N.B. de ANÁLISIS

La jornada de este jueves en el juicio que ventila las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio, se extendió hasta después de las 17.30. Cerca de las 14 comenzaron sus dúplicas los defensores.

Para las 10 de este jueves están citadas las partes. La treintena de imputados tendrá oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes del adelanto de sentencia que será el lunes próximo.

“Estirar la prueba”

El defensor Guillermo Vartorelli duplicó por el imputado Gastón De la Fuente. Es que el fiscal Candioti respondió al alegato del abogado Gastón Storero que este jueves no estuvo en la audiencia. Storero dijo la semana pasada que su pupilo no llegó a concretar ningún delito y pidió que si lo condenan sea por “ideación”.

Gastón De la Fuente está acusado de buscar campos en el norte de Entre Ríos, precisamente en el departamento La Paz, para que aterrice la avioneta cargada con más de 300 kilos de marihuana. La aeronave terminó aterrizando en Villa Urquiza, en el campo que consiguió Luis Céparo, propiedad de los hermanos Ghibaudo.

La acusación formal señaló el vínculo de Gastón De la Fuente con Miguel Ángel “Titi” Celis, hermano de “Tavi”, que habría estado al mando de estas actividades porque estaba en libertad.

“Entiendo que la Fiscalía advirtiendo los sólidos argumentos expresados por el abogado Storero, ha tratado de controvertirlos, buscando estirar la prueba para hacer encajar en su postura, es un propio elemento medieval”, cuestionó el defensor.

“De la Fuente no tuvo ninguna intervención respecto de las pistas de María Grande y Villa Urquiza. Fueron claros los testigos policiales que, en un principio, el que estaba a cargo de la búsqueda en el norte de Entre Ríos era el cordobés. Pero luego esta persona se desentiende y continúa Luis Céparo”, marcó Vartorelli.

“Lo fundamental y esencial es que no hay elemento de cargo suficiente para sostener su acusación. De la Fuente no fue visto en el lugar, no fue localizado al momento del aterrizaje del avión. Esto es fundamental, la no intervención de De la Fuente en cuanto a la fase ejecutiva”, subrayó.

Por otro lado solicitó la devolución del celular secuestrado a la consejera espiritual de los Ghibaudo, Esther Márquez, sobre quien no se formuló acusación.

Nulidades y cambios de calificaciones

La defensora oficial Noelia Quiroga sostuvo las nulidades planteadas sobre el inicio de las investigaciones. “La hipótesis que se trasladó droga en un camión municipal y es la droga que fue secuestrada en los el predio de los Alemanes del Volga, no se acreditó. Se estableció una intervención telefónica con dichos no probados. Las tareas de vigilancia fueron insuficientes. ¿En qué consistieron? ¿En sacarle fotos a Leguizamón y la señora sentados en la puerta de su casa? ¿En sacarle foto a los autos? Esto no es ninguna prueba de culpabilidad”, contestó.

Reiteró que “se afectó la privacidad de personas en las comunicaciones” con datos insuficientes. Recordó que en la causa Caudana que el año pasado se sustanció ante el mismo tribunal, quien era considerado “colaborador” del jefe era Juan Ramón Colliard, a quien se condenó a 3 años de ejecución condicional y pidió el mismo criterio para sus defendidos.

Refirió a la acusación contra Miqueas Córdoba y aseveró que si su aporte “hubiera sido tan esencial como se pretende, lo hubiesen mencionado los testigos”.

En el mismo sentido duplicaron por el imputado Marcos Velázquez. “Su plan se empezó a diagramar con Celis pero nunca se llevó adelante, nunca se ejecutó ni se cerró”.  

La defensora coadjuvante Gisella Cancilleri también habló por la imputada María Laura Zurita y recalcó que “recibía órdenes”. “Si la sacamos de escena, todas las acciones se hubieran llevado a cabo igual”, remarcó. Ese fue el pedido porque para la mujer también se pidió una pena por considerarlo coautora del comercio agravado de estupefacientes.

En tanto, el defensor Joaquín Castelli reeditó sus pedidos para los imputados Eduardo Humberto y Nahuel Celis, y Wilber Figueroa Lagos.

Vuelven a pedir la absolución de Luciana Lemos

La defensora volvió a pedir la absolución de Luciana Lemos. “Obró bajo amenazas y coacción por parte de Daniel Celis. Eso quedó comprobado con numerosas intervenciones telefónicas, de su propia denuncia y de su historia clínica que concluyó en los episodios físicos y psíquicos por su estrés familiar. Pidieron 4 años y 6 meses para ella por sus aportes importantísimos, merece una pena menor. Merece acceder a la libertad por los datos reveladores”, reclamó Quiroga.

