De ANÁLISIS

“La única conclusión es que este enjuiciamiento tiene que ver con el fin de romper al Ministerio Público Fiscal porque está haciendo lo mínimo que podía hacer: realizar su tarea con independencia”, señaló tajante la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo en el marco de un proceso de jury. La definición la dio durante el conversatorio nacional realizado por la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA).

En la jornada también fueron expositores el procurador General de Entre Ríos, Jorge García; Alejandro Gullé, Procurador General de la Provincia de Mendoza y Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; Daniel Sabsay, Abogado especialista en Derecho Constitucional y profesor Universitario; y Luis Cevasco, Ex Fiscal General CABA. Fue moderador de la charla el abogado e integrante de REJIA, César Mayer.

El primer expositor fue el procurador García, quien subrayó que “Entre Ríos es una provincia que no se merece esta vulneración constitucional grosera. Es una provincia donde su justicia es independiente, donde todos los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal llegan a su cargo por concurso, salvo todos los miembros del Superior Tribunal o las cabezas del Ministerio Público, todos los jueces no le deben a nadie su nombramiento”.

En ese marco, afirmó: “La tradición de la investigación de los delitos de corrupción es una tradición entrerriana. Hemos condenado a exvicegobernadores, a diputados, exdiputados, exsenadores, importantisimos funcionarios de los gobiernos”. Y destacó que “nunca se entorpecía la investigación, más allá de la chicana de los letrados del debido proceso. Nunca se ha visto lo que se está viendo hoy”.

García destacó que investigar los delitos de corrupción “no es una ocurrencia del Ministerio Público Fiscal, sino que es una prioridad que está basada en las convenciones internacionales de Derechos Humanos. Es una prioridad que viene regida por mandato constitucional”.

“No es un capricho, sino que el Ministerio Público Fiscal sigue esa política sin ningún criterio de perfeccionismo moral”, sentenció. “Esta necesidad de investigación es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, con el respeto absoluto a las garantías procesales”, acotó.

En ese orden, apuntó sobre la situación actual: “Esto representa un quiebre”. Y reseñó: “El mío es el segundo pedido de juicio”, y diferenció “hay dos organismos aquí involucrados, el jury de enjuiciamiento para los magistrados, y el juicio político tradicional”. En ese punto, afirmó: “Acá querían que nuestra situación también fuera el jury, creo que el plan estaba preconcebido para freírnos a la doctora Goyeneche y a mí dentro del jury de enjuiciamiento. Y se acelera como la combustión de un incendio provocado con la mega causa de los contratos, que genera el primer pedido de juicio político y jury de enjuiciamiento, y cuando la causa se eleva a juicio conlleva el jury actual para la doctora Goyeneche y para mí. Y coincide con la megacausa donde el sector investigado es el urribarrismo, son todos los sectores que están vinculados con el período de gobierno anterior”.

Señaló “situaciones de gravedad muy notoria”, y entre ellas, destacó: “La más clara de todas, que más nos ha llamado la atención, es que hay una necesidad de apartar de la causa a la doctora Goyeneche, en el caso mío no pudieron hacerlo. Generar una situación que pueda distraer, voltear para decirlo así, a estos juicios, que han mostrado la enorme cantidad de pruebas que tenemos contra este caso, que no interesa quién es el acusado, sino que esto debe ser una política de estado donde todos los partidos políticos se comprometan a que este derecho humano básico afectado por la corrupción no exista nunca más en la Argentina”.

A continuación, subrayó: “Aquí aparece directamente el desplazamiento del Ministerio Público Fiscal, contrariando frontalmente normas de la Constitución de Entre Ríos”.

“De una manera absolutamente ilegal, el tribunal que tiene que ser imparcial, que solo debe decir si el acusado debe perder su cargo o no, ahí termina su competencia, ellos directamente recusan, sacan al Ministerio Público Fiscal, al procurador y pretenden suplirlo con una lista de conjueces que está prevista para los jueces”, advirtió García. Y añadió que le han “rechazado de una manera ridícula” el planteo de recusación que había presentado contra integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. “En la recusación que he planteado, que me han rechazado de una manera ridícula, planteo que han perdido absolutamente la imparcialidad, podrían haber cometido delitos, y yo como funcionario tengo el poder positivo de denunciar los delitos que estimo se han cometido de manera flagrante”.

Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, integrantes de la Sala Penal del STJ.

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Finalmente, se refirió a la sentencia en la causa Cozzi, conocida este martes, pero adoptada ayer. “Como frutilla del postre, ayer nos hemos notificado de un fallo donde una defensa llega en una causa de corrupción, de contratos no usual. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dicta una resolución de sobreseimiento, mal aplicando una regla” sobre los plazos para investigar: “Pero no establece ningún plazo fatal, y ellos equiparan eso a un plazo fatal y deciden el sobreseimiento, en contra de lo que la Corte Suprema de Justicia ha reivindicado como doctrina. Con esta resolución, que es ilegal y que la vamos a recurrir a la Corte, va a demorar muchísimos años todos los juicios en materia de corrupción”, avizoró.

