De ANÁLISIS

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, aceptó el acuerdo entre Fiscalía, querella y defensores para suspender el juicio a prueba a los tres agresores del ex intendente Sergio Varisco.

La decisión se hizo operativa este martes por la mañana, en una audiencia de la cual participaron Juan Ignacio Musuruana, Claudio Javier Godoy y Verónica Julieta Gauna, quienes pidieron disculpas a Sergio Varisco por haberlo agredido el 1 de octubre de 2019. Los tres individuos lo esperaron en la puerta de la casa familiar ubicada en calle Pellegrini de Paraná, a la salida de la jornada laboral. Lo golpearon y amenazaron. Producto de la agresión, Varisco cayó al piso y sufrió fractura de cadera.

Musuruana, Gauna y Godoy habían estado unas horas antes en el edificio municipal. Habían participado de una reunión con otras personas no identificadas y el propio ex intendente, a quien le pidieron trabajo. Como no consiguieron una respuesta positiva a su reclamo, cerca de las 15 lo esperaron en la vereda de la casa familiar.  

–¿Vos no me vas a dar laburo? Te termino de matar, tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo ¿Querés un médico? Te voy a matar –amenazó Musuruana, mientras Varisco esperaba una ambulancia en el piso.

El ataque ocurrió en medio de un contexto en el cual el gobierno de Varisco era señalado públicamente por los vínculos con el narcotráfico. De hecho en septiembre de ese año -apenas unas semanas antes del ataque que sufrió el ex jefe comunal del radicalismo-, había comenzado a desarrollarse en el Tribunal Oral Federal de Paraná el juicio oral por las causas conocidas como “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”. Pese a que en ese momento se intentó vincular la agresión al ex intendente con el narcotráfico, rápidamente se supo que el episodio violento no tuvo relación con las causas en el fuero federal. El ataque respondió sencillamente a promesas incumplidas de campaña.

Probation

En la audiencia de este martes, la juez Barbagelata convalidó el acuerdo entre las partes para suspender el juicio a prueba contra los tres agresores. Varisco aceptó las disculpas públicas que pidieron Musuruana, Gauna y Godoy -ninguno de ellos con antecedentes penales-.

De la instancia participó la fiscal Natalia Taffarel; el querellante Miguel Cullen; y los defensores Javier Aiani y Humberto Franchi que asistieron a Gauna y Godoy -quienes son pareja-; y la defensora oficial Fernanda Álvarez que asistió a Musuruana. Rubén Pagliotto, abogado también de Varisco, no pudo concurrir porque se habría contagiado de Covid19. Casualmente, la semana pasada Pagliotto se hizo cargo de la defensa del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, a quien el viernes le diagnosticaron Covid y se encuentra aislado en su domicilio de la ciudad de La Paz.

Musuruana, Godoy y Gauna, los tres del mismo barrio paranaense que militaron en una agrupación radical para la campaña de Cambiemos en 2015 en la capital provincial, se comprometieron a realizar trabajo no remunerado donde la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial lo disponga. Además, aceptaron pagarle a Varisco 1000 pesos a modo de reparación por el daño.  

“Todos los intereses de Varisco fueron atendidos. Estuvimos en contacto con las defensas. Varisco aceptó esta solución alternativa. Sería bueno que cada imputado, por su boca, pida disculpas y se muestren arrepentidos”, requirió el querellante Miguel Cullen.

La jueza Barbagelata advirtió a los imputados: “La suspensión de juicio a prueba o probation implica la interrupción del proceso penal. Para eso los imputados se someten a prueba y, si atraviesan satisfactoriamente la prueba encomendada, la causa se cierra definitivamente con extinción de acción penal por lo cual los imputados son sobreseídos. Si incumplen, se revoca la suspensión del juicio a prueba. Si la razón de la suspensión fuera la comisión de un delito, la pena que pudiera caer por este hecho no podría ser de ejecución condicional, más allá que sea una pena corta”.

De ese modo, a Musuruana se le encomendó mantener el domicilio actual. Se le pidió presentarse dentro de los próximos 5 días o contactarse con la Oficina de Medidas Alternativas en ese plazo. Se le encargó también la realizaron de 288 horas de trabajos comunitarios no remunerados; y acreditar el pago de 1000 pesos a modo de reparación económica a Varisco.

A Claudio Javier Godoy y Verónica Julieta Gauna, a quienes les correspondería una pena de 1 año, se les pidió mantener el domicilio actual. Se les ordenó presentarse en la Oficina de Medidas Alternativas en un plazo de 5 días hábiles o contactarse y presentarse cada vez que sean requeridos. Se les encomendó realizar 96 horas de trabajo no remunerado, y acreditar el pago de 1000 pesos en favor de Varisco.

“Me dirijo al ex intendente pidiendo disculpas, de corazón le pido mil disculpas y que tenga buen pasar”, sostuvo Musuruana al finalizar la audieancia. Gauna y Godoy se expresaron en términos similares.