“Tavi no formó parte de la avioneta”

El defensor Leopoldo Cappa repitió que Daniel “Tavi” Celis no organizó el aterrizaje de la avioneta con marihuana en Villa Urquiza. “Esto no se acreditó. Candioti dijo que hay que darle importancia al debate y acá Celis dijo que no participó en la avioneta. Por otro lado, Luis Céparo (coimputado arrepentido) no es una persona de fiar. Daniel Celis no tiene que ver con la causa avioneta”, subrayó. “Esto se constata con los modus operandi. ¿Celis tuvo el mismo modus operandi en las dos causas? No”, acotó.

“Las mentiras de los arrepentidos fueron tomadas como colaboración”

“Entre los alegatos y las réplicas, derivamos en una mera cuestión interpretativa. Ellos interpretan de un modo y nosotros de otro. Y el tribunal tendrá que decidir qué interpretación es la que vale”, dijo el abogado defensor de los hermanos Ghibaudo.

“El punto es que las mentiras de los arrepentidos fueron tomadas como colaboración. Y los imputados pueden mentir”, acotó y acusó a los fiscales de cambiar el sentido de las palabras de los mensajes de texto.

“La Fiscalía dijo como tres veces que en Paraguay no se fabrican agroquímicos, googleamos y hay tres empresas que fabrican agroquímicos en Paraguay. No hay necesidad de mentir así, eso demuestra la escasa investigación”, duplicó el abogado.

Algo similar ocurrió con los imputados Miguel Celis y Cristian Silva. Su defensor Augusto Lafferriere reeditó los cuestionamientos en su alegato defensivo. Refrescó la declaración de imputado de “Titi” Celis y reiteró que Silva no participó en la búsqueda de pistas y que no está probado la búsqueda de bidones para el combustible de la avioneta.   

Dúplicas por Hernández: escuchas y el acta de allanamiento

Los abogados María de los Milagros Serra Cullen y Emilio Fouces duplicaron la réplica fiscal en cuanto al rol que se le asigna a Pablo Hernández. Volvieron a pedir la exclusión probatoria de mensajes y acusaron que los fiscales no escucharon ni evaluaron todo el expediente. “Tiene que existir una orden judicial para acceder a las conversaciones privadas. Por eso vuelvo a solicitar la exclusión probatoria y no puede ser valorado por el tribunal”.

También arremetieron contra la advertencia de los fiscales porque mencionaron al ex concejal Emanuel Gainza que fue sobreseído. “Se nos critica mencionar un sobreseído, cómo no vamos a hacerlo y valorarlo si Lemos lo involucra en sus declaraciones y está en el cuaderno”, se quejó la abogada.

Atacaron la investigación al considerarla “desprovista de pruebas, con incongruencias groseras”. Aunque después reclamaron “ver la prueba de manera conglobante”.

Fouces volvió a la carga contra el acta de allanamiento en la casa de calle Segundo Sombra y República de Siria, propiedad de Daniel Celis. “Hay un acta que genera muchas dudas y la taché de falsedad ideológica y material.  Esa acta debería tener una pulcritud tal que no deje dudas porque es el allanamiento que genera todo esto. Todavía no sabemos si pasó o no el can. Si estuvo o no el juez. Yo no dije que el juez mintió, porque si lo pensara hubiera tomado las medidas que corresponden. Pero según ese acta en la casa había una sola caja fuerte y acá hubo testigos que dijeron que hubo dos o tres cajas fuertes. Hay contradicciones importantes”, señaló.

Posteriormente, reafirmó las dudas sobre la firma de los testigos civiles del acta de allanamiento. “Esto es producto de los que llegan con muy poco. A veces nos pasa a los defensores”, ironizó.

Contradicciones

Juan Pablo Temón y Marcos Rodríguez Allende contestaron por Alan Viola y Griselda Bordeira respectivamente.

“¿Desde cuándo mantener una relación con alguien privado de la libertad es un delito? Todo el alegato son interpretaciones subjetivas. No se aportaron elementos objetivos”, reclamó el primero de los letrados y pidió “dictar la falta de mérito porque Alan Viola nunca fue por droga ni llevó plata a la casa de Lemos”.

