Fundador de FOPEA, organización de la que fue vicepresidente por muchos años, Fernando Ruiz es un académico conocido y reconocido en el mundo de los medios. Experto en la relación entre periodismo y democracia en América Latina, es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo y docente full time de la Universidad Austral, además de autor de distintas obras sobre historia del periodismo, como Guerras Mediáticas; Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo y Cazadores de noticias; Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas, entre otros.

Especialmente involucrado con el análisis de la resolución del juez Alejo Ramos Padilla por la que procesó al periodista Daniel Santoro, junto con los más destacados referentes y organizaciones de periodistas de la región, está convencido de que no se puede usar el Código Penal para criminalizar la actividad periodística. Consultado sobre recientes declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que cree que no debe haber leído el fallo del juez, sino no hubiera dicho que hubo intentos de extorsión de parte de Santoro, y que hay que realizar un acuerdo que marque una línea roja para proteger al periodismo profesional. Aquí, el diálogo con Infobae.

– Usted ha señalado que el juez Alejo Ramos Padilla procesó a Daniel Santoro por extorsión a pesar de no haber comprobado ningún afán de lucro de su parte…

– No solo eso, sino que el juez dice explícitamente que Santoro nunca tuvo afán de lucro en sus acciones.

– ¿Por qué lo procesó por extorsión?

– Es un intento de utilizar el Código Penal para criminalizar la actividad periodística. Existe en el planteo del juez algo que llama "círculo de autolegitimación", una especie de alianza espuria entre algunos jueces y fiscales y algunos periodistas comparten información para publicarla en los medios e incorporarla en las causas judiciales. Pero en la historia del periodismo de las sociedades democráticas siempre pasó eso, la construcción informativa se hace con retazos de distintas fuentes, algunas del Poder Judicial, otras del Legislativo, de otros ámbitos, con el que se va realizando una comunidad de fuentes que -finalmente- construye una noticia. No es una alianza espuria. Es solo algo que después el juez debe verificar si es cierto o no. Otra cosa que dice es en este circuito existe información ilegal, extraída ilegalmente del Estado, y que después es blanqueada en la publicación de los medios de comunicación a través de periodistas.

– ¿Qué pasa con los casos en los que la información se extrajo ilegalmente y luego fue publicada?

– Hay infinidad de casos. Por ejemplo, el caso Watergate, donde un ex director del FBI le da información off the récord a dos periodistas del The Washington Post sobre las actividades presidenciales ilícitas. O el caso Snowden, un agente de inteligencia que le da información que extrajo ilegalmente a un periodista de The Guardian.

– ¿El juez Ramos Padilla desconoce el trabajo de investigación periodística?

– Esa es una pregunta para él, es lo que está en el texto. El criminaliza esa relación entre periodistas y funcionarios del Poder Judicial u otros ámbitos. A un periodista lo único que le interesa es si esa información es buena o mala y, sobre todo, si es de interés público.

– Santoro es un periodista con 30 años de trayectoria. En el único caso en que se comprobó que publicó una información errónea fue sobre una cuenta abierta en el exterior de Nilda Garré y Máximo Kirchner y se rectificó en seis oportunidades…

– Sin duda, cuando un jugador de primer nivel patea un penal, a veces la pifia. Y nunca vas a ver a los jugadores criticando a un jugador que erra un penal, porque se sabe que es algo que forma parte de la rutina deportiva. Messi erró penales. Claramente uno puede esperar que la tribuna lo insulte, pero no los propios colegas. Cualquiera que hace periodismo sabe que comete errores, porque está trabajando con información provisoria, que la dan fuentes que muchas veces tienen intereses, con poco tiempo para chequear y publicar. El error forma parte del trabajo periodístico, claramente. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre esos errores sin que eso genere una crisis de legitimidad, y que forma parte de la práctica y que lo que se tiene que hacer es avisar a la audiencia del error, lo que Santoro hizo seis veces, no una.

– ¿Será que hay periodistas y operadores que sí hacen este círculo de autolegitimación del que habla el juez?

– Bueno, yo describo al Operativo Puf como un círculo de legitimaciones. A mediados de enero, ya se comunica que va a salir publicado por Horacio Verbitsky en su página web El Cohete a la Luna y que va a tomar la denuncia el juez Ramos Padilla. Ya se sabía cómo iba a actuar la rama judicial y la rama mediática en ese caso.