Palabras de Goyeneche

A su turno, Goyeneche mencionó la “condición de vulnerabilidad de quienes tienen la misión judicial investigativa en este tipo de hechos”, refiriendo a los casos de corrupción. Y observó: “Está el patrón de que al funcionario que se encarga de investigar se procura corromperlo o romperlo”, ante lo cual entendió que en Entre Ríos “claramente estamos ante” el segundo patrón. Y analizó: “Esta segunda opción respecto de la intervención del Ministerio Público Fiscal nos da una gran satisfacción, porque nos pone en el lugar de los que no nos prestamos a otra cosa que nos es a cumplir el deber que teníamos de investigar en su momento y hoy día llevar a juicio las investigaciones de corrupción”.

En ese orden, marcó que a partir de la causa conocida como Contratos Truchos “es que la decisión de quienes estaban vinculados o atrás de la investigación fue la de tratar de generar las situaciones de perjuicios y exclusión de los investigadores”.

“Así, al mes de iniciada la causa el procurador fue denunciado en un jury por primera vez en sus 40 años de carrera en el Poder Judicial. Y estuvo 7 meses en análisis hasta que finalmente se desestimó el enjuiciamiento. La cuestión se replicó nuevamente cuando la causa tuvo la remisión a juicio, el 1 de junio de este año, y 6 días después dos abogados que son parte de la defensa de uno de los imputados en la causa aunque no lo hacen de manera formal sino de manera oculta ya estaban denunciando en los medios de comunicación que nos pedirían el enjuiciamiento al procurador García y a mí”, sentenció.

Y agregó: “En el inicio de este enjuiciamiento parecía que la situación no iba a pasar a mayores, pero se complementó esto con el inicio del mega juicio de 5 causas acumuladas contra el exgobernador Urribarri. Cuando inició el juicio se encontraron las defensas y el señor Urribarri, como principal acusado, que la prueba era aplastante, se encontraron que los testigos iban a tener que reconocer prueba documental que se les mostraba que demostraba todas las hipótesis de la acusación”.

Respecto del Jurado de Enjuiciamiento, la procuradora adjunta suspendida en su cargo apuntó: “Temprano empezó a mostrar señas de que la decisión estaba tomada y era una decisión de destitución. Empezamos a notar en noviembre que se difundían los votos en la prensa. Un mes se dijo que la apertura estaba decidida, hasta que finalmente tuvimos que forzar que nos notifiquen esto, y finalmente la semana pasada lo hicieron”.

“Entendemos que estos jueces han tomado una decisión por interferir en las investigaciones de corrupción, como el fallo de ayer. Si vemos sus antecedentes, particularmente los integrantes del STJ, tienen claros motivos para interferir en las investigaciones de corrupción: la doctora Claudia Mizawak se excusa en todas las causas en que se está investigando a Urribarri por manifestar que fue su abogada defensora, y sin embargo no se ha excusado del enjuiciamiento que se me sigue. Mizawak y Carubia también tuvieron intervención en la causa de los contratos al decidir sobre prisiones preventivas”, enumeró.

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“Hay cuestiones que nos indican que hay un claro sesgo en este enjuiciamiento, sesgo vinculado a una toma de postura, y en el hecho de excluir al Ministerio Público Fiscal del rol de acusador y del rol de control de legalidad, porque le han negado incluso al procurador que se presente recusando a los jueces, sosteniendo que el MPF no tiene nada que hacer en este enjuiciamiento. Es algo realmente insólito, pero que además nos muestra cuál es el objetivo de este enjuiciamiento. Nada tiene que ver con un principio constitucional, con el buen derecho o hacer justicia, es un objetivo totalmente sesgado, tiende a lograr la interferencia, impedimento, a la independencia del MPF en esta investigación”, observó.

“No están dadas las condiciones de legalidad en este proceso, y es una circunstancia triste desde lo institucional sobretodo”, lamentó.

“La única conclusión es que este enjuiciamiento tiene que ver con el fin de romper al Ministerio Público Fiscal porque está haciendo lo mínimo que podía hacer: realizar su tarea con independencia”, completó.

“En Entre Ríos están velando la Constitución”

“En Entre Ríos hay una gran tristeza porque hay un velorio, porque están velando la Constitución. Porque un tribunal de enjuiciamiento ha decido dejar de lado no solo la aplicación de las normas sustanciales, rituales, sino la Constitución misma”. Con esas palabras, comenzó su intervención el procurador de Mendoza, Alejandro Gullé.

