El Foro de Políticas Públicas alerta a la ciudadanía sobre el “error y el peligro de admitir la continuidad en el ejercicio de la función pública a aquellas personas que participen en el proceso electoral en trámite como precandidatos o candidatos”.

En un parte de prensa enviado a ANÁLISIS indicaron que “la competencia electoral (como lo reconoce expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Gobernador Uñac, Reelección’) exige “ética e igualdad de oportunidades para todas las fuerzas participantes”.

“Como indica la Corte, todas las fuerzas políticas deben competir en igualdad de condiciones y están obligadas por la Constitución a resguardar su vigencia. La continuidad en el ejercicio del cargo o función pública de precandidatos o candidatos, causa una inadmisible ruptura de la igualdad de oportunidades en la competencia electoral y, lo que es peor, daña irreparablemente al Estado. Quien participe en estas elecciones, una vez aceptada la postulación por el Tribunal Electoral, lo primero que debe hacer es dar un paso al costado en el cargo o función que ocupa. Debe apartarse de las cajas, de las designaciones, de los bienes públicos. Debe solicitar licencia o renunciar inmediatamente. Resulta inaceptable que los funcionarios-precandidatos o candidatos sigan actuando al frente de la cosa pública mientras están en campaña porque la tentación de disponer para beneficio propio del patrimonio público y de las prerrogativas que otorgan los cargos es incontrolable”, manifestaron.

Resaltaron que “el resguardo de los bienes y fondos públicos exigen el apartamiento del precandidato o candidato del cargo o función que ocupa. Los entrerrianos y en particular los paranaenses venimos de pasar por tremendas  experiencias que han demostrado la inconveniencia de que los precandidatos o candidatos se mantengan en el ejercicio del poder o función pública mientras están de campaña. Hemos padecido dramáticos perjuicios precisamente por el vicio señalado”.

Recordaron que “como ha tomado estado público, anunciaron su continuación en el cargo el actual Ministro de Economía de la Nación; el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; la actual Ministra de Gobierno de la Provincia y el actual Presidente Municipal de Paraná. Dieron el ejemplo que no se debe dar. Hicieron lo que no se debe hacer. Hoy la lista de precandidatos que seguirán ocupando funciones públicas mientras tramita la campaña electoral es interminable”.

“La actividad proselitista del funcionario en ejercicio del cargo, por otra parte, condiciona la libertad del elector, intoxica la política, degrada las instituciones y daña la sociedad. Aclaramos: nadie cuestiona el legítimo derecho a la postulación de cada funcionario. Lo que no debe hacer ese funcionario precandidato o candidato es estar de campaña mientras ejerce el cargo o la función que le hemos encomendado los ciudadanos. Este reclamo se justifica a la luz de las experiencias sufridas por el conjunto de la población precisamente por el inconstitucional defecto señalado. La reciente condena judicial al exgobernador comprobó la sustracción de fondos públicos por más de 8.300 millones de dólares que se demostró fueron destinados al pago de gastos de su campaña a presidente”, subrayaron y acotaron: “Este ejemplo es uno de los centenares de actos irregulares cometidos en los diversos niveles del Estado por quienes, ejerciendo funciones, se han venido postulando para ocupar cargos públicos”.

“El tremendo deterioro de las Escuelas, de los Hospitales, de los caminos y de las instituciones que deberían prestar servicios a los administrados es, entre otros factores determinantes, consecuencia directa del desmanejo, dispendio e irregularidades cometidas por funcionarios que mientras ocupan sus cargos hacen campaña electoral”, señalaron.

Por último, evaluaron que “por todas esas indiscutidas razones, convocamos a la ciudadanía a exigir a los precandidatos o candidatos su apartamiento inmediato de la función o cargo que ocupan mientras tramite el proceso electoral. De lo contrario, es legítimo suponer que quien se mantiene en el cargo o función públicos siendo a la par precandidato o candidato, lo hace con el previsible propósito de servirse de los bienes, contrataciones y dinero públicos como recursos personales de campaña”.