Un grupo de fiscales informó al Ministerio de Justicia que diecinueve jefes narcos manejan el negocio desde las cárceles pero el Ejecutivo sostiene que el problema está en los territorios y que las restricciones en los penales tocaron techo.

Mientras tanto, la narcocriminalidad se recalienta en los territorios más afectados: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. Pases de facturas entre el Estado Nacional y las provincias y tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente como focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por el portal elDiarioAR.

Si bien el narcotráfico se extiende en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil.

Otros años, la región Noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio.

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local, sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país, sostiene el informe periodístico de Emilia Delfino publicado en el portal elDiarioAR.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo.

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas.

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente.

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada por el portal elDiarioAR.

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó el portal elDiarioAR.

Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta del portal elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”.

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, entre otros) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente.

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a el portal elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años.

Las bandas se distribuyen el territorio, pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3 por ciento de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80 por ciento de los homicidios se concentraría en un 10 por ciento o 15 por ciento del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

El Dorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada. 

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar.

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”.

Ante la consulta del portal elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.