Este lunes comenzará en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires el juicio oral contra el empresario José Alperovich, exgobernador y exsenador nacional tucumano, acusado de abuso sexual y violación contra su sobrina, que trabajó junto a él como colaboradora. La denuncia se concretó en noviembre de 2019, por hechos que habrían sucedido entre 2017 y 2018, en un departamento de Puerto Madero y en Tucumán. La decisión del juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla, no solo le puso fecha al inicio del proceso, también se espera que sean citados alrededor de 80 testigos.
La estrategia de la defensa de Alperovich, que tomó licencia en la Cámara Alta y a la que no regresó hasta el fin de su mandato, buscó dilatar y desacreditar la denuncia, que se radicó en Buenos Aires y en Tucumán. Después procuró que toda la investigación se lleve a cabo en los tribunales tucumanos y luego que el exjefe provincial sea juzgado por un jurado popular. En ningún caso el abogado Mariano Cúneo Libarona logró sus objetivos. Desde antes de fin de año, Martín, uno de los hermanos Cúneo Libarona, se hizo cargo de la defensa en lugar del primero, quien asumió como Ministro de Justicia de la Nación.
La denuncia y su avance se tradujeron en la caída de quien supo ser el dueño de la lapicera del poder político tucumano desde 2003 hasta diciembre de 2015. De filiación radical, de la mano de la UCR llegó a la Legislatura tucumana en 1995 y desde entonces su camino fue puro ascenso. Al acercarse al peronismo, asumió como ministro de Economía del exgobernador Julio Miranda, ya fallecido; supo administrar las arcas provinciales en la turbulenta crisis de 2000 y 2001, se afilió al Partido Justicialista y cosechó un capital político que en 2003 lo sentó como jefe provincial en la Casa de Gobierno tucumana. Reformó la Constitución Provincial en 2006 -a la que ya le había metido mano el bussismo en 1990- que introdujo el esquema de acoples o listas colectoras, un sistema de votación del que hoy reniega la dirigencia política pero que a Alperovich le permitió ser reelecto.
La denuncia de abuso lo alejó de manera definitiva (de la política), cuestionado en voz baja por los propios que dejaron de golpear a su puerta. Alperovich se recluyó en los negocios familiares
Siendo senador, en 2019, el empresario armó su propio espacio y enfrentó al exgobernador Juan Manzur, actual senador nacional, que entonces iba por la reelección. El médico sanitarista había sido su vicegobernador y piloteó la Convención Constituyente, por lo que no soportó que lo desplazara del poder real. Pese a una intensa campaña, que incluyó spots en pantalones chupines bailando con vecinos, Alperovich fue derrotado por paliza y quedó en cuarto lugar, detrás del peronismo, de Juntos por el Cambio y Fuerza Republicana. Ese error de cálculo, cuando Manzur y el entonces exvicegobernador Osvaldo Jaldo mandaban en la provincia, lo dejó al borde de la jubilación anticipada del mundo de la política. La denuncia de abuso lo alejó de manera definitiva, cuestionado en voz baja por los propios que dejaron de golpear a su puerta. Desde entonces, Alperovich se recluyó en los negocios familiares, relacionados con la venta de automóviles y la actividad agropecuaria.
La investigación
En mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la causa por abuso sexual se tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires. El Máximo tribunal tuvo que intervenir por un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional de la CABA y el Juzgado de Instrucción N° 2 de Tucumán. Los cortesanos se expresaron en el mismo sentido que en diciembre de 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ya le había dado la razón al Ministerio Público Fiscal, sobre que el expediente debía investigarse en CABA.
En abril del año siguiente, el exsenador nacional declaró en forma virtual, por primera vez, en la causa en la que ya estaba imputado por el presunto abuso sexual de su sobrina. Su presencia, vía Zoom, se concretó tras el tercer pedido realizado por los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y por Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem). La audiencia duró alrededor de una hora y media, Alperovich negó los hechos y también se negó a responder preguntas. Dos semanas más tarde, el titular del Juzgado Criminal y Correccional 35, Osvaldo Rappa, en una decisión fundamentada en 419 páginas, ordenó su procesamiento.
Tras esta decisión, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal y la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), pidieron la elevación a juicio oral de la causa. Según el requerimiento de los fiscales Vismara y Labozzetta, el ya exsenador debía responder las acusaciones por tres hechos de abuso sexual -dos cometidos en tentativa- y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal. En todos los casos, acentuaron, “medió intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. Los fiscales precisaron que “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”.
De acuerdo a los representantes del Ministerio Público Fiscal, el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las declaraciones de los testigos y las pruebas de las conversaciones entre el exgobernador y la joven fortalecieron el relato de la denunciante. “No estamos en presencia de un único y aislado testimonio, sino que existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron del modo que hemos expuesto, y que su autor ha sido el aquí imputado José Jorge Alperovich”.
Durante el año pasado, la defensa reclamó que el empresario sea juzgado por un jurado popular pero el planteo fue rechazado por el juez Rappa y luego por el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla. Este último indicó que los juicios por jurados no están previstos para la justicia nacional -aunque lo establece la Constitución Nacional el Congreso no se sancionó una la ley que lo regule- y que el delito por el que está acusado el empresario no fue transferido a la CABA, en donde su justicia sí tiene jurados de ciudadanos. En julio de 2023, Ramos Padilla decidió que este 5 de febrero comience el juicio oral.
Desde el colectivo Ni Una Menos de Tucumán anticiparon el acompañamiento a la víctima en esta nueva etapa del proceso. “Llamamos a todas las organizaciones de mujeres y feministas a apoyar esta causa, y a ser órganos contralor del cumplimiento de derechos y procesos judiciales”, sostuvo en uno de sus comunicados.
(elDiarioAr)
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