En la primera sesión extraordinaria del año, el Frente de Todos en el Senado aprobó la designación de Alejo Ramos Padilla como juez del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito más grande del país. De esta manera, el magistrado tendrá un rol clave en la fiscalización de las elecciones legislativas de este año.

El pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, luego que se revisara esa postulación y se desechara el nombre de Laureano Durán, quien había sido propuesto por la gestión anterior para ese cargo.

Ramos Padilla, quien tuvo a su cargo la causa por presunto espionaje ilegal durante el macrismo, por la cual imputó al fiscal federal Carlos Stornelli, es un magistrado cuestionado por la oposición y que, incluso, durante el gobierno de Cambiemos fue denunciado por mal desempeño. Ahora ocupará el puesto vacante en La Plata desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.

La designación fue rechazada por el interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, mientras que el oficialismo sumó el respaldo para su aprobación de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).

No obstante, la votación en paquete resultó con 66 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, de Juan Carlos Romero.

Miembro informante del oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó las audiencias públicas realizadas y aseguró que la Comisión de Acuerdos, que preside, “ha cumplimentado todos los requisitos de procedimiento”, publicó Parlamentario.

Los 15 candidatos recibieron “58 observaciones a las calidades y méritos”, las cuales “han contestado en debido tiempo y forma”, apuntó la legisladora, que ponderó que “todos y cada uno de los candidatos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional contestaron todas las preguntas de los senadores” en la reunión de comisión y, a su criterio, de manera “muy solventes, demostrando la idoneidad de cada uno”.

En contra de la postulación de Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal, el cordobés Ernesto Martínez acusó que “no responde a una vacante del Poder Judicial, sino a una continuidad que se reclama por cumplir próximamente 75 años y se compadece con una motivación sospechosa, lo cual ratifico”.

“Es una jueza contemporánea con el voto hoy oficialista de su marido en el seno del Consejo de la Magistratura (el vicepresidente de ese órgano, Ricardo Recondo), a los fines de obtener la mayoría de los dos tercios necesaria para conformar ternas que se eleven al Poder Ejecutivo, de las cuales el presidente de la Nación tiene el derecho constitucional de poder elegir a uno de los integrantes para enviar al Senado”, lanzó el macrista.

El legislador advirtió que “esto es un privilegio indebido porque es sospechoso y políticamente inconveniente” y “los contubernios políticos son siempre nefastos para cualquiera que los haga”.

“El oficialismo habla de lawfare, de justicia cautelar, de partido judicial y resulta que pacta con uno de los miembros más connotados del partido judicial, que sí existe, verdaderamente existe”, agregó y completó: “No solo acuerdan en el Consejo de la Magistratura, sino que nada dicen acerca del fondo de la cuestión que debe resolverse en el caso de (Elena) Highton de Nolasco”.

En rechazo al pliego de Ramos Padilla, el salteño Juan Carlos Romero acusó al Frente de Todos de tener “un plan bien orquestado de acomodar toda la Justicia para el único objetivo que es la búsqueda de la impunidad de los imputados pertenecientes al oficialismo”.

Romero lo calificó como “un juez militante” y “polémico” que será trasladado a “un juzgado tan importante como lo es el electoral de la provincia de Buenos Aires”. “Tuvo ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales ya fueron cerradas muchas de esas pero tres están en trámite”, señaló.

Respecto de la causa que tuvo a su cargo sobre espionaje ilegal, lo consideró que “armó un invento” y una investigación “traída de los pelos”. “Parece que tiene capacidad, porque le va bien los concursos, pero no tiene idoneidad”, agregó y anticipó su voto negativo. Además, dijo que se abstendría en todos los nombramientos, excepto el de Jorge Gustavo Montoya para el Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al que acompaña.

Por su parte, el oficialista Jorge Taiana defendió la postulación de Ramos Padilla, quien aseguró “ha sido víctima de una campaña mediática y política de descalificación que en realidad tiene pocos antecedentes”.

El bonaerense recordó que “la afiliación partidaria que tuvo antes de ingresar a la Justicia fue la Unión Cívica Radical” y destacó que fue “el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior”.

Para el senador, su designación “es un acto de estricta justicia y, en verdad, un desagravio ante tantas falsedades que se han dicho de él”. “Es un juez valiente, es un juez que conoce, es un juez que tuvo que soportar que el presidente (en referencia a Mauricio Macri) en ejercicio dijera que había que sacarlo”, enfatizó y lo consideró un “ejemplo de una justicia en Argentina que quiere ser independiente y no quiere subordinarse a poder alguno”.

En respuesta a Martínez, el oficialista Mario Pais aseveró “no nos podemos hacer cargo de esa crítica y yo afirmo que no existe tan contubernio. Menos aún el senador Martínez ha dado alguna prueba o acreditación del mismo”.

“Si hay algunas pruebas y reminiscencias de contubernio no fueron durante esta gestión, sino en la anterior”, disparó el chubutense y añadió: “Inclusive a quien habla como senador se le impidió jurar en el Consejo de la Magistratura para alterar un orden del día y poder cesar a un juez de la Nación”.