La relación entre Alberto Pagliano y Alberto Fernández se remonta al gobierno de Carlos Menem: trabajaron juntos en la Superintendencia de Seguros. En 2019, Pagliano fue ubicado al frente de Nación Seguros y terminó manejando un negocio millonario.

Pagliano acaba de ser denunciado junto a su amigo, el ex presidente, por lo que asoma como un enorme escándalo de corrupción. La abogada Silvina Martínez los acusó por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

A fines de 2022, Pagliano declaró un patrimonio de $120.573.868, tomando en cuenta los valores fiscales de sus propiedades. Representa un aumento de más de 100% respecto al año anterior. Pero todavía adeuda la declaración de 2023.

Entre otras cosas, declaró ser dueño de una casa de 300 m2 ubicada en la ciudad de Buenos Aires (comprada en 1990, cuando trabajaba en la Superintendencia de Seguros), un terreno en San Rafael (Mendoza), y una camioneta Chevrolet Spin 1.8 de 2014. De esos tres bienes, el único que se destaca es la casa de 300 m2, con un valor fiscal de $42.759.817 (por el 50%).

Más de la mitad del patrimonio de Pagliano está distribuido en cuentas bancarias, en pesos y en dólares. Solo en una caja de ahorros, a fines de 2022 acumulaba 307.633 dólares, equivalentes en ese momento a $54.438.902,02. En la actualidad, son más de 260 millones de pesos.

La causa judicial contra Pagliano y Fernández comenzó hoy mismo y recayó en el juzgado de Julián Ercolini. La abogada Silvina Martínez acusó a los ex funcionarios por los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La presentación se basa en un artículo publicado por Ricardo Roa en el diario Clarín el domingo pasado en donde se detalla que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con la contratación de seguros.

A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

Martínez Sosa tiene otro vínculo con el ex presidente: según indicó Alberto Fernández en su última declaración jurada, le debe $102.240.

Unas horas después, el gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, pidió tomar vista del expediente y ya prepara una segunda presentación para pedir ser querellante en la causa.

El puntapié de la maniobra habría sido el decreto 823/2021 que estableció que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.

El monopolio lo tenía Nación Seguros y luego aparecían los brokers.

El esquema de intermediarios y de comisiones millonarias se replicó en otros organismos como el Ministerio de Seguridad, donde fue rápidamente desbaratado por la ministra Patricia Bullrich.

(Infobae)