En la sesión realizada este martes, el Senado entrerriano dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que pide declarar la emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas.

El proyecto había logrado previamente dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas. La emergencia permitiría contrataciones más ágiles que permitan paliar la situación.

Ahora, pasa a la Cámara de Diputados.

El debate

La presidenta de la comisión de Obras Públicas Nancy Miranda (Más para Entre Ríos – Federal) destacó que “se hizo un trabajo donde a pesar de tener diferentes miradas se logró un dictamen favorable para la ley”. Y sostuvo: “El gobernador manifestó que era necesaria esta ley para cumplir con algunos compromisos que están pendientes con empresas con las que la provincia tiene diferentes obras. Nosotros vamos a darle a la provincia la herramienta que necesita para que se puedan solucionar, y confiamos en que los meses que vienen por delante las obras puedan continuar en nuestros departamentos”.

Seguidamente, Víctor Sanzberro (Más para Entre Ríos – Victoria) se explayo: “En nuestro bloque el tratamiento de este asunto generó debate, análisis y, tal como adelantó mi compañera, la decisión del bloque es otorgar esta herramienta que el Poder Ejecutivo manifiesta necesitar. Pero, sin perjuicio del otorgamiento de la herramienta, creemos fundamental realizar algunas consideraciones que para nosotros son centrales”.

En ese orden, señaló “lo escueto, lo abreviado, de la justificación de esta declaración de envergadura. El proyecto omite un aspecto central, quizás el más importante, que es cuáles son los contratos de obra que van a estar afectados por esta declaración de emergencia, esto es, el alcance objetivo de la declaración. Necesitábamos contar con una nómina detallada de la obra, conocer su estado de ejecución, la fuente de financiamiento, el monto histórico de los contratos, y el organismo que tiene a cargo la obra”.

“El gobernador describe un contexto de crisis que se manifiesta de manera más grave y elocuente, dice el mensaje textualmente, en lo que ataña a la obra pública adjudicada por el estado provincial, ya que una parte importante de la misma tenía comprometido su financiamiento por parte del estado nacional, el que, como es sabido, ha sido suspendido. Pero como no tenemos la nómina detallada de la obra tampoco sabemos cuál es la parte importante de la obra que contaba con financiamiento nacional que ahora resultó suspendido. Si es el 20, el 40 o el 60 por ciento. No es un tema menor, porque se trata de lo que hay que reclamar desde nuestra provincia al gobierno federal, son obras que cuentan con la no objeción técnica y la no objeción financiera. Es un imperativo que nuestro gobernador tramite estos fondos”, reclamó.

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"Para colmo se insiste con un tratamiento acelerado de la norma que se propone; una declaración de esta magnitud demanda deliberación, análisis, conocer exactamente el estado de la situación económica y financiera de la obra pública en la provincia. Es la misma metodología esta del tratamiento acelerado que se usó para la emergencia educativa”, describió. Y consideró: “Me parece que este tratamiento exprés ya no debiera tener lugar”.

Al finalizar, señaló que se debe demandar a Nación: “Tenemos que reclamar lo que nos corresponde, no nos queda otra que quizás cambiar el enfoque, no alinearnos tan vehementemente con objetivos y direcciones que viene fijando el gobierno nacional, porque no son buenas para la provincia”, sugirió.

A su turno, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos - Diamante) destacó el acompañamiento del bloque oficialista en base a “los argumentos que envió el gobernador, y que se concentran en la imposibilidad financiera de afrontar por parte de la provincia el volumen de deudas y vencimientos que se están generando en estos momentos”. En ese sentido, describió: “Un dato muy cierto es que al momento del envío del proyecto de ley estaba en el monto de 2.200 millones de pesos la obra pública en situación de demanda y ese monto ascendió a 4800 millones de pesos al momento del análisis en comisiones. Es un simple dato de la situación que está atravesando la provincia. En este momento es muy atinada esta ley”.

“No solo el objetivo es cuidar las finanzas de la provincia y permitir un marco de renegociación de la obra publica y los contratos sino también de la protección de nuestras empresas de construcción”, sostuvo, dada las variaciones de precios.

Finalmente, valoró “el acompañamiento del bloque de la oposición”.