Quiere conocer las razones por las cuales no lo hicieron y si dirigentes y punteros se quedaban con las tarjetas para cobrar el plan destinado a los sectores más vulnerables. La funcionaria tendrá 72 horas hábiles para aportar la documentación exigida por el magistrado.

El 14 de marzo la ex diputada le adelantó a radio FM Urbana Play que: “A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión”.

La titular de la cartera social confirmó que, entre los beneficiarios que se darán de baja, “hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera” la organización que realizó varios acampes sobre la Avenida 9 de Julio y que el miércoles próximo realizará 128 cortes en todo el país, incluidos los principales accesos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por la apertura de programas sociales y, entre otros puntos, por alimentos para los comedores populares.

Infobae se comunicó al menos en cuatro oportunidades con el Ministerio de Desarrollo Social para conocer a qué organizaciones y Unidades de Gestión, como cooperativas de trabajo de organizaciones sociales, como el Movimiento Evita o municipios, pertenecen el resto de las 72.300 personas que fueron dadas de baja por no haber podido acreditar su pertenencia al programa más importante de la cartera social. En todos los casos la respuesta fue negativa, a pesar de que sí se divulgó las supuestas bajas de las organizaciones sociales de izquierda.

Hasta el momento, la ministra Tolosa Paz, o Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y administrador del Potenciar Trabajo, no investigaron por qué razón esas 85 mil personas no validaron su identidad a pesar de estar cobrando el plan todos los meses desde hace años.

Pérsico, además, es uno de los líderes del Movimiento Evita, la organización social con mayor cantidad de cooperativas en las cuales trabajan o deberían hacerlo los beneficiarios del Potenciar. También deben certificar que realizan 20 horas semanales de tareas.

Ahora Tolosa Paz se verá obligada a girar toda la documentación al juzgado federal de Lijo. Según pudo saber este medio, el magistrado quiere saber a qué organizaciones sociales pertenece cada una de las personas dadas de baja; en qué Unidades de Gestión realizaban sus tareas; a qué dirigentes sociales, punteros políticos o funcionarios respondían los titulares del plan y/o la Unidad de Gestión.

Lijo y sus colaboradores creen que hay intermediarios que se quedan con las tarjetas de los beneficiarios para usufructuar del dinero que el Estado paga por el plan social o al menos se quedan con un abultado porcentaje y por esa razón “las víctimas” no validaron su identidad. Una de las hipótesis es que esos dirigentes sociales, políticos o ambos, utilizaban esos fondos para beneficio personal o de las organizaciones a las que pertenecen o comandan.

Ahora será el juzgado de Ariel Lijo quien lo hará. “No necesitamos certificar treinta, cuarenta o cincuenta mil casos de ‘víctimas’ a las que les quitaban las tarjetas o anotaban sus nombres en la lista del Potenciar Trabajo para cobrar los fondos del Estado que deben ser destinados a las personas que más lo necesitan, no para hacer política. Con cuatro casos acreditamos el delito”, describen desde el Juzgado Federal N°4.

Si esto es así, todos los meses -a cifra actualizada- unos 2.500 millones de pesos, esto es, más de 30 mil millones de pesos anuales, que debían pasar del Estado a los sectores más vulnerables, eran desviados a dirigentes y/o punteros políticos, algunos de los cuales podrían estar de “los dos lados del mostrador”, como denunció la Coalición Cívica en referencia a funcionarios ligados al Movimiento Evita que cumplen tareas en la cartera social.

Un allegado del juez interpretó: “En el ministerio de Desarrollo Social están interesados en dar de bajas planes sociales; en el juzgado, a identificar a los intermediarios, dirigentes y funcionarios que retenían las tarjetas de los beneficiarios y cobraban en su nombre o se quedaban con algún porcentaje”.

En este punto, uno de los funcionarios que está bajo la mira es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, de quien depende el programa Potenciar Trabajo.

El referente del Movimiento Evita y Tolosa Paz fueron denunciados por el fiscal federal Guillermo Marijuan por los supuestos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales por no haber dado de baja a 253.184 titulares del programa Potenciar Trabajo por las incompatibilidades que detectó la AFIP.

Tal como publicó de manera exclusiva este medio, el organismo a cargo de Carlos Castagneto determinó que entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo había, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios:

- 44.235 que recibieron ingresos mayores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.

- 52.987 que son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 que registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 que pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

- 63.211 que registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.

- 253.184 que presentaron declaración jurada de bienes personales.

- 8.019 que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros

- 209 que poseen medicina prepaga o cobertura social

- 35.398 que percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

- 39.874 que son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 que perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

El informe con esos datos fue ratificado por el propio Castagneto ante el fiscal Marijuán. Lijo es el magistrado que investiga esa denuncia.

En su momento, desde el Juzgado Federal N°4 aclararon que: “Nadie va a perseguir a los pobres que reciben un plan social por pagar dos, tres, cinco dólares con tarjeta de crédito por un abono de Netflix o Spotify; o porque compraron una moto para delivery”. Y agregaron: “Se va a investigar a los intermediarios, sean punteros, funcionarios o dirigentes, que no le hacen llegar la plata del Estado a los más necesitados”.

Es decir que, como con las bajas que ahora sí dio Tolosa Paz por no validar su identidad, la lupa estará puesta en corroborar cómo se accedió al beneficio y si quienes lo cobraban eran los titulares o no de la tarjeta.

En el propio Ministerio de Tolosa Paz hay denuncias -la mayoría anónimas- que aseguran que hay cientos de planes que estarían asignados a personas que cumplían con los requisitos para acceder al programa, pero intermediarios, posiblemente los mismos que los inscribieron, les retenían las tarjetas para cobrar el beneficio, esto es la mitad de un salario mínimo, vital y móvil.

La información que Lijo le demandó a Tolosa Paz puede abrir una caja de Pandora que podría incluir nombres vinculados al Frente de Todos y no solo a los piqueteros, como se hace trascender desde la cartera social, un hecho que preocupa al Gobierno de cara a las elecciones presidenciales y antes, a la propia interna del oficialismo.