que trabajar agachado, sin espacio. Me mandó la sección Contaduría”. Nunca fue afectado formalmente a ese lugar.

“Yo venía pidiendo el decreto o resolución donde me despojaban del cargo y siempre me decían que lo estaban por hacer, por lo general era el abogado Del Vecchio. Como no tenía respuestas, pasé todo a un abogado”, acotó.

“Hasta diciembre cobraba 1145 pesos. Después de diciembre empecé a cobrar 800 pesos”, acotó.

Mientras se desempeñaba como sereno en una plaza y pasaba la noche en su auto, Valdemarín recordó que una noche, cerca de las 3, un auto con las luces altas se le puso en frente y luego pasó por el costado muy lento. “Era el señor intendente con otras personas en su auto”, le respondió al abogado querellante, Iván Vernengo.

El defensor Marciano Martínez lo consultó por posibles acciones administrativas iniciadas ante el Ejecutivo o el Concejo Deliberante para que lo repongan en su cargo. “Eso quedó a criterio de los abogados”. No recordó si resolvieron esa petición administrativa.

“Firmé muchos decretos pero no sabía lo que firmaba”

El exintendente, exdiputado y funcionario provincial, Ángel Vázquez, declaró ante el juez Alejandro Cánepa en el juicio de transición que comenzó este jueves y se cerrará con los alegatos este viernes. Se trata de un proceso viejo, que lleva casi 20 años desde que se tomaron las primeras medidas judiciales. Lo que ocurrió es que Vázquez fue dos veces legislador y cuando se pidió su desafuero como diputado, la Cámara que estaba a cargo de José Ángel Allende, otro dirigente aquejado por problemas judiciales, denegó el pedido judicial.

“En octubre de 2003 participé de las elecciones para la Intendencia de San Benito. Yo me dedicaba a la construcción que es mi pasión, sigo en política porque soy peronista. Cuando asumimos al frente de la Municipalidad hacía 10 meses que no se pagaban sueldos, había problemas administrativos, con contratos. Puse de mí para sacar la Municipalidad adelante que cambió a la categoría de municipio. Ahí me aconsejaron nombrar un tesorero. En realidad en el área había una persona que era jefa del área pero no un tesorero municipal. Había bronca entre los empleados. Coordinamos con los bloques  y llevamos adelante una ordenanza. El tesorero que designamos en ese momento lleva 20 años y lo sigue siendo. En la gestión me dediqué de lleno a la obra pública, andaba en la calle. A los decretos no los hacía yo, sencillamente los firmaba, firmaba todo lo que me aconsejaban”, declaró.

Reconoció después que la denuncia que recibió produjo que entre 2004 y 2005 fueron a allanar el municipio. “El segundo día de asunción nombramos a (Roberto) Ramallo por ordenanza unánime”, acotó, entre comentarios elogiosos sobre su propia gestión.

Después reclamó porque este juicio oral no salió en 2019, cuando concluyó su gestión como legislador. “Ahora soy candidato a intendente otra vez pero bueno, esto es así, es política y creo que si ganamos bailaremos con la más fea”, dijo y, posteriormente, aceptó preguntas de Fiscalía y querella.

“Los allanamientos que hubo, para la vox populi eran por un decreto falso que yo firmé. Pero en realidad no sabía nada de la parte administrativa y legal, sólo firmaba los decretos”, contestó y le fue mostrado el decreto en cuestión, el 013 del 17 de diciembre de 2003. Reconoció su firma pero no el contenido del texto, que desafectaba de las funciones en Tesorería al denunciante de la causa, Edgardo Valdemarín.

Nada personal

José Luis Cogno era secretario de Gobierno del municipio y asumió ese cargo con la primera intendencia de Vázquez. Es coimputado en el proceso que se sigue por supuesta falsificación de instrumento público. Cuando debió declarar este jueves ante la magistratura, al igual que Vázquez Cogno refirió al desorden administrativo. “Vázquez estaba en la calle y yo atendía a la gente en el municipio. En ese funcionamiento se cambió al tesorero que en realidad no era tesorero sino un jefe de área”, contó y aseguró que el desplazamiento del tesorero Valdemarín y el nombramiento de Ramallo, fueron evaluados en el Concejo Deliberante.

“Cuando cambió la gestión él quedó en el aire. Se le dio un lugar como colaborador del tesorero. Después él pidió no estar ahí. Se lo mandó de sereno a un jardín maternal y después a una plaza. Valdemarín terminó siendo una persona no querida porque él quedó del lado de los que recibían mucho y yo, por ejemplo que ya era empleado municipal, quedé del lado de los que recibían 250 federales. Nada personal, si nos vemos en la calle nos damos la mano”, declaró.

Denuncia

La causa contra Vázquez se inició en 2005 cuando el extesorero del municipio de San Benito, Edgardo Valdemarín, lo denunció por haberlo separado de su cargo mediante un procedimiento que notó irregular, publicó ayer Entre Ríos Ahora.

Concretamente, el denunciante afirmó que al regresar de una licencia por enfermedad, en julio de 2004, se le asignaron tareas de sereno y que en diciembre de ese año, tras solicitar el legajo para corroborar la disposición oficial, se llevó una sorpresa: se le pidió que firme una notificación del Decreto Nº 13 del 17 de diciembre de 2003, rubricado por Vázquez y su entonces secretario de Gobierno, José Luis Cogno, y al rubricarla advirtió que la notificación estaba fechada el 18 diciembre de 2003, es decir, un año antes. Así, se habría asentado que fue notificado un día después del decreto de Vázquez.

Según la denuncia de Valdemarín, al advertir que la fecha correcta de la notificación debía ser 15 de diciembre de 2004, se le quitó el documento de las manos.

En el decreto Nº 13, del 17 de diciembre de 2003, se hace referencia a una ordenanza que fue aprobada 13 días después, el 30 de diciembre de ese año.

A ello se suma que una pericia informática no habría hallado el archivo correspondiente al decreto Nº13, pero sí los decretos 12 y 14, que fueron creados en enero de 2004. La defensa legal de Valdemarín señaló que es materialmente imposible que Vázquez haya firmado el decreto Nº13 en diciembre de 2003.

El juez que instruyó la causa fue Héctor Vilarrodona, quien hoy disfruta de su jubilación. El magistrado estaba al frente del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Paraná.

En el año 2012, la Justicia dio por finalizada la instrucción suplementaria, pero no pudo fijar fecha de juicio ya que para entonces el imputado Vázquez era diputado y, por lo tanto, contaba con inmunidad parlamentaria. Atentos a ese impedimento para juzgarlo, se solicitó su desafuero mediante un oficio enviado al presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, quien el 19 de diciembre de ese año respondió que la Cámara Baja rechazó el pedido.