La manu militari que empezó a aplicar el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos a partir de 2021, cuando estableció un régimen arancelario para las obras sociales e impuso severas sanciones a los profesionales que pactaran acuerdo por fuera de esos valores, empezó a ceder. En los últimos, el Colegio ha emitido una serie de disposiciones en las que el Tribunal de Honor “absuelve” a odontólogos que no aplicaron esos aranceles.

La medida alcanza a profesionales de Paraná, Gualeguaychú y Chajarí, consignó Entre Ríos Ahora.

El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además,  impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

La decisión abrió una batalla legal que encabezó el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), que acudió a Fiscalía de Estado para que dictamine  sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impuso el Colegio, entendió IOSPER, resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Círculos Odontológicos, con los que la obra social pretendía rubricar convenios prestaciones.

La Fiscalía de Estado se expidió y estableció que  por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.

“Del análisis de esa norma –planteó el dictamen que firmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, surge entonces que dicha facultad se limita a la posibilidad  de proponer al Poder Ejecutivo los aranceles mínimos que se pretendan, siendo este último quien, en definitiva decidirá respecto de ello mediante la emisión del respectivo acto administrativo que así lo determine. Recién en esa instancia, y para el caso que el Poder Ejecutivo acepte como conveniente la fijación de tales aranceles, podrá ese Colegio imponerlos a sus matriculados y a las obras sociales. Lo cierto es que el propio IOSPER desconocer la existencia de decreto o resolución emitida por el Poder Ejecutivo”, instrumento mediante “los cuales se haya avalado o aprobado la fijación de los aranceles mínimos que el Colegio pretende aplicar”.

En síntesis, para que el Colegio de Odontólogos aplicara ese régimen arancelario necesitaba, según la ley de creación de la entidad, un decreto del Poder Ejecutivo que avalara ese sistema.

A finales de febrero último se conoció la decisión del Gobierno provincial que resolvió intervenir en el conflicto que se había suscitado entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y el grueso de las obras sociales, principalmente el IOSPER que, a partir de un duro régimen arancelario que incluía aplicación de sanciones a los odontólogos que lo incumplieran, había derivado en la ausencia de prestación odontológica de la población.

Lo que hizo entonces el Ejecutivo fue seguir el consejo de dos dictámenes, uno del área Legal del Ministerio de Gobierno y otro de Fiscalía de Estado, que señalaron que el Colegio de Odontólogos necesitaba un decreto del Gobierno para aplicar un régimen arancelario. Esa norma no existió pero aún así la entidad avanzó con un sistema arancelario que resultó oneroso para el grueso de las obras sociales. No sólo eso: impuso sanciones a los odontólogos que osaran sacar los pies del plato y acordar con alguna obra social.

A través del decreto N° 322,  el Poder Ejecutivo hizo lugar a una presentación que había hecho el Círculo Odontológico de Paraná -que antes había accionado judicialmente contra el Colegio- y suspendió la aplicación de dos resoluciones dictadas por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos –el 27 de marzo de 2021 y el 27 de noviembre de 2021- las cuales pusieron en vigencia  un sistema arancelario con manu militari: el profesional que pretenda sacar los pies del plato y firmar acuerdo individual con alguna obra social se expone a un régimen sancionatorio.

La recuperación de las prestaciones odontológicas para los 300 mil afiliados que tiene el IOSPER en toda la provincia ha sido lenta: de momento, el padrón suma poco menos de 130 profesionales que se sumaron con el riesgo de ser sancionados por el Colegio de Odontólogos. Aunque esa posibilidad se ha comenzado a disipar con distintas resoluciones del Tribunal de Honor que han dejado sin efecto las sanciones aplicadas a los profesionales que incumplieron el régimen arancelario.