El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, analizó la situación de la provincia y la ciudad de Paraná en el contexto de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. También se refirió al trabajo sobre las quemas en el Delta, al desalojo de la Escuela de Aerobismo y a la polémica por un video humorístico del Colegio de Abogados de Paraná.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes dijo que vive la situación de la pandemia y las restricciones en primera persona porque fue “partícipe de los informes que empezó a hacer el Ministerio de Salud en las reuniones de Gabinete hace aproximadamente 15 días o más, donde plantearon que ésta iba a ser la situación y por otro lado el gobernador trató de elongar lo máximo que se podía el tiempo de distanciamiento porque iba a hacer muy difícil imponer reglas de aislamiento en una ciudad que lleva cinco meses de cuarentena”.

Ante ello, ratificó que “la decisión que se tomó fue pedir pasar a aislamiento a Paraná pero por otro lado con un decreto provincial habilitar más cantidad de excepciones, y lamentablemente quedaron restringidos los clubes, la actividad gastronómica, los gimnasios, las salidas y muchas actividades que hoy lo sufren”.  

Planteó que “es un estado de necesidad, de decidir qué decisión se toma porque hay que sacrificar un bien en función de otro; en este caso el derecho de ejercer trabajo lícito en función de intentar a toda costa bajar la tasa de contagios porque está comprometido el sistema sanitario, a pesar de que se hicieron esfuerzos importantes para terminar los hospitales De la Baxada y el de Gualeguaychú”.

En ese sentido dijo que “si eso no se hubiera hecho estaríamos en colapso dese hace mucho, porque se aumentaron más de 200 camas entre los do hospitales y se anexaron los respiradores”. De todos modos, admitió que “no se sabe cuándo se encontrará un techo en la tasa de contagios pero aspiramos a que estas medidas de restricción amortigüen la curva y se supere esta situación”.

En cuanto al argumento para cerrar ciertas actividades y no otras, Rodríguez Signes explicó que “se trata de un sector muy vinculado al movimiento recreativo y a la circulación, por eso le apunta el decreto nacional”. De todas formas, consideró que “hay que buscarle solución a través de protocolos muy ajustados y le trasladé esto a la Asociación de Gastronómicos y bares para ajustar al máximo los protocolos”.

Como opción, consideró que “a través del decreto provincial está suspendida hasta el 13 de septiembre la posibilidad de hacer reuniones de hasta 10 personas al aire libre en lugares de acceso público, y esa puede ser una válvula para que algunas actividades se puedan hacer al aire libre”.

No obstante, aclaró que “es una decisión que debe tomar el Ejecutivo siempre en función del informe de la autoridad sanitaria, porque está la responsabilidad política, administrativa y penal del funcionario público dado que hay un Comité de Emergencia, una autoridad sanitaria, que está diciendo lo que está pasando y sugiriendo medidas, y los funcionarios tienen que tomar decisiones en función de eso". "Sin ninguna duda en esto se ven cercenados derechos”, reconoció.

Asimismo, afirmó que “hay que analizarlo a partir de que deje de tener vigencia el último decreto del Poder Ejecutivo provincial, pero el presidente es bastante abierto a que los gobernadores puedan ir planteando soluciones según su región y en ese aspecto existe la posibilidad”.

“Habrá que ver la tasa de contagios de los próximos días y eso será crucial para tomar decisiones, y en caso de no poder reabrir habrá que buscar otra variante”, sentenció.

Reuniones sociales

Respecto de las reuniones sociales, el fiscal planteó que “es muy difícil disciplinar normativamente, con reglas jurídicas; es muy difícil a través de la norma jurídica imponer reglas de conducta que van a restringir actividades que están arraigadas en lo más profundo de la conducta humana y que nunca han sido consideradas ilegales, por lo tanto sostener la restricción por tanto tiempo con normas jurídicas es imposible”. 

“Si a eso le agregamos que los recursos policiales no alcanzan, porque la sociedad no está preparada para estas cuestiones, no cabe otra que apelar a la responsabilidad individual, a lo que queda en cada uno para ponerse las pilas para cumplir con todas las reglas de conducta sanitaria, pero reconozco que normativamente es casi imposible”, refirió.

En tal sentido, planteó: “Siempre sostuve que era más fácil controlar los bares a través de la Municipalidad que las reuniones sociales en casas de familia, pero hubo muchas reuniones de chicos de 15 años promedio que no van a bares y esas juntadas generaron una cantidad de contagios” y remarcó que “ya en abril se comenzaron a habilitar las reuniones sociales a nivel nacional y en Entre Ríos el gobernador no las habilitó; quedaron habilitadas recién en junio y lamentablemente ese fue el vehículo más importante por donde circuló el virus”.

