Vecinos se manifestaron ayer frente al Palacio de Tribunales, a raíz del vergonzoso fallo del Superior Tribunal de Justicia que otorgó vía libre al decreto del Poder Ejecutivo para rociar con agrotóxicos las inmediaciones de las escuelas rurales, a una distancia menor incluso a la que había establecido la propia Justicia en su momento.

La protesta fue convocada por la “Coordinadora Basta es Basta por una vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos”, quienes expresaron que “la salud de nuestra gurisada no se negocia, señores jueces, no podemos permitir el retroceso de la salud de nuestros niños. Otra manera de producir es urgente, y necesaria. Por una transición productiva de la provincia”, resaltaron para dar cuenta que la agroecología es una matriz productiva de alto rendimiento, pero sin dañar el ambiente como los agrotóxicos, publicó el diario El Argentino.

En la protesta se hizo observar que el Gobierno Provincial, al dictar el Decreto N° 2.239/19, no sólo acortó las distancias de las fumigaciones al mínimo, sino que también desconoció las pruebas que forman parte de un conjunto de investigaciones aportadas por un comité científico con integrantes de todo el país.

En esos trabajos científicos se dio cuenta del daño genético registrado en niños y que fueron producido por la exposición al uso de agrotóxicos en el Departamento Uruguay, por ejemplo.

Además, del informe firmado por Rafael Lajmanovich, investigador del Conicet, titular de la cátedra de Ecotoxicología de la Universidad del Litoral y responsable del laboratorio de esa especialidad, que dio cuenta de más de veinte años de investigaciones en relación al impacto de los agrotóxicos sobre la salud de los ecosistemas en Entre Ríos. Este investigador registró malformaciones genéticas en personas y animales que, según la opinión de la mayoría de los expertos internacionales, tienen una fuerte asociación con el uso de agrotóxicos y destacó que la niñez es la población más vulnerable a estos venenos como el Glifosato.

También desconocieron la investigación del ingeniero agrónomo Osvaldo Souza Casadinho, quien aportó un informe en el cual explica que las buenas prácticas se basan en el principio de “dosis letales”, una prueba científica en la cual se aplican los venenos a una población de cien ratas hasta que se mueran cincuenta. Este principio se basa en una prueba de laboratorio que se realiza por única vez y desconoce la exposición crónica, permanente, a las “dosis letales” que reciben las personas que viven o trabajan en zonas fumigadas. Esta investigación también ignorada.

Lo mismo que la investigación de la bióloga Delia Aiassa, quien demostró el aumento del daño genético por la exposición a plaguicidas; además de sostener que el daño al genoma humano es probablemente la causa más importante y fundamental de enfermedades degenerativas y del desarrollo.

Y la misma suerte tuvo el informe del médico Damián Verzeñassi quien, a partir de los Campamentos Sanitarios organizados desde la Universidad Nacional de Rosario, demostraron que las enfermedades crónicas son mucho más frecuentes en los pueblos que están rodeados por fumigaciones, sobre todo en niños, con afectaciones sobre la tiroides y linfoma de Hopkins. Este informe también fue ignorado.