La Cámara Federal porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. Se trata de la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, a raíz de las apelaciones de las defensas. Ahora el juez federal Julian Ercolini, que subroga el juzgado federal 6, deberá decidir si los llama nuevamente para ampliarles las declaraciones indagatorias -con toda la prueba a la vista- o si resuelve directamente las situaciones procesales de los ex funcionarios con los descargos hechos por los acusados ante Canicoba Corral, explicaron a Infobae fuentes judiciales.

La Cámara Federal explicó que se decidió anular los procesamientos porque cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente. Aunque no estaba bajo secreto, a los acusados se les enumeró “como prueba de cargo la documentación reservada de la causa” entre los cuales doce paquetes con actuaciones del Ministerio de Transporte, de Hacienda, de Vialidad, de la SIGEN, de la Procuración del Tesoro, de la Inspección General de Justicia, de la Comisión Nacional de Valores, secuestros de allanamientos, que las defensas no pudieron cotejar.

“Pese a que sus asistentes técnicos lo requirieron en múltiples oportunidades desde que los encartados fueron citados a declarar el 30 de junio de 2020, ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de esos elementos que se les enunciaron. Ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias; superado ello, invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión- era dificultosa y llevaría tiempo”, explicó el fallo.

En esas condiciones, sostuvo la Cámara Federal, se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Los camaristas invocaron jurisprudencia de la dos Salas de la Cámara que, ante situaciones iguales, imponía la nulidad del procesamiento. “Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”, dijeron.

El fallo no anula las indagatorias, pero deja abierta la puerta para que Ercolini los convoque nuevamente. En el expediente están pendientes las indagatorias ordenadas de Andrés Alfonso Barberis Martín, de la empresa Abertis, y a Ricardo José Stoddart, ex director de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.

La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”. El expediente se abrió por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes afirmaron que el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder, la firma Abertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda, dijeron, fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.

Al intervenir en la causa, Canicoba Corral sostuvo que existió “un complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un Acuerdo de Renegociación que a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma SIDECO AMERICANA S.A. en la que el Presidente Macri y su familia tenían acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban”.

Y agregó: “Para estos fines, los funcionarios de mayor rango, que fueron indagados, se ocuparon de nombrar a personas de su confianza o personas que por su conveniencia aceptaran estas reglas (aunque dejaran de lado los intereses que debían resguardar) y apartaron de sus cargos a los que no acompañaran estas operaciones”.

El fallo de Canicoba decía que “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.

Los exfuncionarios fueron a indagatorias en medio de protestas y sabiéndose procesados. Aseguraron que no pudieron ver toda la prueba del expediente, algo que se complicó por la pandemia. Pero además intentaron, en vano, recusar a Canicoba Corral. Es que el juez había anunciado su renuncia por cumplir 75 años diciendo que durante el gobierno de Cambiemos había sido “hostigado” para que renunciara.

En ese momento, el juez Irurzun respaldó la continuidad de Canicoba y aseguró que “cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia -y declarar públicamente sobre ello-, es ajena a este ámbito judicial". Y citó jurisprudencia similar en donde se les habían rechazado planteos de recusación solicitados por ex funcionarios kirchneristas como Oscar Parrilli y Héctor Timerman, en la causa Memorándum.