Sobre su estado de salud, dijo que no fue hisopado y está concurriendo de forma normal a su oficina en Casa de Gobierno. “La consulté a la ministra porque estuve en algunas reuniones de Gabinete pero no tengo ningún síntoma y no estoy entre el personal aislado”, afirmó. Asimismo, admitió que “hubo algunos casos positivos en la Fiscalía de Estado, tenemos el fiscal adjunto, hay algún personal en la Dirección Contable y en la Procuración”.  

Incendios en las islas

En otro orden de temas, Rodríguez Signes sostuvo que está “participando activamente en el Comité de Emergencia que dispuso constituir la Corte Suprema de Justicia entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos” y reconoció que “no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo con Buenos Aires”.

Puntualizó que “se hizo un plan de corto y mediano plazo para desarrollar un sistema de prevención, de ahí surgió la iniciativa de los Faros de Observación, que ya se instalaron tres o cuatro, y en lo sucesivo un sistema de alerta temprana para ir desarrollando y tenerlo instalado como un sistema permanente”.

Agregó que “a nivel de los procesos penales es competente el juez federal; a través de Catastro y Ambiente se ofrecen las pruebas que se disponen, son procesos que siguen su curso y tendrán su sustanciación, y por el lado administrativo la Secretaría de Ambiente sigue adelante con las multas porque los incendios están prohibidos”.

“Lo más sustancial de todo es que el plan que finalmente presenten las tres provincias a través del Comité de Emergencia ante la Corte se convalide como sentencia judicial, y que eso se tenga que cumplir”, explicitó.

Escuela de Aerobismo

Por otra parte, se refirió a la situación de la Escuela de Aerobismo y comentó que “está instalada en el Puerto de Paraná que pertenece al dominio público de la provincia”. Recordó que “en el gobierno de (Mario) Moine se le otorgó un comodato por 30 años y al momento del vencimiento era intendenta Blanca Osuna quien, como el predio estaba prestado al municipio de Paraná, pidió el desalojo de la Escuela de Aerobismo porque quería reubicarla”.

Ante ello, indicó que “como Fiscalía presentamos la demanda de desalojo que ganamos, porque hubo resistencia, y después se abrió una instancia de conciliación en la que estamos actualmente”. “El juicio tiene sentencia del Superior Tribunal de Justicia haciendo lugar al desalojo pero queremos encontrar una solución integrada al conflicto entre la provincia, el municipio y la Escuela, para que se reprograme esa actividad”, informó.

Desde su opinión personal, planteó “la idea de que la Escuela de Aerobismo participe de un programa más amplio, donde haya una participación de salud pública, del Cemener y de otros organismos para un plan de promoción de la salud, donde no sea solamente el aerobismo sino que sea mucho más integral; donde haya información turística, de salud, donde se tome la presión, donde se pueda consultar a algún médico, algún nutricionista, etc”.

Como integrante del Cemener, comentó que “se está trabajando la idea de un Centro Integral de la Mujer donde se pueda orientar a las personas en materia de salud, pero esto es una opinión personal que hablé con el gobernador, con el intendente, con el presidente del IOSPER que están de acuerdo pero hay que instrumentarla”. “Francamente no veo un escenario de ir a desalojar la Escuela de Aerobismo con la fuerza pública”, sentenció.

Polémica por un video del Colegio de Abogados

Consultado por la polémica que generó un video por el Día del Abogado que realizó el humorista de Paraná, Ricardo Leguízamo, para el Colegio de Abogado de la capital provincial que provoco la renuncia de Guillermo Vartorelli a la comisión directiva de la entidad, Rodríguez Signes sostuvo: “No tengo otra opción que verlo desde la abogacía porque se trató de un hecho que sólo conocen los abogados y unos cuantos más”.

“Tengo un enorme cariño, afecto y reconocimiento por Ricardo Leguízamo, que deber ser uno de los humoristas más importantes”, aclaró el fiscal para luego recordar: “Lo contratamos para el Congreso Argentino de Derecho Administrativo de 2009 que duró tres días, donde hizo un trabajo profesional, e iba todos los días a los eventos a mirar y el día de cierre en que hizo su presentación fue espectacular y jamás le preguntamos que iba a decir”.

“Uno al contratarlo lo que está haciendo es celebrar un contrato para obtener una prestación artística y no se la puede censurar. Ese día estaba el presidente de la corte Suprema que era Ricardo Lorenzetti, y Ricardo tuvo palabras directas hacia él y le puedo asegurar que ninguno de los presentes se molestó. Hubo algunas críticas de mucha profundidad y eso es lo que hay que tomar: ver que está diciendo este hombre en términos humorísticos, qué está criticando, qué está planteando, qué imagen está dando, y a eso hay que tomarlo y tratar de corregir o no”, reflexionó.

Y agregó: “Tampoco entendí mucho la posición de Vartorelli por quien siento un profundo reconocimiento y afecto, pero tampoco era una cuestión para hacer semejante movimiento, y la verdad es que no lo comparto”. “Cuando se celebra un contrato artístico, estas son las reglas de juego, y nadie se puede enojar por alguna palabra u otra cuestión”, concluyó.