Pese a que avanza la quiebra del Correo Argentino, la sala B de la Cámara Comercial cedió ante un pedido de Socma y mandó a la Corte Suprema el expediente para que resuelva si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) tiene competencia para meterse en el caso por la ventana como lo hizo en junio, cuando la empresa pretendía desplazar a la fiscala Gabriela Boquin y a la jueza Marta Cirulli. Es decir, el proceso de quiebra debería avanzar, lo que incluye la posibilidad de que sea extendido a las firmas accionistas, principalmente a la propia Socma, pero en paralelo queda una puerta abierta para que se entrometa la justicia porteña y hasta se quede con el expediente del concurso de acreedores que dio origen a este intríngulis y que tiene 20 años de existencia. 

El intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño, presidido por Inés Weinberg de Roca, una aliada del expresidente a la que intentó convertir (sin suerte) en Procuradora General, fue parte de la ofensiva para sacar de juego a Boquin, la fiscal que puso a la vista todas las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria, y a la jueza Cirulli, quien tenía la llave para decretar la quiebra. Fue una apuesta con astucia, que profundizó una discusión de larga data sobre el posible traspaso de los tribunales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque ese traspaso nunca se hizo, ni se aprobó una ley al respecto, el TSJ vaticinó que eso ocurrirá en el futuro y se adjudicó así la posibilidad de intervenir hasta en el concurso de acreedores. 

La clave es que el Correo, pero en especial ahora su controlante Socma, confían en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto en el TSJ también están Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia de Germán Garavano, y Vivian de Langhe, nombrada en 2010 directora en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, durante la administración de Macri, publicó Página12.      

La nueva decisión de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, causó sorpresa en tribunales porque en resoluciones anteriores habían reafirmado su competencia frente a la Corte porteña. Esta vez reconocieron un conflicto que pone en juego qué tribunal y jurisdicción deben intervenir ante el pedido de Socma.

Aunque parece una sutileza técnica, hay quienes ven una contradicción en la decisión del tribunal de alzada. A la vez, no es un dato menor que la presentación sea de esta empresa (y ya no del Correo), porque es la que está en riesgo de tener que cargar con la quiebra. También le había pedido al TSJ que mande todo a la Corte, algo que aún no fue resuelto. Los accionistas de Socma hoy son los hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana fallecida Sandra Macri. La mayor parte del paquete la tiene Gianfranco Macri, investigado en otras causas como presunto testaferro del expresidente. 

Qué efecto tiene este fallo de la sala B de la Cámara Comercial

• Poner en manos de la Corte Suprema una decisión sobre la posible competencia del TSJ porteño respecto de fallos que dicta la justicia nacional, en este caso el fuero nacional comercial en un concurso de acreedores y ahora en la quiebra. Lxs supremxs tienen otra causa para resolver, muy similar en la discusión por la competencia, que de hecho fue invocada por sus colegas de la Ciudad para inmiscuirse en el asunto del Correo: es una demanda civil de la familia del artista plástico León Ferrari contra el panelista Gabriel Levinas, a quien le había dado unos cuadros para exponer en París en 2008, no se los devolvió, dijo que los vendió y no le dio el dinero. Un fallo ordenaba ordenaba pagarle a sus herederos 88.000 dólares. En ese mismo expediente el TSJ coló un párrafo más que llamativo donde allanaba el terreno para hacerse cargo también de expedientes del fuero comercial. Es grosero desde el punto de vista jurídico que la justicia local/provincial se atribuya revisar o absorber casos de la justicia nacional. 
• Existe una posibilidad de que el envío a la Corte sea utilizado como excusa para frenar la investigación sobre maniobras de vaciamiento, manipulación de las mayorías y otros fraudes incluso con los acreedores, que es clave para determinar cómo avanza el proceso de quiebra y la posibilidad de su extensión a Socma, que el Estado nacional ya anunció que pedirá. 
• Se abre también un atajo para que el Grupo Macri continúe con la disputa por trasladar todo el expediente comercial a la justicia porteña. La opción es remota y descabellada, pero también lo era que interviniera el TSJ, algo que igual sucedió. El propósito de los recursos antes los jueces porteños era apartar a la jueza Cirull y a la fiscala Boquin. Según lo que decida la Corte Suprema, habrá posibilidades o no de reeditar esa discusión.