El ingeniero Juan Pablo Solari, imputado por haber presuntamente integrado una banda dedicada al narcotráfico en Concordia, finalmente podrá reencontrarse con sus dos hijos menores de edad, a quienes no ve desde el 8 de junio de 2019, y con su esposa, Gabriela Francia.

¿Por qué razón la jueza Mariela Emilce Rojas concedió a Solari el beneficio de la prisión “domiciliaria”? De la lectura de la sentencia, emerge con claridad que la magistrada resolvió en base “al interés superior del niño”, un principio del derecho hoy universalmente reconocido.

En efecto, la jueza aludió a “las múltiples normas de derecho internacional y de derecho interno en las que se alude al interés superior del niño y a la importancia de la relación con sus progenitores”.

No es casual que, a renglón seguido, la jueza Rojas cite varios párrafos de una “emotiva” carta manuscrita que Solari envió desde su celda en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú. Es evidente que la misiva impactó en la magistrada, publicó el portal El Entre Ríos.

“Si bien sus hijos menores se encuentran al resguardo de su madre (que también está detenida preventivamente, pero en su casa), resultan evidentes las dificultades que ha atravesado el núcleo familiar desde la detención del procesado Solari, más aún, teniendo en cuenta que éste no ha podido tener contacto con sus hijos desde que se encuentra detenido”, señaló la jueza. Y agregó: “A ello debe adunarse que de las constancias de la causa y de lo expresado por el propio imputado, surge que, en caso de concederse el beneficio, por sus títulos académicos, podría colaborar a la economía familiar dando clases desde su domicilio o realizando tareas relacionadas a los cursos que ha tomado dentro de la Unidad Penal”.

La carta

La resolución de la jueza está acompañada de una copia de la carta que Juan Pablo Solari escribió, en un nuevo intento por convencer a la Justicia de que debía ser autorizado a regresar a su hogar, a la espera de que finalmente se lleve a cabo el juicio que dictaminará acerca de su culpabilidad o inocencia.

La causa judicial que pesa sobre Solari y su esposa, Gabriela Francia, e involucra a una veintena de personas, ha sido elevada a juicio.

Del cotejo del requerimiento fiscal de elevación a juicio surge que Juan Pablo Solari y su pareja han sido señalados como “…quienes se encargaban de resguardar los valores en efectivo que se obtenían como consecuencia de las actividades ilícitas de la organización, principalmente a Néstor Francia Brun y a Diego Armando Trinidad, posibilitando así que subsista su funcionamiento. A espaldas de los demás integrantes, ellos constituyeron varios plazos fijos con alrededor de tres millones de pesos, según surge de las tareas investigativas agregadas al expediente. Tales operaciones se habían realizado en los Bancos de Entre Ríos, Galicia y Nación Argentina…”.

La jueza Rojas valoró que la imputación contra ambos es de tal calibre como para haber justificado la prisión preventiva efectiva, pero de inmediato optó por darle prioridad al derecho de los hijos de Solari a reencontrarse con su papá.

En la carta manuscrita que el docente e ingeniero le envió a la magistrada, hay párrafos cargados de emotividad. Por ejemplo, allí donde Solari le dice: “Estoy pasando por un momento emocional muy complicado. No le hablo como un expediente más. Lo hago desde el lugar más vulnerable y humano que tengo, mi título más importante, mi fortuna más grande. Le hablo como papá de dos menores de 11 y 15 años que desde el día en que fui arrestado (8 de junio de 2019), no los pude ver más”.

Más adelante, tras contar que su familia “está subsistiendo por ayudas sociales (AUH)”, le pide a la jueza “la posibilidad de un arresto domiciliario para trabajar como docente, que es a lo que me dedico, actividad que se puede realizar desde la casa y a distancia, pudiendo de esta manera generar algunos ingresos para mi familia”.

En su parte resolutiva, la sentencia ordena “Conceder el beneficio de prisión domiciliaria al procesado Juan Pablo Solari en el domicilio de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, bajo vigilancia electrónica”.

Un caso con impacto político

Gabriela Francia y su esposo fueron apresados por la Policía Federal 24 horas antes del acto eleccionario del 9 de junio de 2019.

El impacto de la noticia fue proporcional al protagonismo de ambos y a sus vinculaciones con la política.

Ella era contratada por la Municipalidad de Concordia para la organización de eventos, empleada del INAUBEPRO (Instituto Becario de Entre Ríos) y colaboradora de la Fundación CONASED, una entidad de acción social creada por la familia de Enrique Cresto. Él, docente en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además de asesor de reconocidas empresas de la zona.