De ANÁLISIS
Habrá una audiencia para pedir la suspensión de juicio a prueba en beneficio de Carina Zapata, en el marco de la causa por supuestos sobreprecios en el asfalto de Seguí, que tiene como principal imputado al exintendente Cristina Treppo.
La instancia se desarrollará este miércoles y participarán los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani por un lado y el defensor de Zapata, el abogado Germán Coronel por otro, supo ANÁLISIS.
El defensor se presentó espontáneamente en una audiencia el 16 de junio pasado, cuando las partes acordaron la suspensión de juicio a prueba para los empresarios Néstor Iván Szczech; Daniel y Néstor Hereñú y Hernán Barrera en el marco de la misma causa. En ese momento, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola dispuso que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije una fecha para discutir la solicitud de la imputada Zapata.
En la investigación que comenzó en 2016, además de Treppo y Zapata está imputado el excontador de la Municipalidad de Seguí, Darío Monzón. Se investiga si existió peculado en la concreción de 16 cuadras de asfalto en Seguí, en el marco del plan Más Cerca del Ministerio de Planeamiento Federal, bajo la conducción de Julio De Vido.
Por la obra, se pagaron 20,6 millones de pesos de recursos nacionales, transferidos al gobierno local que otorgó la obra a la empresa OIC SA.
Según los fiscales, en enero de 2015, durante la gestión de Treppo como intendente de Seguí -actualmente es titular de la Unidad Ejecutora Provincial-, se realizaron las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López -quien luego fue sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento-, para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto en Seguí.
Los trámites culminaron con la firma de un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de De Vido. El acuerdo incluyó la transferencia de 20,6 millones de pesos de recursos nacionales al municipio y contó con la asesoría de Zapata, que es ingeniera en construcciones, fue contratada por el gobierno municipal y operó como responsable técnica de la obra.
A partir de ello, los investigadores sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios, acordó “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.
Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, los fiscales entienden que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
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