El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo. Después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes que según un informe elaborado por la AFIP presentarían alguna irregularidad, el Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2243.

La denuncia señala que la prestación social “no cumple con los requisitos de otorgamiento para gran cantidad de beneficiarios”. Marijuan había abierto una investigación preliminar después de que trascendiera información sobre el informe de la AFIP. Además existía una denuncia formulada por el diputado de Cambiemos Waldo Wolff, que investiga el fiscal Eduardo Taiano, en una causa que instruye el juez Julián Ercolini.

En el marco de ese expediente fue que declararon como testigos Castagneto y Manzur, además de funcionarios del área de Servicios Jurídicos de la cartera que conduce Tolosa Paz, y de personal del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se encarga del cruce de información de los distintos organismos públicos para corroborar si quienes solicitan recibir ayuda social están aptos para recibirla.

 “La Sra. Ministra solo anunció unas bajas de los planes en cuestión, muy inferiores a los casos observados por la AFIP en una y otra oportunidad”, cuestionó el fiscal. Para Marijuan, el informe de la AFIP “inexorablemente debía derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa Nacional de Inclusión SocioProductiva y Desarrollo Local – ‘Potenciar Trabajo’ para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta”.

El informe que elaboró la AFIP fue en respuesta al pedido formulado por el exministro Juan Zabaleta cuando inició las auditorías sobre Potenciar Trabajo en agosto pasado. Mediante un decreto firmado a comienzos del mes pasado, el Gobierno suspendió las altas del programa.

En su declaración testimonial Castagneto dijo que el organismo lo que hace en todos los requerimientos es dar información técnica en función a las bases de datos que posee y respetando el secreto fiscal, aclarando que la AFIP no emite opinión.

“Destacó el testigo que las bases de datos de la AFIP están en condiciones de brindar la información requerida, que la nómina de las personas que integran el padrón siempre se resguardó por el secreto fiscal y solo un juez puede autorizar el levantamiento del secreto y conocer la nómina, por ello siempre se le contestó al Ministerio de Desarrollo Social con números de cantidades para cada uno de los ítems consultados”, citó el fiscal en su denuncia.

De acuerdo al informe oficial de la AFIP que obtuvo el fiscal, de los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge que:

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;

- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales;

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave;

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad;

- 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior;

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros;

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social;

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación;

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.