El fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, que aspira a ejercer ese cargo en Gualeguay, se refirió este jueves a la impugnación de su pliego que presentó el ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón. “Lo que pienso de todo esto es que una persona que resulta ser uno de los más altos responsables de tutelar por la vigencia de la Constitución Provincial se valga de mecanismos institucionales tan valiosos para lograr objetivos tan bajos”, soltó en el marco de la audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Horacio Amavet (Frente Creer-Uruguay).

El exmagistrado presentó la impugnación contra el funcionario judicial por entender que había falseado datos de un vehículo de su propiedad en la causa que se abrió el 28 de marzo a raíz de los incidentes que tuvieron lugar en un kiosco de La Paz.

El escandaloso incidente ocurrido en un kiosco que funge como bar en cercanías del domicilio particular de Castrillón en La Paz disparó tres causas penales: Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, el comercio donde ocurrió la batahola que incluyó improperios y golpes, presentaron una denuncia contra Castrillón; a su vez, Castrillón denunció haber sido víctima de una golpiza. En esos casos, intervino el fiscal de turno, Facundo Barbosa. Pero después todo se desmadró: el padre del fiscal, Carlos Miguel Barbosa, denunció por amenazas al magistrado. Finalmente, el fiscal fue apartado de la causa.

“Se trata de una impugnación que en sus términos es oscura, ya que se refiere a datos que no se corresponden con la realidad. Se señala que dolosamente he falseado datos de un vehículo de mi titularidad, registrado en San Gustavo. Lo cierto es que no he falseado nada. Ese era el domicilio que figuraba en mi DNI al momento de adquirir ese vehículo hace unos cuantos años atrás por razones profesionales que son cotejables a la hora de ver mis antecedentes”, señaló, recordando que fue asesor legal del municipio de San Gustavo, ubicado a pocos kilómetros de La Paz.

“Es un vehículo que hace más de un año que le he vendido a mi hermano, pero no he realizado la trasferencia porque se lo he vendido en cuotas y quedamos en que íbamos a hacer la trasferencia cuando lo termine de pagar”, señaló luego.

Enseguida, refirió que “no hay nada extraño o ilícito como por ahí se pretende hacer ver en esa impugnación”. “Otra cuestión es la afirmación hilarante relativa a que yo había dejado el auto el día que ocurrió el incidente, que tuvo como protagonista a la persona que efectuó la impugnación. Pero no es cierto”, añadió, publicó Entre Ríos Ahora.

En ese marco, resaltó que los elementos en su contra no fueron presentados en la impugnación y relacionó la misma con una maniobra en el marco de la causa que estaba a su cargo: “Creo es que esa impugnación ha sido introducida con la finalidad de poner un motivo para luego lograr mi apartamiento de la causa donde se investigaba al impugnante. No hay nada casual. Se presenta la impugnación y cinco días hábiles después se presenta el apartamiento de la causa con base en la impugnación”.

Al finalizar, cuestionó en duros términos la maniobra de Castrillón: “Lo que pienso de todo esto es que una persona que resulta ser uno de los más altos responsables de tutelar por la vigencia de la constitución provincial se valga de mecanismos institucionales tan valiosos para lograr objetivos tan bajos”, cerró.