El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) comenzó la lenta recuperación de las prestaciones odontológicas a sus 300 mil afiliados, suspendidas durante dos años debido a desacuerdos en torno a la aplicación de aranceles profesionales. En toda la provincia, hay 13 Círculos Odontológicos, y de acuerdo a lo que se indicó desde la obra social provincial, hay avances para acordar con otros 6.

Este martes, el presidente de Iosper, Fernando Cañete, rubricó un acuerdo prestacional con la Asociación Odontológica Colonense, que nuclea a 15 odontólogos en la ciudad de Colón. El acuerdo establece que a partir del 1° de abril la entidad brindará atención odontológica al universo de afiliados de la prestadora de salud en esa localidad.

«Estamos muy satisfechos de haber firmado este acuerdo, porque garantizará a Iosper que afiliados de Colón, reciban atención odontológica, y por su parte, que los profesionales adheridos a la Asociación Odontológica Colonense perciban los valores asignados en el nomenclador de prestaciones y aranceles de nuestra obra social”, señaló Cañete. Hasta que se concrete el convenio, Iosper realizará los pagos en forma directa a la Asociación Odontológica Colonense, a los 15 días posteriores a la presentación de la facturación.

La imposibilidad de dar cobertura odontológica a los afiliados fue consecuencia de la imposición de un regimen arancelario por parte del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos que puso en caja a todos los Círculos: si un profesional a acordaba por fuera de esos valores con alguna obra social se exponía a recibir sanciones.

A finales de febrero se conoció la decisión del Gobierno provincial que resolvió intervenir en el conflicto que se había suscitado entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y el grueso de las obras sociales, principalmente el Iosper que, a partir de un duro régimen arancelario que incluía aplicación de sanciones a los odontólogos que lo incumplieran, había derivado en la ausencia de prestación odontológica de la población.

Lo que hizo ahora el Ejecutivo es seguir el consejo de dos dictámenes, uno del área Legal del Ministerio de Gobierno y otro de Fiscalía de Estado, que señalaron que el Colegio de Odontólogos necesitaba un decreto del Gobierno para aplicar un régimen arancelario. Esa norma no existió pero aún así la entidad avanzó con un sistema arancelario que resultó oneroso para el grueso de las obras sociales. No sólo eso: impuso sanciones a los odontólogos que osaran sacar los pies del plato y acordar con alguna obra social.

En el caso de Iosper la falta de prestaciones odontológicas a sus afiliados va camino a cumplir dos años.

A través del decreto N° 322, dictado el 24 del actual, el Poder Ejecutivo hizo lugar a una presentanción que había hecho el Círculo Odontológico de Paraná -que antes había accionado judicialmente contra el Colegio- y suspendió la aplicación de dos resoluciones dictadas por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos –el 27 de marzo de 2021 y el 27 de noviembre de 2021- las cuales pusieron en vigencia un sistema arancelario con manu militari: el profesional que pretenda sacar los pies del plato y firmar acuerdo individual con alguna obra social se expone a un régimen sancionatorio.

El nuevo escenario creado a partir del dictado de ese decreto será analizado este martes en reunión de directorio por parte de Iosper, según adelantó su presidente, Fernando Cañete. «Lo que dice el decreto es lo que hemos sostenido desde Iosper. Esas resoluciones arancelarias no eran válidas porque no estaban refrendadas por el Poder Ejecutivo. El decreto se apoya en lo que planteó el dictamen de Fiscalíla de Estado a pedido nuestro. Lo que seguirá ahora será notificar a los Círculos Odontólogicos, hacer público esto y pedir a los odontológos que quieran trabajar con Iosper, que lo hagan», explicó Cañete a Entre Ríos Ahora.

El Colegio dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además, impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones, a través de la resolución N° 404.

El Círculo Odontológico de Paraná accionó contra el Coledgio por cuanto esta segunda entidad no es firmante de los convenios prestaciones con obras sociales, como Iosper, sino que esa facultad está en manos de los círculos.