Y añadió: “La decisión que dispone abrir el enjuiciamiento y desplazar al Ministerio Público Fiscal, creando un órgano acusador ad-hoc, claramente vulnera la Constitución de la provincia, y además normativa supra nacional que resguarda un proceso justo”. En ese punto, marcó que “si la excusa de apartar al Ministerio Público está en un temor de parcialidad, ignoran el deber de objetividad que tiene” ese órgano del Poder Judicial. “Ese mismo temor de parcialidad puedo tenerlo yo respecto de los miembros de la Corte cuando juzgan la conducta en un jury de jueces que dependen funcionalmente de ellos. ¿Ahí no tengo derecho de recelar?”, comparó. “Me parece una barbaridad, porque han adoptado una postura de jactancia ajena a cualquier concepto republicano, porque desconfío de ustedes, de nosotros no”, añadió.

“Han emitido un pronunciamiento que va en contra de las normas, han ejercido facultades que no tienen, han creado un órgano acusador extraño al que prevé la Constitución. Esto hace pensar a cualquiera que ya tienen tomada una decisión final en el proceso o que cuanto menos se quieren asegurar que la decisión final sea la que ellos están propugnando”, opinó.

“Estamos hablando del perjuicio a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. La contradicción es tan grosera que respecto del doctor García dicen que no son competentes, pero eso sí, lo apartamos de todo el proceso de jury de enjuiciamiento”, evidenció.

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“No es una actitud corporativa de protección a la doctora Goyeneche o al doctor García, de quienes tengo el mejor de los conceptos, sí vamos a defender el debido proceso, la legalidad y a nuestra república”, finalizó, en lo que fue una respuesta, sin mencionarlo, al comunicado de los integrantes del STJ en el Jurado de Enjuiciamiento.

“A mí lo que me parece más grave es que ocurre nada menos que en la provincia que es cuna de la Constitución nacional”, lamentó el constitucionalista Sabsay. “Lo que hoy ocurre tiene las características más sorprendentes y desesperantes de una desconstitucionalización creciente”, definió.

“El mal hábito, si se puede decir así, de modificar la Constitución como le antoja, y trastocar el orden constitucional atribuyendo facultades a órganos que no existen, un claro avasallamiento de facultades legales o constitucionales”, advirtió luego.

“Vemos también un principio impresionante de desigualdad ante la ley”, marcó. Y destacó que “Argentina mediante dos convenciones se ha comprometido a luchar contra toda situación de corrupción y a remover todo obstáculo que impida la lucha contra la impunidad. Y en este caso es todo lo contrario, es toda una estrategia encaminada al logro y consagración de la impunidad de los poderosos”.

Finalmente, Cevasco hizo notar que está “siempre presente la situación del poder ejerciendo la búsqueda de su impunidad; es lo que está ocurriendo hoy en Entre Ríos, porque esta forma jurídicamente ridícula con la que se ha manejado el jurado de enjuiciamiento de la provincia no es más ni menos que la misma forma en que se ha manifestado el poder buscando la impunidad por los actos de corrupción”.

“Esto muestra el peso de la prueba, de la evidencia; y la búsqueda es que no se muestre en los juicios orales y públicos ante la opinión pública”, aseguró. También mencionó “la búsqueda de desacreditar a los acusadores” en las causas de corrupción. “El modo de desacreditar el proceso es decir que quien lo está llevando adelante está interesado en el proceso”, advirtió.

Pasos a seguir

Sobre el final, García mencionó respecto del proceso de jury: “Habría un flagrante delito en desplazar al órgano de la Constitución. Esto tiene un aspecto que es la proposición, y tiene que lograr su cometido, es decir que algún abogado de la lista acepte el convite ilegal. Hasta ahora no han logrado hacerlo, espero que no logren para que no se consume de nuevo otro delito, que es el de aceptación”.

Y contó sobre el jurado de Enjuiciamiento: “Nos han dicho en la contestación de la recusación que no tenemos competencia para recusar porque ellos se han declarado incompetentes, y nos advierten que estamos amedrentando con el Código Penal. Evidentemente hay un redoblar de la tarea. Y estamos analizando todas las alternativas, recurrir a la Corte Suprema, Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Por último, Goyeneche cerró: “Estamos formados para la reacción jurídica y la pretensión es reaccionar con las herramientas legales. Y ahora nos encontramos con algo totalmente distinto, que es el sometimiento al procedimiento de un juzgamiento ilegal. Estamos estudiando las vías a seguir pero las vías a seguir son distintas, que tienen que ver con la defensa de la institucionalidad primero. Tenemos que recobrar en Entre Ríos las vías institucionales para resolver los conflictos. Esto es lo que se ha quebrado y lamentablemente lo ha roto integrantes del jurado de enjuiciamiento encabezado por miembros del Superior Tribunal de Justicia”.