De ANÁLISIS
El abogado defensor Germán Coronel y los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, ofrecieron un acuerdo de suspensión de juicio a prueba para la imputada Carina Zapata, en el marco de la investigación por presuntos sobreprecios en cuadras de asfalto del municipio de Seguí. Fue este miércoles al mediodía, en una audiencia ante el juez de Garantías de la causa, Ricardo Bonazzola. La decisión del magistrado no se comunicó todavía.
Zapata y su abogado se presentaron espontáneamente en junio pasado, en una audiencia para otorgar la probation a los empresarios Néstor Iván Szczech, Daniel y Néstor Hereñú, y el ingeniero de OIC SA Hernán Barrera. En esa instancia, el juez Bonazzola ordenó que se fije una nueva fecha para la solicitud de la mujer que fue contratada de la municipalidad de Seguí. Y eso ocurrió este miércoles.
El abogado Coronel aclaró al juez las condiciones acordadas para la suspensión del juicio a prueba. Dijo que su pupila pagará 100 mil pesos en cinco cuotas de 20 mil, a favor del hospital público de Seguí durante 2 años. Además, en ese mismo plazo se comprometió a no aceptar nuevas designaciones en cargos de función pública. Actualmente, Zapata es planta permanente de la Municipalidad de San Benito, donde se desempeña controlando planos, según dijo este miércoles al juez.
El fiscal Bongiovanni, en representación del Ministerio Público Fiscal, dio el consentimiento sobre el ofrecimiento de la defensa y remarcó el tiempo que lleva la causa. En efecto, empezó en 2016 y está abierta hace seis años. “Entendemos que esta es la mejor solución procesal. Zapata no tiene antecedentes penales y están dados las condiciones”, sostuvo.
En la investigación que comenzó en 2016, además de Treppo y Zapata está imputado el excontador de la Municipalidad de Seguí, Darío Monzón. Se investiga si existió peculado en la concreción de 16 cuadras de asfalto en Seguí, en el marco del plan Más Cerca del Ministerio de Planeamiento Federal, bajo la conducción de Julio De Vido.
Por la obra, se pagaron 20,6 millones de pesos de recursos nacionales, transferidos al gobierno local que otorgó la obra a la empresa OIC SA.
Según los fiscales, en enero de 2015, durante la gestión de Treppo como intendente de Seguí -actualmente es titular de la Unidad Ejecutora Provincial-, se realizaron las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López -quien luego fue sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento-, para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto en Seguí.
Los trámites culminaron con la firma de un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de De Vido. El acuerdo incluyó la transferencia de 20,6 millones de pesos de recursos nacionales al municipio y contó con la asesoría de Zapata, que es ingeniera en construcciones, fue contratada por el gobierno municipal y operó como responsable técnica de la obra.
A partir de ello, los investigadores sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios, acordó “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.
Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, los fiscales entienden que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
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