El Círculo sostuvo que las disposiciones del Colegio implicaron “que ningún profesional podría trabajar sobre otras condiciones arancelarias que no sean las dispuestas por éste, interviniendo entonces en acuerdos legítimamente celebrados y provocando incertidumbre en los destinatarios de los servicios específicos”. Y señalaron que la posición intransigente del Colegio se transformó en una “persecución institucional”.

El Círculo Odontológico de Paraná pidió la intervención del Ministerio de Gobierno por cuanto la situación derivó en la “afectación de convenios, pérdida de contratos, transgresión de la libertad de elección de profesional, sanciones pecuniarias y suspensiones de matrículoas”.

Antecedentes

En realidad, el decreto es consecuencia de varias intervenciones en el conflicto odontológico.

A finales de octubre de 2021, un dictamen que emitió el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo, puso en dudas las facultades del Colegio de Odontólogos para avanzar con una normativa de ese tipo.

Fue a partir de una presentación del Círculo Odontológico de Paraná que reprochó las “actitudes persecutorias” de parte del Colegio de Odontólogos hacia profesionales que intentan firmar acuerdos con obras sociales lo que redunda en “perjuicio directo en el ejercicio profesional que han llevado a una crisis en el ámbito prestacional que afecta a toda la Provincia”.

Al analizar la cuestión, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno opinó que las resoluciones del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos adolece de “recaudo legal”, y califican el accionar de sus autoridades como “injustificado y excesivo, trascendiendo a la esfera de los matriculados y produciendo una afectación a los beneficiarios del sistema en general.

En ese marco, sostuvo que las normas arancelarias que pretende imponer el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos a sus asociados y que impactan en la seguridad social en forma negativa “justifican –a nuestro entender- la intervención estatal (específicamente del Poder Ejecutivo) por existir un interés fundado de orden administrativo suficiente. Se encuentra involucrada la subsistencia armónica del sistema provincial de Salud como uno de los fines que sustentan a la Administración y permiten derivar el deber inexcusable de preservarlo atento su carácter de derecho humano fundamental”.

El dictamen de Gobierno fue luego a la Fiscalía de Estado, que ya había opinado sobre el tema y había planteado su posición contraria a la tesitura del Colegio de Odontólogos. El texto, que lleva la firma del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y está fechado el 6 de enero de 2023, señala que “atento a que en el dictamen elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio competente (Gobierno y Justicia) se ha efectuado una suficiente reseña de los antecedentes y un correcto, profundo y acertado análisis jurídico del planteo, esta Fiscalía de estado comparte y adhiere a dicho dictamen y considera que existen elementos de juicio para que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión en sede administrativa de las resoluciones” del Colegio de Odontólogos sobre aranceles y sanciones.

A pedido del Iosper, la Fiscalía de Estado ya había emitido dictamen sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impone el Colegio resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Cïrculos Odontológicos, con los que el Iosper pretende rubricar convenios prestaciones.

En opinión de la Fiscalía de Estado, por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.

El dictamen y la intervención de la Fiscalía de Estado no modificó el estado de situación. El Círculo Odontológico de Paraná busca romper el esquema que impuso el Colegio, pero el margen de maniobra es mínimo.

Fue entonces que el 1° de diciembre la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sentó en una mesa de diálogo a las autoridades del Colegio de Odontólogos en procura de destrabar el conflicto.

“Celebro que tengamos esta instancia para poder contribuir, como máximo órgano rector de la salud de las y los entrerrianos, en función de trabajar en pos de la accesibilidad a la salud integral, en este caso odontológica”, dijo la titular de la cartera sanitaria Y agregó: “Esta ha sido una instancia necesaria, respetuosa, donde se analizó la situación en profundidad” y, en ese sentido, señaló que el Ministerio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por el Colegio de Odontólogos y representantes de la seguridad social con el fin de promover un entendimiento entre las partes y arribar a objetivos para garantizar la accesibilidad prestacional odontológica para la población.