Luego de fracasar con el tratamiento de la Ley Ómnibus, Javier Milei logró retomar la iniciativa con su apuesta a convocar a gobernadores y jefes de la oposición a un gran acuerdo nacional para impulsar profundas reformas económicas y sociales. Pero el Presidente enfrenta ahora el desafío de conducir el diálogo en los próximos tres meses -el lapso que tiene hasta el 25 de mayo, cuando aspira a rubricar el “pacto fundacional” en Córdoba- para reconstruir la confianza con los legisladores que integran los espacios cooperativos con la Casa Rosada. Después de los últimos desencuentros y los reproches públicos de Milei a la “casta”, el vínculo se ha ido deteriorando, por lo que los aliados piden tiempo antes de firmar la paz.

Es que si bien los bloques dialoguistas de la UCR y Hacemos Coalición Federal están dispuestos a colaborar con el oficialismo para discutir cambios estructurales, como las modificaciones en la legislación laboral, previsional o tributaria, y convalidar los capítulos de la truncada ley ómnibus que reunían consenso, los aliados aspiran a que Milei dé garantías de que su llamamiento al diálogo va a en serio y no se trata de un globo de ensayo para dar un golpe de efecto, publicó el diario La Nación.

Por lo pronto descreen que el Presidente haya optado por una tregua, sino que intuyen que se vio forzado a escuchar el reclamo de los gobernadores para evitar el choque de trenes. Tras el traspié de la ley bases, especulan los aliados, Milei no puede exponerse a otra derrota legislativa, por lo que requiere armar un colchón de apoyos para darle sustentabilidad a su plan.

Ahora los dialoguistas quieren tener mayores certezas del plan que implementará Milei para avanzar con los acuerdos tanto con los gobernadores por el pacto fiscal como con los jefes parlamentarios.

Antes de aceptar el pliego -la mayoría de los puntos reúnen consensos-, reclaman saber la letra fina de las reformas que planteó Milei y si la propuesta se discutirá libro cerrado o la Casa Rosada aceptará incorporar ejes, como la educación o la salud, la ciencia y la industria. En el caso del paquete de leyes anti-casta que anunció Milei, como quitar privilegios o ficha limpia, hay consenso entre los aliados para avanzar. El único tema espinoso es la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos.

“Milei no confía en los gobernadores y nosotros no confiamos en él. La única manera de reconstruir esa confianza es a través del diálogo”, plantea un referente de HCF.

El PRO, el socio más estrecho de los libertarios, salió en bloque a respaldar la iniciativa del Presidente. El propio Mauricio Macri -que no estaba al tanto de la sorpresa, pero había hablado con Milei sobre la necesidad de hacer un acuerdo institucional con las provincias- y los gobernadores Ignacio Torres o Rogelio Frigerio o el senador Luis Juez, que conduce al macrismo en la Cámara alta, anticiparon que estarán en Córdoba para rubricar el gran acuerdo nacional que propuso Milei.

Pero, las espadas de la UCR o de la bancada de Pichetto en el Congreso se mostraron más cautelosos que los representantes del macrismo. Es más: la sorpresiva jugada de Milei volvió a dejar expuestas las grietas internas que existen en las bancadas cooperativas con los libertarios.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, Milei anunció que pretende firmar el “pacto fundacional”, que incluye diez políticas de Estado, el próximo 25 de mayo en Córdoba, pero lo condicionó a que los gobernadores apoyen la Ley Ómnibus.

El sector de la UCR más crítico de Milei -desde la fuerza de Martín Lousteau hasta Gerardo Morales o Facundo Manes- plantearon objeciones frente al llamamiento de Milei. Consideran que el Presidente busca comprar tiempo después del tenso enfrentamiento con las provincias por el reparto de los recursos. Y, así, desactivar los intentos de la oposición de construir una mayoría circunstancial para impulsar una reforma previsional o reasignar recursos de la Nación.

Los radicales más combativos, como Manes, hicieron hincapié en que el Presidente no puede convocar al diálogo desde la “antipolítica” o sugirieron que pretende extorsionar a los gobernadores. Lousteau, jefe de la UCR, que había optado por un silencio prudente ante la convocatoria de Milei a un gran acuerdo nacional, fijó ayer su posición con duros cuestionamientos al Presidente: “¿Pero qué acuerdo? No sabemos si quiere entrar en una toma y daca de los que él tanto critica o intenta ganar tiempo para ver si logra que le salga alguna. Se trata de un contrato donde él pone todas las condiciones y nosotros solo la firma”, subrayó Lousteau, quien consideró que Milei exhibió “dos caras” ante la Asamblea Legislativa. Y agregó: “¿Qué espacio hay en ese gran acuerdo de los 10 puntos para la educación o para paliar la situación de pobreza que viven 27 millones de argentinos?”. Con críticas al rumbo de la gestión -dijo que los salarios y las jubilaciones perdieron un 30% de poder adquisitivo desde que asumió Milei-, Lousteau consideró que el Presidente “no ve o no le importa la realidad”.

En una entrevista radial con AM con Vos, Miguel Ángel Pichetto también puso reparos. Le advirtió ayer a Milei que “un pacto implica diálogo, no un sistema de adhesiones”. Ricardo López Murphy, en tanto, dijo que estaría dispuesto a firmar el acuerdo, pero le sugirió a Milei que deje de “pelear e insultar” y se concentre en lograr acuerdos y construir mayorías para aprobar el paquete fiscal. En esa misma línea se mostraron los cordobeses que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quienes pidieron atender las necesidades de las provincias. A ese grupo Milei había tildado de “traidores”, publicó el diario La Nación.

En la fuerza de Elisa Carrió optaron por ser cautos. Planean reunirse en los próximos días para analizar la convocatoria y fijar una posición. La CC ya avisó que pedirá una sesión especial para discutir una nueva fórmula jubilatoria. En tanto, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon consideraron que Milei “convocó a firmar un pacto, sin consenso y con imposiciones”.