A mediados de diciembre la legislatura chubutense aprobó la ley de zonificación minera, que permitía que se haga minería en determinados sectores del territorio. Se lograron los votos en un marco de protestas que derivaron en represión, enfrentamientos y múltiples pronunciamientos tanto desde el ámbito político como de diferentes sectores y actores sociales. Seis días después, la normativa fue derogada. De un lado, la estabilidad macroeconómica que puede aportar la exportación de minerales; del otro, los riesgos que implica no acceder al agua.

"En términos ambientales es bastante complicado el tema para validar una decisión de este tipo con cero consulta a la ciudadanía", dice Valeria Berros, investigadora de Conicet, especialista en derecho ambiental y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Sobre el proceso de aprobación de la ley de zonificación minera Berros explica que "fue en una sesión que además aprueba otras cuestiones vinculadas con las medidas cautelares, la Ley de amparo e incluso nombra algunos jueces del Supremo Tribunal. Entonces hay quienes entienden que es una especie de combo explosivo que se estaba dando en relación no sólo a la minería, sino también a ciertas garantías que hacen más difíciles eventuales reclamos por las consecuencias que pueden generarse por este tipo de actividad".

Esta forma de proceder va en contra del Acuerdo de Escazú, un pacto entre países de América Latina y el Caribe, que fue ratificado por Argentina. Se trata de un convenio sobre cuatro temas: acceso a la justicia, acceso a la información, participación ciudadana o participación del público en la toma de decisiones y  protección de los  y las defensoras ambientales. Sobre esto, Berros explica que "justamente, no se está cumplimentando ninguno de estos ejes que hoy por hoy son muy importantes dentro de la agenda del derecho ambiental. Este conflicto vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que la toma de decisiones sea participativa y no que sea a espalda de las personas que van a tener que convivir con las consecuencias de esta decisión". Se está viendo con bastante claridad que cuando las decisiones se toman así ya no hay margen social para aceptarlas. En el caso de Chubut fue rapidísimo, estamos hablando de días".

El derecho ambiental tiene un principio que se llama de No Regresión que en simples términos sostiene que cuando se llega a un determinado nivel de protección del ambiente no se puede volver atrás. "Que es lo que suele pasar sobre todo cuando hay crisis económica. Este principio se generó a partir de la crisis global de 2010, durante la cual muchos países retrocedieron en el alcance de sus normas ambientales para hacer más laxos algunos controles. Este principio argumenta que hay un legado con este tipo de decisiones, las generaciones presentes están lesionando para las generaciones futuras, por esto no se puede retroceder, sino más bien lo que se tiene que hacer es ir ampliando los niveles de protección", explica Berros.

¿Cómo queremos vivir?

Nuestro país presenta conflictos ambientales en numerosos sectores, no sólo en la Patagonia. "Se trata de un rol de explotación de recursos naturales que siempre tuvo lugar en América Latina. Se lo suele presentar como extractivismo y viene de la mano, generalmente, de empresas internacionales que van haciendo sus inversiones en los países donde quedan recursos. Van presionando bastante para lograr, por ejemplo, normas como la de Chubut" señala Berros. "Este tipo de reacciones y movilizaciones sociales se dan sobre una pregunta muy sencilla, que es ¿cómo queremos vivir? Una pregunta fácil de construir y difícil de responder que robustece la democracia y la necesidad de buscar espacios para tomar decisiones participativas para responder a esa pregunta".

En el caso de Chubut, los principales argumentos no tienen que ver sólo con la protección del territorio sino también con la protección del agua como recurso: "Entran en disputa el derecho humano al acceso al agua potable y sana y su uso para la minería", sostiene la investigadora.

Ellas, al frente

La cuestión ambiental y la tutela de la naturaleza no son temas que están sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Hay personas que toman esta lucha como propia y hasta ponen en riesgo su supervivencia. Se trata de los y las defensoras ambientales. Berros pone como ejemplo el caso de la hondureña Berta Cáceres: "Ella se oponía a la construcción de una represa que iba a alterar un río. Entraron a la casa y la mataron". El 70% de casos de asesinatos de activistas de este tipo se da en América Latina.

Cuando hablamos de defensores ambientales, hablamos por lo general de mujeres. "Si una se pone a ver problemas ambientales en nuestra zona, las personas que han empezado a generar la mayor cantidad de visibilidad del tema de los agrotóxicos suelen ser mujeres" coincide Berros. "Cuando se dan las sentencias judiciales, se presentan los casos 'Mendoza contra la provincia de Buenos Aires' -se refiere a uno de los casos más importantes que tuvo la corte argentina que es por la contaminación del Riachuelo-. Pero cuando ves la letra chica de la carátula es Beatriz. Me fui dando cuenta que buena parte de los casos que son realmente complicados son mujeres las actoras".

En nuestra región, "las primeras que hicieron una denuncia muy grave sobre agrotóxicos fueron las Madres del barrio Ituzaingó, en Córdoba. Otro caso muy grande fue el de las maestras rurales en Entre Ríos, con una causa judicial que impidió fumigar en todas las escuelas rurales. Esas escuelas son ocupadas en su mayoría por mujeres, maestras rurales que lideran la lucha". Berros señala que "muchas tienen que ver con mujeres y tareas de cuidado. Muchas tienen niñes pequeños y se empiezan a preocupar y a juntarse con otras mujeres en igual situación, porque sus niños tienen problemas para respirar, enfermedades dermatológicas, vinculadas a los agrotóxicos. Siempre están ahí".

Finalmente, Valeria Berros reflexiona sobre estas actoras: "Falta todavía conocer un poco más en profundidad el rol que tienen las mujeres en las luchas por el ambiente, porque es llamativo que son siempre las que están en primera línea. Algunos investigadores e investigadoras están empezando a hacer vínculos también con otro tipo de luchas, como ha sido el de las Madres y Abuelas".

(Periodicas.com.ar)