– ¿Eso quiere decir que quieren ubicarlo a Santoro en la misma condición que Verbitsky y el juez utiliza lo del círculo?

– Claro, pero no lo reconocen. El Operativo Puf es un intento de afectar una causa principal, la causa de los cuadernos, a partir del armado de otra causa. Porque, en gran medida, si uno ve los denunciantes que están en Dolores son los denunciados en la causa de los cuadernos. Hay una especie de puente aéreo por el cual los que son denunciados en Comodoro Py se convierten en denunciantes en Dolores. Aunque todo eso es más allá, porque lo que yo intento entender es el periodismo y mi preocupación es la relación entre el Código Penal y la actividad periodística. Si se va a criminalizar la rutina habitual de un periodista de investigación, que además está protegido por la Constitución, que protege el secreto de las fuentes como garantía clave del funcionamiento republicano…

– Ahora se sumó la declaración de Alberto Fernández, que dijo que "una cosa es hacer periodismo y otra fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos"…

– Yo creo que Alberto Fernández no leyó el fallo, porque no podría avalar el procesamiento. Por supuesto que está totalmente equivocado. Un periodista como Santoro, con su trayectoria, no manda mensajes, no es chantajista. Existen periodistas extorsionadores, y sin duda medios también. Grandes novelas publicadas en el último tiempo tienen que ver con el chantaje realizado por dueños de medios, una de Vargas Llosa y la última de Umberto Eco antes de morir, Número Cero. Existe el chantaje, pero me parece que en este caso Alberto está hablando sin haber leído la resolución.

– ¿Qué tenemos que hacer los periodistas frente a esta situación?

– Me parece que con el candidato hay que entender la experiencia previa, cuando él fue Jefe de Gabinete y estableció dos niveles de contactos con los medios de comunicación. Uno, a través de los medios, con quienes intentaba negociar. Y, después, con las redacciones, cuando empieza a buscar quiénes son sus periodistas más afines. Y a veces la operación es muy brusca. Recuerdo cuando Claudio Savoia publicó la investigación sobre la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, Alberto salió muy duro contra él, personalmente. Hay como varios Albertos, que se van adecuando a la situación.

– ¿Cree que podría tener una actitud de control de los contenidos periodísticos, aunque sea informal?

– Yo creo que va a estar atento, pero me da la impresión de que es una persona con la que se puede hablar, tengo esa convicción. De hecho, una vez lo invité a mi curso en la Universidad y nos dio una clase extraordinaria sobre comunicación y política. Es un gran profesor, tremendamente inteligente, y creo que se pueden construir acuerdos.

– ¿Cuál tendría que ser el acuerdo?

– Nada raro. Una línea roja que proteja el periodismo profesional. No que proteja los errores, sino el funcionamiento del periodismo profesional. Si hay errores, hay que admitirlos y corregirlos. Defender el periodismo profesional no es defender los errores del periodismo profesional sino las prácticas, las rutinas, los valores generales.

– ¿Considera que hay un intento de crear un código penal mediático?

– Si se le adjudica a la tarea de los periodistas el concepto de acción psicológica va a pasar lo que está haciendo el juez Ramos Padilla, que es darle a personas de la Comisión Provincial de la Memoria, cuyo expertise es analizar los archivos de inteligencia del general Camps durante la dictadura militar, que analice notas periodísticas. Para eso, el juez le da toda la obra periodística de Daniel Santoro en 30 años. Se lo da a gente experta en analizar información de inteligencia. La ley nacional de inteligencia hay que aplicársela a los agentes de inteligencia, no a los periodistas. Si le aplicás el marco regulatorio de la ley nacional de inteligencia al periodismo, estás criminalizando la actividad periodística. Cuando escribís una nota establecés tu marco de interpretación, tu información, nadie puede venir a decir que es la estrategia de un servicio de inteligencia para crear determinado estado de opinión. Si vos criminalizás eso, estás criminalizando la libertad de expresión. Y eso es muy doloroso porque por la manera en que debatimos los temas en la Argentina, rápidamente se cristalizan bandos, se generan estigmatizaciones y linchamientos. Y los seres humanos no son inmunes a eso.