Ilarraz fue condenado en 2018, pero obtuvo un recurso para llegar a la Corte. (Foto archivo: ANÁLISIS)
Este lunes la Corte Suprema de Justicia de la Nación corrió vista a la Procuración General para que emita dictamen sobre la causa contra Justo José Ilarraz, en el marco del recurso extraordinario federal concedido por el Superior Tribunal de Justicia a la defensa del cura en septiembre del año pasado.
Cabe recordar que la defensa de Ilarraz, ejercida por Jorge Muñoz, había presentado un recurso contra la anterior sentencia de Sala Penal del STJ, de marzo del año pasado, por la que había rechazado la impugnación extraordinaria y confirmado la sentencia de Casación que revalidó la condena a 25 años de prisión por Corrupción agravada de menores y abuso deshonesto agravado. Por este recurso aún pendiente de resolución en la Corte es que la condena no está firme. Ahora, tuvo un avance en el Máximo Tribunal judicial del país, supo ANÁLISIS.
En septiembre de 2020, la Sala Penal -con el primer voto de Bernardo Salduna al que adhirió Susana Medina, mientras que Juan Ramón Smaldone se abstuvo- sostuvo: “Advierto que ante los agravios del impugnante, el caso que nos convoca implica un supuesto de gravedad institucional que habilitaría el conocimiento del Máximo Tribunal de la Nación; ello, sin perjuicio y por encima de los aspectos y purismos formales de la vía recursiva”.
“En estas actuaciones se ventilan los delitos de promoción a la corrupción de menores y abuso deshonesto, ambas tipologías penales agravadas por ser el encartado la persona encargada de la educación de las presuntas víctimas. Pero, amén de la gravedad de esas conductas, se encuentra en juego el instituto de la prescripción de la acción penal”, agregó el vocal Salduna.
El cura Justo José Ilarraz fue condenado en mayo de 2018 a 25 años de prisión por Promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado. Las violaciones se cometieron contra jóvenes del Seminario Menor de Paraná, donde Ilarraz era una especie de guía o guardador espiritual, entre 1985 y 1993. La causa se abrió en 2012, tras la investigación periodística de la Revista ANÁLISIS.
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