La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una serie de fallos en contra de planteos que promovieron José López, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito; Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación; y Atanasio Pérez Osuna, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Además, el máximo tribunal decidió que una causa contra el ex ministro De Vido por supuestas irregularidades en un plan de viviendas siga instruyéndose en la provincia de Chubut, en vez de pasar a Comodoro Py.

El máximo tribunal resolvió analizar una serie de presentaciones hechas en la causa que investigó el patrimonio de José López, quien fue detenido en junio de 2016 cuando llegó al convento de General Rodríguez con unos bolsos en los que había: 8.982.047 de dólares, 153.010 euros y 159.114.

En junio de 2019, López fue condenado a 6 años de prisión por el enriquecimiento ilícito, junto a su mujer, María Amalia Díaz, que recibió 2 años de prisión de ejecución condicional por ser partícipe secundaria de López. Por su parte, la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez, fue absuelta del delito de encubrimiento.

También fueron condenados dos personas a las que se acusó de testaferros de la casa de Tigre en la que Lopez vivía: Andrés Enrique Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez, señalados como partícipes necesarios de enriquecimiento ilícito y sentenciados a 2 años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional. En tanto, quedaron absueltos el empresario rosarino Carlos Gianni y el abogado Marcos Artemio Marconi, que estaban acusados de ser los prestanombres de López en una vivienda del barrio porteño Recoleta.

La defensa oficial recurrió a la Corte para impugnar la aceptación de la Unidad de Información Financiera como querellante en el juicio oral. En primera instancia la Cámara Federal se había opuesto a que ese organismo que por entonces lideraba Mariano Federici fuera querellante. Decían que si existió enriquecimiento ilícito no hubo lavado de dinero. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa resolución y aceptó a la UIF por entender que “la vinculación entre el delito de enriquecimiento ilícito que se viene investigando como delito precedente del lavado de activos justifica la pretensión del organismo estatal para querellar” en la causa.

La defensa de López y su esposa presentaron recursos extraordinarios no solo por la incorporación de la UIF como querellante en el debate sino también la recusación de los camaristas de la Sala II de Casación. El tema llegó a la Corte Suprema, que ahora, por unanimidad, que resolvió rechazar “in limine” los planteos.

En otra de las resoluciones, la Corte también rechazó la apelación a denegatoria de excarcelación sobre López, en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite al máximo tribunal desestimar un planteo invocando esa norma cuando no haya “agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La resolución lleva la firma de los cinco ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Por la misma causa de López, también se rechazó un planteo de otro de los condenados, Galera, contra uno de los miembros del tribunal que llevó adelante el juicio oral, Ricardo Basílico.

Mientras tanto, la Corte también rechazó las presentaciones que había formulado la defensa del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y del ex intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna, en el marco de la causa que investiga la malversación de fondos por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el expediente por el que quedó preso en 2017 el entonces diputado Julio De Vido.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Baratta había planteado la recusación del juez de Casación Carlos Mahiques y reclamaba la nulidad de los fallos en los que él intervino, pero los pedidos de la defensa fueron rechazados. Además se lo intimó a efectuar el depósito del monto de dinero que tiene que presentar la parte que apela al máximo tribunal.

En tanto, Pérez Osuna impugnaba su procesamiento con preventiva y el rechazo de su excarcelación, pedido que también se desestimó en el máximo tribunal.

Por último, el máximo tribunal resolvió una cuestión de competencia entre dos tribunales, uno de Comodoro Py y otro de Chubut, en una causa que involucra a De Vido por dos programas de viviendas federales ejecutadas en los años 2004 y 2005. El fallecido juez Claudio Bonadio había reclamado la causa que se abrió en 2006 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans y los funcionarios judiciales de Chubut rechazaron el pedido. Ahora, la Corte determinó que siga tramitándose en esa provincia.