A su turno, Rodríguez Allende se quejó: “Nuevamente se puso como indicio preponderante, el hecho que dos testigos hicieran referencia a que Bordeira se comunicaba con Celis del modo que lo hace. Estamos cansados de analizar esto. No es un indicio vehemente de acusación. No se puede construir financiamiento a partir de eso. Nosotros no dijimos que Frías era un testigo contaminado. Es un testigo al que podemos darle una buena teoría, él tuvo la mejor de las voluntades pero la interpretación del 5/9/17 es posible que se haya equivocado y dijimos por qué se equivocó. Porque el interpreta cuando Celis le dice a Orundes Ayala que acordó con el intendente, él pensó que eso tenía que ver con la financiación. Pero hay otra cosa, el acuerdo político y hay que analizarlo con ese lente. Porque es cierto que Celis trabajó políticamente para Varisco. Y Celis se valió del Movimiento Vecinalista Oeste para exigir determinadas cuestiones que a él no se lo cumplieron”, remarcó.

En la misma línea agregó que “las exigencias de Celis eran lícitas, no ilegales. El Ministerio Fiscal no dice nada que las exigencias que reconoce Lemos. Ella cuenta que iba a buscar plata porque le exigía Celis por la campaña. Exigía un pago de 2 millones de pesos en 50 mil mensuales. Esos 50 mil se acercan a la plata que le entregaba Hernández y Bordeira a Lemos y no al financiamiento de estupefacientes”, resignificó.

También tuvo un apartado para la situación de Gainza. “Estuvo anotado en los cuadernos, nombrado igual que Bordeira. ¿Por qué se imputa a una persona y la otra no? Ya sé que está sobreseído, no le estoy echando responsabilidad, pero en el análisis global hay que mirar con lógica. Hay contradicciones”, subrayó.

Formas de la “inquisición”, “tortura legal” y “carnicería de honores”

Por último duplicaron los defensores de Sergio Varisco, Miguel Cullen y Rubén Pagliotto.  “Asistimos no a una réplica sino a un nuevo alegato”, se quejaron. Volvieron a atacar las declaraciones de arrepentida de Luciana Lemos, reeditaron una analogía a los procesos inquisitoriales y reafirmaron sus cuestionamientos a la negativa de careo entre Lemos y otros imputados.  

“Es para tomar en cuenta el valor que se le dará a esa declaración. Lo dicho por la imputada en el ejercicio del derecho de defensa, no se corrobora con la realidad. Sus dichos tenían indicios de verdad pero cuando refiere a funcionarios municipales es donde se comprueba que falta a la verdad. ¿Vamos a financiar el relanzamiento de una mega banda que comerciaba cocaína con 30 mil 40 mil o 50 mil pesos por mes? El juez instructor generó una teoría que era almacenar estupefacientes en 2017 para la campaña en 2018. Es una locura”, arremetió Cullen.

“Varisco debía suponer, según Fiscalía, que sus funcionarios municipales iban a darle dinero a Lemos y que ese dinero sería utilizado por Celis para la adquisición de tóxicos. Eso no acredita el dolo, así como no lo acredita que en otras causas se haya probado una organización de comercio desde la cárcel”.

“El primer ejercicio de humanidad es ponerse en los zapatos del otro. Hay gente que lleva dos años y nueve meses en la cárcel por esto y no es gratis. Por eso tomé distancia intelectual muy marcada con el juez federal Leandro Ríos y se lo hice saber. ¿Dónde están las pruebas que den cuenta acabadamente, de manera certera, para que le den 10 años a Varisco. Es muy grave”, contestó Pagliotto a su turno.

Precisó que “40 mil pesos por mes no es una gran cantidad de dinero y no es plata para apalancar una banda de comercio de cocaína”. “Ustedes, desde el MPF usaron el estiramiento de pruebas cuando no les daba. Muchas cosas singulares se las puso en plural, por ejemplo el tema del camión municipal sin GPS. Pasaron al plural una sola conversación de Celis, donde le pidió a Hernán Rivero y el empleado municipal lo ninguneó”.

Reeditó críticas al informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal. “No se puede insistir con eso. El informe que no es pericia fue contestado por los contadores de la Municipalidad, porque se vieron agraviados con tamaña acusación y llevaron esa respuesta al Colegio de Contadores”, acotó.

Comparó a la dictadura militar con “el poder que se le da a ciertos personajes de la Justicia y la prensa”. “No hablo de nadie de Paraná”, aclaró.

“La vedette de las pruebas son las declaraciones de Lemos. Por mi absuélvanla, pero no todo lo que ella dice es absoluta verdad. A eso no lo comparto y quiero que quede clarito. Porque acá se hizo una carnicería de honores. Se mancillaron honores a raudales. Y todo eso da paso a que un loquito trompee a un intendente”, cuestionó.   

No ahorró críticas respecto al pedido de pena para Luciana Lemos, que perforó el mínimo previsto en el Código. “El problema es que para algunos tenemos penas muy altas y para otros perforamos el mínimo. Y no hay una sola explicación, salvo que no sean las declaraciones de Lemos”.