El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos), instó a sus pares entrerrianos de Juntos por el Cambio a consensuar posiciones comunes en torno a los efectos del proyecto de “ley ómnibus” en nuestra provincia.

Tras las jornadas de debate en comisiones del megaproyecto que el presidente envió al Congreso nacional, el ex gobernador Gustavo Bordet puso de relieve su preocupación por los efectos de esa iniciativa en Entre Ríos, “en un escenario en el que se avecina una nueva devaluación y la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de los últimos años”.

“En estos momentos resulta imprescindible ponernos de acuerdo y dejar asentada nuestra postura en defensa de los intereses de los ciudadanos entrerrianos que representamos en el Congreso. Es nuestra obligación responder por los productores, los jubilados, los trabajadores, y la sociedad entrerriana en su conjunto”, resaltó Bordet.

“Los productores entrerrianos nos han alertado sobre la suba en el impuesto de retenciones de exportaciones. La soja subirá al 33 por ciento y se impone un 15 por ciento general a todas las economías regionales, esto deja afuera del mercado a productores de arándanos y  citrus que no pueden ser competitivos en el mercado internacional”.

“Una visión federal que cuide los intereses de las provincias es la que debe priorizarse a la hora del debate. El incremento de los derechos de exportación (DEX) también perjudica a las economías de carnes bovinas, madera, vino y productos del complejo agroindustrial como el maíz”, señaló.

“Será imprescindible el análisis responsable de cada una de las medidas propuestas en este mega proyecto para proteger a las Pymes y a la industria nacional de una mayor carga impositiva cuya consecuencia más directa será la pérdida de fuentes de trabajo”, propuso el legislador nacional, al tiempo que planteó la necesidad de trabajar en conjunto con los legisladores de la Región Centro en estas temáticas.

Otro de los puntos que cuestionó el ex gobernador de Entre Ríos, fue “la determinación de privatizar más de 40 empresas del Estado, como YPF o el Banco Nación, o Aerolíneas Argentinas, que son rentables. Estas medidas también tendrán implicancia en Entre Ríos porque generaría el cierre de medios públicos como LT 14, 11 y radio nacional Gualeguaychú”.

“También acompañamos con nuestra negativa a los artículos que atacan a los sectores de la cultura y apoyamos a los artistas entrerrianos que se manifestaron en contra de este proyecto. La derogación de la Ley de protección de la actividad librera, el cierre del INT, la eliminación del Fondo Nacional de las Artes y la quita de aportes a la música, el cine y a las bibliotecas populares, son decisiones que atentan contra nuestro patrimonio cultural y con fuentes de trabajo”, resaltó Bordet.

“Con la suspensión de la movilidad previsional el gobierno busca mayor discrecionalidad para aplicar el ajuste.  Esta modificación traerá un grave retroceso en materia de derechos jubilatorios y abrirá la puerta a miles de juicios contra el Estado, al tiempo que pondrá en riesgo el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), de la ANSES”, señaló.

En cuanto a la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado, el proyecto de Milei pretende acotar su rango de acción y debilitarla.

“He dicho en más de una oportunidad que gobernar significa generar acuerdos que nos permitan definir políticas públicas que protejan los intereses de los ciudadanos. Si esas políticas hacen lo contrario, nuestra obligación como legisladores es decir no”, finalizó Bordet.